¿Que pasó con los G. 828 mil millones destinados a infraestructura hospitalaria mediante un fideicomiso con el banco del Grupo Zuccolillo? Un informe revela que obras clave, como un hospital oncológico, nunca se construyeron.

• “La caja negra”

El Instituto de Pre­visión Social (IPS) enfrenta el mayor escándalo de corrupción en su historia con el desvío de G. 828 mil millones destina­dos a infraestructura hospi­talaria durante el gobierno anterior. Los fondos, admi­nistrados a través de un fideicomiso con el banco Atlas, debían financiar obras cruciales, incluyendo un hospital oncológico que nunca se construyó. Para el desembolso, la adminis­tración de Vicente Bataglia hizo figurar que el dinero fue invertido en centros de salud del interior del país, sin embargo, un lapidario informe de auditoría con­cluyó que las obras en rea­lidad no existen.

El Departamento de Audito­ría Financiera del IPS con­cluyó su informe final de la auditoría hecha de los fon­dos administrados por el banco Atlas para la cons­trucción y reparación de hospitales, pero que se rapi­ñaron durante la adminis­tración anterior, mediante el pago por obras fantasma en varias unidades de la pre­visional ubicadas en el inte­rior del país.

“La caja negra” accedió en exclusiva al documento que consta de 448 páginas y expone la corrupción del siglo durante la administra­ción abdista. El informe final de auditoría interna A.I. n.° 58/2024 se centra en la veri­ficación in situ de la ejecución de los certificados de obras relacionados con dos licitacio­nes: la n.° 170/21 y la n.° 65/19, que abarcan la reparación, readecuación, ampliación y mantenimiento de estable­cimientos administrativos y de salud en el interior del país.

En el documento se detalla un conjunto de irregulari­dades, entre las que se des­tacan 21 hallazgos de obras fantasma casi en su totalidad y otras 16 falencias estructu­rales por proyectos inconclu­sos. Los fondos desviados se destinaron a pagos injusti­ficados, certificaciones de obras inexistentes y repara­ciones ficticias en instalacio­nes de salud en todo el país.

La auditoría concluye con 23 indicios de hechos punibles que serán remitidos al Minis­terio Público. Los hallazgos evidencian la comisión de delitos relacionados con la administración fraudulenta y la malversación de fon­dos públicos, agravados por la falta de ejecución de las obras prometidas y el desvío del dinero de los asegurados.

Parte de los trabajos en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, que tuvieron una diferencia entre lo presupuestado y ejecutado de G. 280.819.500.

HISTÓRICO DESFALCO

Los responsables de la inves­tigación informaron que tras verificar la ejecución efectiva de las obras que fueron abo­nadas con fondos del fideico­miso, observaron una dife­rencia de G. 1.690.321.642, entre los trabajos certifi­cados y los trabajos real­mente ejecutados. Estas diferencias se registraron en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, por G. 280.819.500; en el Hospital Regional de Concepción, por G. 28.268.172; en el Hospital Regional de Encarnación, por G. 42.280.580; en la Agen­cia Administrativa de Caa­guazú, por G. 24.672.948; en el Hospital Regional de Coro­nel Oviedo, por G. 17.001.163; en la Unidad Sanitaria de San Juan Bautista, por G. 341.201.022, y en la Unidad Sanitaria de San Ignacio Misiones por G. 431.367.525.

Así también se notaron dife­rencias en la Agencia Admi­nistrativa de San Juan Bau­tista, por G. 53.786.813; en la Unidad Sanitaria de Colo­nia Independencia, por G. 23.865.440; en la Agencia Administrativa de Pilar, por G. 11.953.490; en el Hos­pital Regional de Pilar, por G. 23.562.736; en el Hospi­tal Regional de Ayolas, por G. 377.581.731; en el Hospi­tal Regional de San Pedro del Ycuamandyyú, por G. 16.847.022, y en la Unidad Sanitaria de Hohenau, por G. 17.113.500.

Para estas obras, el banco Atlas autorizó los desembol­sos de los fondos sin ningún control efectivo, violando la naturaleza del contrato de fideicomiso firmado en 2017 y modificado en 2018 que debía destinarse para la construcción de hospita­les, como el Hospital Hema­to-Oncológico que quedó en la nada. Esta complici­dad permitió la malversa­ción de recursos destinados a la salud pública, afectando directamente la atención de los asegurados y jubilados del IPS.

Durante la verificación in situ, los auditores del IPS observaron zonas deterio­radas y/o inconclusas en los distintos centros asisten­ciales del interior del país, que en la práctica debían estar en óptimas condicio­nes tras el desvío del dinero que hicieron las anteriores autoridades.

Entre las irregularidades detectadas, se destacan 21 hallazgos de obras fantasma casi en su totalidad y otras 16 falencias estructurales por proyectos inconclusos

Los puestos de salud, donde supuestamente se invir­tió el dinero que no se uti­lizó para la construcción del hospital oncológico presentaban una terrorí­fica situación, con grietas, paredes con humedad, pin­turas dañadas, caños rotos y blíndex rotos que ponen en riesgo la buena atención para los asegurados.

También la auditoría observó que estos centros tenían profundas zanjas presuntamente para des­agües cloacales, falta de retiro de grandes cantida­des de escombros, techos sin reparación, filtracio­nes y goteras. Además de aberturas sin ventanas ni vidrios, falta de puertas, falta de instalaciones sani­tarias, y sectores inoperati­vos pese a que en el plano de la obra se proyecta su exis­tencia.

Esta precaria situación de las instalaciones del IPS daña la imagen de la previsional y afecta la correcta aten­ción médica a los asegura­dos, según concluyeron los auditores.

Las anteriores autoridades deben responder qué hicie­ron con el dinero que debió destinarse al hospital onco­lógico y que se hizo figurar como mejoras en otros cen­tros de salud que siguen en pésimas condiciones. ¿Qué responden a las familias de los asegurados y jubilados que murieron de cáncer sin chance que su seguro médico le cubra? La Justi­cia debe ir con todo el peso de la ley contra los respon­sables de esta criminal corrupción.

El pronóstico indica que el cielo estará mayormente nublado, con vientos del sur y precipitaciones dispersas. La temperatura llegará a 18 °C.

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Para mañana, jueves, se esperan lluvias dispersas con tormentas eléctricas ocasionales, cielo nublado a parcialmente nublado y vientos variables. La mínima será de 12 °C y la máxima de 16 °C.

El viernes, las extremas oscilarán entre 9°C y 22°C. El cielo estará escasamente nublado, soplarán vientos variables, luego del sureste.

El sábado se prevé un día frío en las primeras horas, luego cálido por la tarde, cielo escasamente nublado y vientos del sureste.

El procedimiento fue realizado este martes 18 de agosto, desde las 04:00, por funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), con apoyo de personal policial, en la zona de Coronel Oviedo.

Durante el control fue verificado un vehículo perteneciente a la empresa transportadora Alberdi Exprés, en cuyo interior se encontraban varias mercaderías.

Entre la carga fueron detectadas 74 cajas de calzados, cada una con 12 pares, además de otra caja que contenía 36 pares de calzados de distintas marcas.

En total, fueron retenidos 924 pares de calzados deportivos, que, de acuerdo con el informe de la DNIT, serían de posible procedencia brasileña.

Al momento de solicitar la documentación correspondiente, se presentó una Boleta de Levante N.º 0001425, a nombre de una ciudadana argentina. Sin embargo, según el informe, no se contaba con documentación que acreditara la importación o el libre tránsito de los calzados dentro del territorio nacional.

Posteriormente, una vez trasladado el procedimiento al predio de GICAL, se presentó Carlos Saúl González Báez, quien se identificó como propietario de la empresa transportadora.

El hombre fue informado sobre la situación de las mercaderías retenidas durante el procedimiento.

EL RESTO DE LA CARGA SÍ TENÍA DOCUMENTOS

Desde la DNIT señalaron que las demás mercaderías transportadas contaban con sus respectivas documentaciones legales.

Por este motivo, esas cargas fueron liberadas, al igual que el vehículo de la empresa transportadora.

El procedimiento culminó a las 10:46 y quedó documentado con la firma de los funcionarios intervinientes y del propietario de la empresa.

La mercadería retenida quedó sujeta al procedimiento correspondiente para determinar su situación legal y eventual ingreso irregular al país.

La mujer expuso públicamente en comunicación con la radio Universo 970/Nación Media, la crítica situación burocrática y procesal que atraviesa desde hace más de cinco años. Denunció el incumplimiento del deber alimentario por parte de su expareja, quien pese a acumular una deuda calculada en G. 131.791.000 y contar con antecedentes de rebeldía judicial, no figura en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).

El conflicto inició en el año 2016 con la firma de un acuerdo de homologación judicial en el cual se estableció una prestación mensual de G. 2.000.000 más la cobertura de un seguro médico.

Según el relato de Melgarejo, el demandado nunca cumplió con el pago del seguro ni con el monto estipulado de forma regular. Ante la falta de pago, en el año 2020 la denunciante formalizó la denuncia en la vía penal, lo que derivó en la apertura de una investigación fiscal por el incumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Durante el proceso penal, el denunciado fue declarado en rebeldía y se mantuvo prófugo de la justicia durante varios años. Pese a que en las audiencias el imputado alegaba no contar con recursos económicos para cubrir la suma adeudada, el Ministerio Público otorgó un plan de pagos a 36 meses, pero volvió a incumplir lo pactado y permaneció prófugo dos años más, hasta entregarse en febrero de este año.

Melgarejo señaló que el tercer juicio oral programado para el pasado 30 de julio volvió a ser suspendido, mientras que el hombre actualmente se desempeña en el área de gastronomía y trabaja en instituciones educativas.

La denunciante cuestionó además las barreras administrativas para lograr la inclusión del moroso en el REDAM. Tras iniciar las averiguaciones este año, Melgarejo acudió al juzgado de la niñez correspondiente para solicitar el trámite, esperando que la inscripción fuera inmediata o respetara los plazos estipulados de 72 horas. Sin embargo, denunció haber recibido un trato deficiente y exigencias que contravienen la normativa vigente.