En un emotivo y significativo acto, el sábado pasado se celebró el matrimonio de una pareja de personas sordas en la oficina del Registro Civil de Ciudad del Este, en el Departamento de Alto Paraná. La ceremonia, marcada por la inclusión y la alegría, contó con la presencia de un intérprete de lengua de señas, lo que permitió que los novios se comunicaran sin barreras durante la celebración.

Los contrayentes, Reinaldo Isaías Meza Gómez y Lourdes Karina Álvarez Riveros, intercambiaron sus votos de amor mutuo gracias a la asistencia de Ezequiel Gabriel Acosta Saldívar, un intérprete certificado en lenguaje de señas.

Según el abogado Édgar Fernández, quien dirigió la ceremonia en la oficina 504 del Registro Civil, este matrimonio es el primero celebrado en esa sede en más de 18 años.

Lea: VIDEO| Mujeres se agarran a golpes en plena calle en Concepción

La ceremonia civil se desarrolló sin inconvenientes, destacando el respeto a la diversidad, con el lenguaje de señas como medio principal de comunicación. Fernández aprovechó la ocasión para instar a los recién casados a mantener valores como el respeto, la tolerancia y la fe, esenciales para construir un hogar sólido. Además, subrayó que el matrimonio es el pilar fundamental de la familia y la sociedad.

Al finalizar la lectura y firma del acta matrimonial, Fernández declaró oficialmente a Reinaldo y Lourdes como esposo y esposa, en un ambiente lleno de emoción y felicidad entre los presentes. Este acto se convirtió en un símbolo de inclusión y amor, demostrando que el verdadero compromiso no conoce barreras.

Con este matrimonio civil, se celebra no solo el amor entre dos personas, sino también un avance en la inclusión de personas con discapacidad en la sociedad, marcando un hito en la historia del Registro Civil de Ciudad del Este.

La causa está a cargo de los fiscales Yeimy Adle Monges, María Verónica Valdez y Silvio I. Corbeta Dinamarca, quienes sostienen que la administración municipal operó al margen de las normativas vigentes para direccionar fondos públicos.

Según la investigación fiscal, se detectó una estructura montada para eludir los mecanismos de control previstos en la Ley de Contrataciones Públicas. A través del Consejo Local de Salud, el esquema habría administrado de manera irregular más de G. 11.200 millones que debían destinarse a obras de infraestructura y mejoras operativas en el Hospital Regional de Ciudad del Este.

Entre las irregularidades documentadas por la fiscalía se confirmó un perjuicio patrimonial inicial de G. 757 millones, correspondiente a obras que no fueron ejecutadas o que presentaron costos sensiblemente sobrevalorados.

Las pesquisas revelaron un patrón constante de contrataciones direccionadas hacia empresas de fachada o firmas que carecían de la capacidad técnica mínima para llevar a cabo los trabajos adjudicados.

Uno de los hallazgos más relevantes en la acusación demuestra que una de las empresas beneficiadas con millonarios anticipos financieros operaba, en la práctica, como el estudio contable particular de una funcionaria de la propia municipalidad.

El caso pasa ahora a manos del Juzgado Penal de Garantías, que deberá fijar la fecha para la audiencia preliminar donde se resolverá si la causa se eleva a la etapa de juzgamiento público.

El avance en el esquema de fundaciones dentro del denominado Tramo 11 permitió habilitar de forma progresiva el montaje de la infraestructura superior.

Hasta la fecha, el frente de obra registra la ejecución acumulada de 100 pilotes, 57 encepados, 44 pilas y 11 dinteles distribuidos a lo largo del trayecto. Cada uno de estos pilotes cumple la función de transferir la carga de la plataforma elevada hacia los estratos más resistentes del suelo, mediante un proceso especializado que abarca la preparación del terreno, la perforación, el armado de estructuras de acero y el vertido de hormigón.

A pesar de ser elementos que permanecerán ocultos bajo la superficie, estas bases resultan críticas para garantizar la estabilidad, capacidad estructural y vida útil del viaducto. El desarrollo de las tareas mantiene protocolos de control técnico estricto y ensayos continuos, ajustados a las exigencias del Manual de Carreteras y las normativas viales vigentes.

Una vez finalizada, la autopista elevada dispondrá de dos calzadas con dos carriles por sentido, estableciendo una conexión directa entre las avenidas Ñu Guasú y Silvio Pettirossi con la ruta PY02, además de facilitar los accesos hacia Areguá, Ypacaraí y San Bernardino.

Esta obra, que contempla un trazado de 3,6 kilómetros e involucra una inversión total de USD 180 millones bajo la modalidad de Alianza Público-Privada (APP), busca transformar la movilidad diaria de más de 250.000 personas en uno de los corredores con mayor densidad vehicular del departamento Central.

Según detallaron los investigadores, la estructura logística desmantelada pretendía aprovechar la masiva concurrencia de personas durante las festividades locales para distribuir la droga a diversos puntos del Departamento Central.

Durante las incursiones a cinco viviendas, los agentes intervinientes confiscaron cocaína, marihuana y crack en dosis preparadas para su venta, junto con dinero en efectivo que ascendería a unos USD 1.500.000, presuntamente derivado del comercio ilícito y el lavado de activos.

Además del estupefaciente y el dinero, la comitiva policial incautó tres automóviles, entre ellos una camioneta Toyota Fortuner del año, motocicletas utilizadas para la distribución en la vía pública, armas de fuego, equipos electrónicos y dejó un inmueble bajo medida de incautación.

En una primera instancia, doce personas fueron demoradas en los lugares intervenidos; sin embargo, tras el cotejo de datos, ocho de ellas, señaladas preliminarmente como consumidoras, quedaron libres y comparecerán como testigos, mientras que cuatro presuntos integrantes directos de la banda permanecen detenidos.

Las investigaciones continúan abiertas para dar con el paradero del supuesto cabecilla de la organización criminal, quien no se encontraba en los inmuebles durante las intervenciones.