El local denominado Gunner, ubicado en la Calle Bélgica y Tte. Vera, en el barrio San Cristóbal de Asunción fue intervenido y clausurado como resultado de una investigación que lo ubica como un eslabón importante en la cadena de tráfico de armas.

Melanio Servín, titular de Dimabel, explicó que los comerciantes “utilizaban” a los militares y policías como prestanombres para hacerlos figurar como compradores de esas armas, a cambio de dinero, pero luego esas armas eran entregadas a criminales brasileños.

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Desde la segunda quincena de julio hasta la fecha, más de 100 armas han sido entregadas al crimen organizado, confirmó Medina, pero figuraban como extraviadas.

Por ley, el extravío de un arma debe denunciarse en un plazo de 24 horas a la Policía y hasta 72 horas ante la Dimabel, disposición que no se cumplió en este caso, pues pasaban hasta 20 días para emitir el reporte.

“Aproximadamente 46 militares y 55 policías estarían implicados, recibían sumas de 700 a 800.000 guaraníes. La mayoría reconoce el hecho” confirmó Medina. El caso pasa a manos del Ministerio Público para el inicio de la investigación.

La Ley N° 4036/10, reglamentada bajo esta administración, otorga a la DIMABEL la facultad de realizar procedimientos administrativos ante la presunción de violaciones a dicha legislación.

El ministro de Defensa, Óscar González, recordó que sigue vigente la prohibición de importar armas y municiones y que, con esta intervención, se deja en claro el mensaje del Gobierno contra el crimen organizado.

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Durante los primeros siete meses del año, el Estado gastó 39,6 billones de guaraníes de los 84 billones que tiene asignados para todo el 2026. Este dinero se usó principalmente para mantener funcionando los servicios más importantes del país y dar asistencia a la población que más lo necesita.

De cada 100 guaraníes gastados por el Gobierno, 65 se fueron en dos áreas principales: el pago de sueldos (36%) y el envío de dinero para ayuda social y jubilaciones (29%). Con esto se aseguró el pago mensual a profesores, médicos, enfermeros, policías y militares, además de cubrir las jubilaciones de las personas retiradas.

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El dinero disponible se repartió entre los distintos ministerios según sus necesidades más urgentes:

• Educación (MEC): Recibió el 17% del total gastado para escuelas y docentes.
• Salud Pública (MSPyBS): Usó el 15% para hospitales y atención médica.
• Obras Públicas (MOPC): Concentró el 10% para la construcción y arreglo de calles y carreteras.
• Desarrollo Social (MDS): Absorbió el 8% para los programas de ayuda a familias necesitadas.
• Interior: Utilizó el 7% para la seguridad pública y la policía.

Por otra parte, el Ministerio de Economía utilizó una gran porción de los fondos para pagar la deuda del país y enviar recursos a las municipalidades y gobernaciones de todo el territorio nacional.

AYUDAS DIRECTAS A OTROS SECTORES

Con los impuestos recaudados por el Estado se financiaron importantes programas sociales. A través del Ministerio de Desarrollo Social, se destinaron G. 1,8 billones para pagar la pensión a los adultos mayores y G. 323.000 millones para las familias beneficiarias del programa Tekoporã Mbarete.

En resumen, la mayor parte del dinero público utilizado hasta julio sirvió para mantener los servicios básicos del día a día, cumplir con el pago de salarios a los trabajadores estatales y garantizar las ayudas a los abuelos y familias vulnerables.

La Lic. Mónica Argüello, rescatista independiente, explicó a la radio 650 AM que la intención principal es no repetir las trágicas experiencias del pasado, como las inundaciones registradas en el año 2015, cuando la falta de prevención provocó que cientos de mascotas quedaran atrapadas o atadas ante el rápido ascenso de las aguas.

“Nos estamos preparando con anticipación para asistir y evacuar a los animales que queden vulnerables ante las crecidas. El objetivo es evitar que queden atados o atrapados en las zonas de mayor riesgo. Ya sufrimos esto en 2015 por falta de prevención; hoy trabajamos de manera directa para actuar antes de que el agua suba”, destacó Argüello.

El plan de contingencia se ejecuta en forma conjunta con la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, encabezada por Héctor Luis Rubín, y cuenta con el respaldo de referentes del Legislativo como la senadora Lizarella Valiente y el diputado José Rodríguez.

Las tareas de relevamiento arrancarán la próxima semana y se extenderán durante todo el mes de septiembre. Se visitará casa por casa en el Bañado Santa Ana para registrar cuántos animales habitan en cada hogar y determinar cuáles serán evacuados por sus propios dueños.

A medida que el nivel del río aumente, los brigadistas realizarán fiscalizaciones en las viviendas censadas para corroborar que ninguna mascota haya sido dejada atrás.

Las organizaciones se encuentran gestionando la cesión de un predio que servirá de albergue temporal para alojar a los animales rescatados. Una vez normalizada la situación hídrica, las mascotas volverán con sus familias, mientras que las que no tengan hogar serán puestas en adopción responsable.

“Pedimos a los dueños que no los dejen abandonados a su suerte ni amarrados ante la subida de las aguas. Las mascotas también son parte de la familia y deben ser evacuadas a tiempo para proteger sus vidas”, enfatizó Argüello.

La campaña no solicitará dinero en efectivo, sino donaciones directas de insumos básicos para sostener el refugio temporal durante la emergencia: alimentos balanceados, medicamentos e insumos veterinarios, chapas para la construcción de caniles, camitas, jaulas y transportadores.

Para quienes deseen colaborar con insumos o coordinar apoyo voluntario, la organización habilitó la línea de contacto directo con Mónica Argüello al (0983) 616 136.

La certificación permitirá al hospital recibir y formar nuevos profesionales en siete especialidades médicas, consolidándose como un espacio de formación especializada en Itapúa y aportando profesionales capacitados para distintos servicios de salud del país.

El licenciamiento fue otorgado por la Comisión Nacional de Residencias Médicas (CONAREM), luego del proceso de evaluación realizado por el Instituto Nacional de Salud (INS). Con este resultado, el HGI queda certificado como unidad formadora durante los próximos seis años.

Las especialidades licenciadas son Cirugía General, Ginecología y Obstetricia, Pediatría, Anestesia, Analgesia y Reanimación, Ortopedia y Traumatología, Medicina Interna y Medicina Familiar.

A través de estos programas, los residentes desarrollarán conocimientos y habilidades específicas durante su formación, acompañados por equipos profesionales y en contacto directo con pacientes en un hospital de alta complejidad.

Desde el Ministerio de Salud destacan que la formación de nuevos especialistas también representa una oportunidad para fortalecer la disponibilidad de profesionales capacitados en Itapúa y otras regiones del país.

Las siete especialidades cuentan además con habilitación del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), acreditación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) y aval académico de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI).

Con este primer licenciamiento, el Hospital General de Itapúa proyecta seis años de formación de especialistas desde el sur del país, fortaleciendo su doble función asistencial y académica y ampliando su aporte a la preparación de los profesionales que necesita el sistema sanitario paraguayo.