Los agentes fiscales anticorrupción Belinda Bobadilla y Francisco Cabrera presentaron acusación en contra de 19 personas, entre ellos agentes policiales y funcionarios de la exDetave, por los delitos de contrabando agravado y simple, establecido en Código Aduanero y cohecho pasivo agravado. La Fiscalía solicitó al juzgado que eleve el caso a juicio oral y publico. Los hechos se dieron entre el 21 de marzo de 2019 y 28 de abril de 2019, en general pero existen otros que tuvieron lugar tiempo antes.

Los acusados están vinculados a un esquema de pedidos de sumas de dinero (coimas) en los procesos de control de mercadería y prevención de contrabando en puestos de control a cargo de la Dirección General de Aduanas (DNA) y estarían vinculados a un esquema de corrupción liderado por el general (SR) Ramón Ernesto Benítez Amarilla, excoordinador de DETAVE, quien ya fue acusado por la Fiscalía el 2 de julio del 2020.

La acusación refiere que los involucrados dejaban pasar las mercaderías que no cumplían con las exigencias legales ya sea para su ingreso en el país como para el tránsito. En efecto, los funcionarios de la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA) solicitaban a las personas que ingresaban de manera clandestina al territorio nacional productos frutihortícolas, combustibles, electrónicos, cigarrillos, calzados, ropas, azúcar y otros; sumas de dinero a cambio de no incautar o realizar la denuncia por la introducción al país mercaderías sin cumplir con las exigencias legales. El monto recaudado variaba de acuerdo a las cantidades de los productos e incluso el tipo de producto.

El hecho involucra a 9 funcionarios del exDETAVE, 6 particulares que se desempeñaban como secretarios, así como 3 efectivos policiales, destinados a los puestos de control; además de 2 empresarios. La recaudación ilícita se hacía de manera semanal y provenía de los distintos puestos de control de Aduanas.

En el sistema de pedido y recepción de dinero por parte de los funcionarios aduaneros también tenían participación personas ajenas a la institución, con conocimiento del acusado Ramón Benítez, quienes una vez tomado el dinero lo entregaba al coordinador u otras personas asignadas por el mismo para ese fin, ya sea en su oficina, ubicada dentro del predio de los Almacenes Generales de Depósito (GICAL), ubicado en Mariano Roque Alonso, y en el mismo domicilio particular de Benítez, en Asunción.

Participación de acusados

Juan Carlos Samudio Legal, exfuncionario contratado de la DNA, fue asignado al puesto móvil de Ciudad del Este. El mismo ejercía el control en el puesto y coordinaba la liberación de mercadería y recibía recaudación de los demás puestos de control.

Hugo Mario González Ovelar, exfuncionario permanente de la DNA (agente especial investigador), cumplía funciones en el puesto de Trinidad; él mismo hacía llegar las sumas recaudadas al general Ramón Benítez en su domicilio.

Rafael Portillo era funcionario de la DNA, asignado al puesto de control en Itapúa, cumplía funciones de verificador de mercaderías ingresadas al país. En tanto, Rafael Carlos Alberto Coronel Díaz, exfuncionario contratado de la DNA, en el puesto Itá Enramada ejercía el control y coordinaba la liberación de mercadería directamente con general retirado.

Saúl Daniel Alarcón Moline, exfuncionario permanente de la DNA, asignado en el puesto Vista Alegre, realizaba el control de vehículos y paseros, coordinaba la liberación de mercadería y realizaba pedidos de sumas de dinero a los contrabandistas.

Ángel Enmanuel González Cáceres, exfuncionario permanente de la DNA, en el puesto de Tavapy, tenía la asignación de realizar el control de los vehículos con mercaderías.

Alberto Ledesma Sánchez, exfuncionario permanente de la DNA, obtuvo la información de que un hombre y un mujer estarían llegando de Panamá con dos maletas que se creía que contenían oro y el mismo le proveyó esta información a Porfirio Figueredo para que éste con su gente realizara un procedimiento de seguimiento, intercepción del vehículo y que cobrasen sumas de dinero.

Víctor Alfredo Duarte Caballero, exfuncionario permanente de la DNA, en el puesto de Chaco´i, realizaba control de vehículos y paseros y coordinaba la liberación de mercadería y hacía llegar las sumas de dinero al Gral. Ramón Benitez en su domicilio.

Ademas están involucrados y acusados por delitos relacionados al caso; Concepción Olmedo Giménez, Abel Enrique Armoa Pereira, Pedro Carlos Delvalle Marecos, Javier Arnaldo Acosta Lovera, Silvino Enrique Olmedo Giménez y Adalberto Figueredo Vázquez. Ellos no pertenencían al plantel de funcionarios de la DNA pero actuaban como secretarios de funcionarios de dicha institución. Los mismos facilitaban las recaudaciones a los funcionarios, contribuyendo al esquema.

Respecto a los agentes policiales acusados; José Isaac Lesme Mendoza, Osvaldo Zaracho Vera y Jorge Antonio Cespede Zarza, durante el periodo investigado, se encontraban comisionados a la Dirección Nacional de Aduanas, con el rol de seguridad interna. José Isaac Lesme Mendoza, en el puesto de Cruce Carolina y por una orden transportó sumas de dinero provenientes de pago por coimas e hizo entrega al Gral. Ramón Benitez, a través de su hija. Osvaldo Zaracho Vera, en el puesto de Vista Alegre, contribuyó en el retiro de un sobre de dinero. Jorge Antonio Céspede Zarza, en su calidad de custodio, tenía conocimiento de las situaciones de percepción de sumas de dinero por parte del Gral. Benitez.

Por otro lado, de acuerdo a la acusación, el comerciante Claudio Gustavo Samaniego Gómez, mantuvo comunicaciones telefónicas con Oscar Samudio, jefe del Puesto de Control de Vista Alegre, para que éste autorizara el paso de contenedores grandes y pequeños y la no retención de los vehículos con mercaderías de contrabando que eran de aquel, a cambio del pago de sumas de dinero. Fue acusado por el delito de contrabando simple.

El comerciante Luis Rodrigo Panza Vera, identificado como “Panza” en las anotaciones incautadas realizó de manera directa y personal pagos en el puesto de control Vista Alegre a un secretario de Oscar Samudio. Fue acusado por soborno agravado y contrabando simple.

Según la Dirección de Meteorología, este sábado, la jornada irá de fresca a cálida; soplarán vientos del sector sureste, luego variables. La temperatura llegará a 28 °C.

Mañana, domingo, la mínima será de 22 °C y la máxima de 34 °C; el cielo estará mayormente nublado y soplarán vientos del sector noreste.

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El predominio del tiempo cálido llegará hasta el lunes con vientos del noreste y hasta 33 °C.

A partir del martes, las temperaturas comenzarán a bajar y los vientos soplarán desde el sector sur.

El acontecimiento reunió a una importante concurrencia de fieles y contó con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña, la primera dama Leticia Ocampos y destacadas autoridades nacionales, quienes acompañaron el emotivo momento junto a representantes de la Arquidiócesis de Asunción.

Durante la jornada, los presentes destacaron el valor espiritual y cultural de la obra para la comunidad, no solo asuncena, sino de todo el país.

La nueva escultura se erige en un punto estratégico de la Costanera de Asunción, concebida no solo como un hito religioso, sino también como un espacio de encuentro y veneración para los miles de ciudadanos y visitantes que transitan a diario por la zona.

El monumento de bronce de 11 metros de altura es fruto de una labor conjunta entre la reconocida artista Ingrid Seall, encargada de esculpir la figura en bronce, y el ingeniero Roque Ardissone, responsable del diseño de la base metálica sobre la cual se erige el monumento.

Con la bendición oficial de la imagen, la feligresía católica dio inicio a las celebraciones principales en honor a la patrona de Asunción reafirmando una tradición de profundo arraigo histórico en el país en la víspera del aniversario de la capital paraguaya.

La iniciativa fue impulsada por la diputada Johana Vega durante la última sesión extraordinaria. La legisladora enfatizó la necesidad de contar con datos actualizados para determinar la capacidad real de respuesta de los gobiernos locales y garantizar la protección de las comunidades más expuestas.

Entre los puntos centrales del requerimiento, se solicitó precisiones sobre las tareas de limpieza y mantenimiento en cauces hídricos, arroyos, canales, desagües pluviales y alcantarillados.

Además, se instó a los jefes municipales a identificar las zonas críticas de sus distritos y detallar los planes previstos para intervenir en caso de anegamientos y desbordes.

El pedido de informes abarca también la disponibilidad de recursos operativos, incluyendo la cantidad de personal capacitado, maquinaria pesada y presupuestos asignados exclusivamente a la gestión de emergencias. A su vez, las municipalidades deberán reportar el estado de sus albergues temporales, el funcionamiento de sus sistemas de alerta temprana y el esquema de asistencia inmediata a las familias vulnerables.

La resolución exige transparentar los mecanismos de coordinación entre las comunas, la Secretaría de Emergencia Nacional, las gobernaciones y otros organismos del Estado.

Con esta recopilación de datos, la Cámara Baja pretende detectar falencias estructurales y articular acciones legislativas o financieras que fortalezcan la gestión de riesgos a nivel municipal.