Los agentes fiscales anticorrupción Belinda Bobadilla y Francisco Cabrera presentaron acusación en contra de 19 personas, entre ellos agentes policiales y funcionarios de la exDetave, por los delitos de contrabando agravado y simple, establecido en Código Aduanero y cohecho pasivo agravado. La Fiscalía solicitó al juzgado que eleve el caso a juicio oral y publico. Los hechos se dieron entre el 21 de marzo de 2019 y 28 de abril de 2019, en general pero existen otros que tuvieron lugar tiempo antes.

Los acusados están vinculados a un esquema de pedidos de sumas de dinero (coimas) en los procesos de control de mercadería y prevención de contrabando en puestos de control a cargo de la Dirección General de Aduanas (DNA) y estarían vinculados a un esquema de corrupción liderado por el general (SR) Ramón Ernesto Benítez Amarilla, excoordinador de DETAVE, quien ya fue acusado por la Fiscalía el 2 de julio del 2020.

La acusación refiere que los involucrados dejaban pasar las mercaderías que no cumplían con las exigencias legales ya sea para su ingreso en el país como para el tránsito. En efecto, los funcionarios de la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA) solicitaban a las personas que ingresaban de manera clandestina al territorio nacional productos frutihortícolas, combustibles, electrónicos, cigarrillos, calzados, ropas, azúcar y otros; sumas de dinero a cambio de no incautar o realizar la denuncia por la introducción al país mercaderías sin cumplir con las exigencias legales. El monto recaudado variaba de acuerdo a las cantidades de los productos e incluso el tipo de producto.

El hecho involucra a 9 funcionarios del exDETAVE, 6 particulares que se desempeñaban como secretarios, así como 3 efectivos policiales, destinados a los puestos de control; además de 2 empresarios. La recaudación ilícita se hacía de manera semanal y provenía de los distintos puestos de control de Aduanas.

En el sistema de pedido y recepción de dinero por parte de los funcionarios aduaneros también tenían participación personas ajenas a la institución, con conocimiento del acusado Ramón Benítez, quienes una vez tomado el dinero lo entregaba al coordinador u otras personas asignadas por el mismo para ese fin, ya sea en su oficina, ubicada dentro del predio de los Almacenes Generales de Depósito (GICAL), ubicado en Mariano Roque Alonso, y en el mismo domicilio particular de Benítez, en Asunción.

Participación de acusados

Juan Carlos Samudio Legal, exfuncionario contratado de la DNA, fue asignado al puesto móvil de Ciudad del Este. El mismo ejercía el control en el puesto y coordinaba la liberación de mercadería y recibía recaudación de los demás puestos de control.

Hugo Mario González Ovelar, exfuncionario permanente de la DNA (agente especial investigador), cumplía funciones en el puesto de Trinidad; él mismo hacía llegar las sumas recaudadas al general Ramón Benítez en su domicilio.

Rafael Portillo era funcionario de la DNA, asignado al puesto de control en Itapúa, cumplía funciones de verificador de mercaderías ingresadas al país. En tanto, Rafael Carlos Alberto Coronel Díaz, exfuncionario contratado de la DNA, en el puesto Itá Enramada ejercía el control y coordinaba la liberación de mercadería directamente con general retirado.

Saúl Daniel Alarcón Moline, exfuncionario permanente de la DNA, asignado en el puesto Vista Alegre, realizaba el control de vehículos y paseros, coordinaba la liberación de mercadería y realizaba pedidos de sumas de dinero a los contrabandistas.

Ángel Enmanuel González Cáceres, exfuncionario permanente de la DNA, en el puesto de Tavapy, tenía la asignación de realizar el control de los vehículos con mercaderías.

Alberto Ledesma Sánchez, exfuncionario permanente de la DNA, obtuvo la información de que un hombre y un mujer estarían llegando de Panamá con dos maletas que se creía que contenían oro y el mismo le proveyó esta información a Porfirio Figueredo para que éste con su gente realizara un procedimiento de seguimiento, intercepción del vehículo y que cobrasen sumas de dinero.

Víctor Alfredo Duarte Caballero, exfuncionario permanente de la DNA, en el puesto de Chaco´i, realizaba control de vehículos y paseros y coordinaba la liberación de mercadería y hacía llegar las sumas de dinero al Gral. Ramón Benitez en su domicilio.

Ademas están involucrados y acusados por delitos relacionados al caso; Concepción Olmedo Giménez, Abel Enrique Armoa Pereira, Pedro Carlos Delvalle Marecos, Javier Arnaldo Acosta Lovera, Silvino Enrique Olmedo Giménez y Adalberto Figueredo Vázquez. Ellos no pertenencían al plantel de funcionarios de la DNA pero actuaban como secretarios de funcionarios de dicha institución. Los mismos facilitaban las recaudaciones a los funcionarios, contribuyendo al esquema.

Respecto a los agentes policiales acusados; José Isaac Lesme Mendoza, Osvaldo Zaracho Vera y Jorge Antonio Cespede Zarza, durante el periodo investigado, se encontraban comisionados a la Dirección Nacional de Aduanas, con el rol de seguridad interna. José Isaac Lesme Mendoza, en el puesto de Cruce Carolina y por una orden transportó sumas de dinero provenientes de pago por coimas e hizo entrega al Gral. Ramón Benitez, a través de su hija. Osvaldo Zaracho Vera, en el puesto de Vista Alegre, contribuyó en el retiro de un sobre de dinero. Jorge Antonio Céspede Zarza, en su calidad de custodio, tenía conocimiento de las situaciones de percepción de sumas de dinero por parte del Gral. Benitez.

Por otro lado, de acuerdo a la acusación, el comerciante Claudio Gustavo Samaniego Gómez, mantuvo comunicaciones telefónicas con Oscar Samudio, jefe del Puesto de Control de Vista Alegre, para que éste autorizara el paso de contenedores grandes y pequeños y la no retención de los vehículos con mercaderías de contrabando que eran de aquel, a cambio del pago de sumas de dinero. Fue acusado por el delito de contrabando simple.

El comerciante Luis Rodrigo Panza Vera, identificado como “Panza” en las anotaciones incautadas realizó de manera directa y personal pagos en el puesto de control Vista Alegre a un secretario de Oscar Samudio. Fue acusado por soborno agravado y contrabando simple.

A través del Viceministerio del Transporte, dependiente del MOPC, continúa la implementación de los buses eléctricos donados por Taiwán. Este proceso tiene el acompañamiento de ingenieros paraguayos egresados en la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay.

Uno de ellos es Federico Vera, ingeniero electromecánico que participa de este proyecto en sus diferentes etapas.

“Actualmente estoy trabajando en el Viceministerio de Transporte como asesor técnico en el área de electromovilidad, específicamente en el proceso de implementación del sistema, así como en el seguimiento operativo y en aspectos vinculados al mantenimiento de las unidades eléctricas”, comentó Vera.

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Por su parte, Bruno Sánchez, ingeniero electromecánico, resaltó la experiencia que está ganando con esta nueva oportunidad en la que ocupa el puesto de asistente técnico en la empresa Master Bus, fabricante de los buses eléctricos.

“Siempre quise trabajar en un ámbito donde mi trabajo no solo me retribuya personalmente, sino que también pueda aportar al progreso del país”, expresó Sánchez.

Además, el ingeniero Fernando Segovia, también egresado de la Universidad Politécnica Taiwán–Paraguay, se desempeñó como residente civil en las obras eléctricas vinculadas a la infraestructura necesaria para la operación de los buses eléctricos.

“Estar en el extranjero y conocer otras realidades permite aprender muchísimo. Es importante traer las cosas buenas que uno observa en otros países para poder aplicarlas aquí”, resaltó.

Los tres invitaron a los jóvenes a capacitarse en esta rama y, sobre todo, a aprovechar las oportunidades de estudiar en el exterior y conocer otras culturas.

El piloto guaraní ganó el Sprint de la FIA Fórmula 2 Championship en Melbourne, donde, tras la victoria, sonó el himno nacional paraguayo.

Esta es quinta victoria dentro de la categoría y la primera de este año 2026.

“¡Hasta llegar a la F1 no paramos Joshua! Felicidades por esta magistral victoria en Melbourne. Con sacrificio, trabajo y una disciplina única, dejás nuestra bandera en lo más alto y le demostrás al mundo la fuerza de este Paraguay gigante. ¡Que sea la primera de muchas!”, escribió el presidente Peña en sus redes sociales.

También lo felicitó el vicepresidente Pedro Alliana. Además, el mundo se hizo eco de la conquista paraguaya en la Fórmula 2.

Silvio Corbeta, Yeimy Adle Monges y María Verónica Valdez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, presentaron ayer viernes una imputación contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, como autor del hecho punible de lesión de confianza. El hecho también salpica a otros 10 presuntos cómplices, entre ellos, el diputado Walter García.

Según el acta de imputación, como ordenador de gastos, Prieto ocasionó a la comuna un daño económico de G. 757.166.276 entre diciembre del 2019 y agosto del 2022.

El importe se desprende de las diferencias entre lo pagado por el Consejo Local de Salud y lo efectivamente construido por las empresas constructoras SERVMAQ y M&M CONSTRUCTORA, dentro del Hospital Regional de Ciudad del Este. Esta última empresa mencionada sería de fachada y estaría vinculada a una contadora y exfuncionaria municipal, presuntamente relacionada a un operador político.

Según los hallazgos de los investigadores, a través de resoluciones firmadas en respuesta a solicitudes de la Dirección de Desarrollo Social, Prieto habría ordenado diez transferencias a favor del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este. Del total, una parte habría sido utilizada para inversión física y edilicia en obras realizadas dentro del mencionado hospital.

Las órdenes de la intendencia se emitieron sin designar un fiscalizador de obras ni contar con dictámenes que certifiquen la efectiva ejecución de los trabajos. Además, sin planificación previa y sin adecuarse a los trámites y mecanismos previstos.

A más de la Dirección de Desarrollo Social, dentro de este mismo periodo, los recursos también habrían sido solicitados por los miembros del Consejo Local de Salud, (entidad sin fines de lucro) integrado por el actual diputado García y otros dos coimputados, por medio de notas presentadas ante la Municipalidad de Ciudad del Este.

Según los documentos, el Consejo Local habría destinado a inversión física los aportes recibidos del municipio, principalmente a la realización de reiteradas refacciones en el mismo lugar, en cortos periodos de tiempo entre una y otra obra, así como remodelaciones de diferentes áreas médicas, construcción del pabellón de UTI, remodelación de pabellones de Nefrología y Traumatología, entre otros, dentro del Hospital Regional de Ciudad del Este.

Los fiscales señalan que, tanto la Municipalidad de Ciudad del Este y el Consejo Local de Salud, como entidad beneficiada, debieron regirse por los procedimientos y mecanismos de control, que son más rigurosos cuando se trata de inversión física.

Se solicitó medidas alternativas a la prisión para los imputados y el desafuero del iputado Walter García.