De un total de 40 licitaciones que se realizaron con los fondos del fideicomiso, se auditaron de modo aleatorio apenas dos, cuyo resultado expone una diferencia de G. 1.690 millones, monto que hasta el momento no se puede justificar.

• “La caja negra”

Una auditoría interna del Instituto de Pre­visión Social (IPS) expone una descomunal y criminal corrupción durante la gestión de Vicente Bata­glia (era Mario Abdo Bení­tez) con los millonarios fon­dos que eran administrados a través de un fideicomiso con una entidad bancaria. El lapi­dario informe, producto de la fiscalización aleatoria de dos de las 40 licitaciones ejecu­tadas con estos fondos, con­cluye que los trabajos que se pagaron y supuestamente se hicieron, en realidad no existen.

Alicia Olazar, directora de auditoría del IPS, brindó mayores detalles de la audito­ría hecha a los fondos de fidei­comiso que fueron desviados durante la administración de Mario Abdo Benítez y que for­maban parte de un contrato de fideicomiso con el banco. Estos fondos, de acuerdo con el contrato entre la previsio­nal y la entidad financiera, debían destinarse a obras de cuatro hospitales, pero algu­nos ni se hicieron (como el Hospital Hemato-Oncoló­gico). Las anteriores autori­dades optaron por desviar el dinero a supuestas obras en centros de salud del interior, sin embargo, fueron trabajos ficticios que no se ejecutaron.

De 40 licitaciones que se reali­zaron con los fondos del fidei­comiso, recién se auditaron 2 como muestras aleatorias, cuyo resultado alarmante­mente expone una diferencia de G. 1.690 millones, monto que hasta el momento no se pueden justificar, de acuerdo con la responsable de la audi­toría. Además, el análisis de una tercera licitación está en curso en estos momentos.

El informe, que será puesto a disposición del Ministerio Público una vez que el Con­sejo de Administración de la Previsional así lo autorice, abarca verificaciones hechas sobre la ejecución de las obras licitadas, pero que exponen el millonario faltante entre lo pagado y lo que realmente se hizo.

“Verificamos ítems certifica­dos y pagados, pero in situ no se encontraban estas obras o no correspondían en cuanto a las dimensiones o iniciaron, pero están incompletas, pese a que se pagaron en su totalidad. Otras observaciones fueron sobre el deterioro importante de la infraestructura”, detalló la interviniente.

Los responsables del periodo anterior tuvieron el plazo para dar su descargo sobre las falencias detectadas. Sin embargo, en palabras de Ola­zar, estos no lograron presen­tar sus justificaciones y por lo tanto no pudieron desmentir los graves hallazgos.

Otro aspecto relevante de la auditoría es que, mediante el análisis de las rendiciones de viáticos de los fiscales de obras y sus marcaciones de entrada laboral, quedó en evi­dencia que estos funcionarios del IPS estaban en Asunción cuando supuestamente fue­ron a verificar in situ las obras para certificar los trabajos que se hacían en los centros de salud en el interior del país. Es decir, marcaban su entrada en la capital, pero hacían figu­rar en los papeles que iban a verificar las obras en Encar­nación, por ejemplo.

La directora adelantó que van a investigar también quiénes son responsables de haber desvirtuado el objeto del con­trato de fideicomiso. “Estoy a la espera de conversar con el fiscal Néstor Coronel para solicitar la ayuda por medio de un oficio para solicitar infor­mes a otros organismos, para cerrar esto”, mencionó.

EL CONTRATO DE FIDEICOMISO

De acuerdo con el contrato de fideicomiso, el banco encar­gado de la administración del contrato de fideicomiso era responsable de la verificación documental y de certificar el buen uso y destino del dinero generado a través del fideico­miso como fuente de finan­ciamiento para obras del IPS. En ese sentido, el banco en cuestión no puede apartarse de la buena administración de los bienes del fideicomiso porque justamente su obli­gación principal radica en hacer cumplir todos los pun­tos del contrato.

Abdismo habría financiado campañas con fondos de fideicomiso

“Le jodieron la vida a 1.000.000 de personas más sus familiares”, expresó Leite

“Dónde están las anteriores autoridades del IPS para dar la cara en este acto criminal”, cuestionó el senador Leite.

El senador Gustavo Leite requirió al Ministerio Público celeridad en sus investigaciones para some­ter ante la justicia a los res­ponsables de la rapiña de G. 828.000 millones mediante un contrato de fideicomiso del Instituto de Previsión Social (IPS) en el gobierno de Mario Abdo Benítez.

“Dónde están las anteriores autoridades del IPS para dar la cara en este acto crimi­nal. Alguien o muchos tie­nen que ir presos, esa es la verdad. El fideicomiso fue constituido con una muy buena intención y desvirtuarlo tiene que tener sus responsabilidades. Espero que en este caso la Fiscalía investigue y no tarde siete años como en la causa de Cabeza Branca”, indicó.

La millonaria suma debió ser empleada exclusiva­mente para obras: la termi­nación de Hospital Ingavi, construcción de Policlí­nica, construcción de Hos­pital Día y construcción de Hospital Hemato-Oncoló­gico, sin embargo, las mismas no están y el dinero se esfumó.

“Los responsables tienen que pagar porque caso con­trario los perros se segui­rán animando a desfon­dar al Estado. El IPS tiene 900.000 cotizantes más o menos y más de 100.000 jubilados, entonces le jodieron la vida a 1.000.000 de personas más sus fami­liares. Esto debe ser cas­tigado con todo el peso de la ley”, sostuvo en el pro­grama “La caja negra” emi­tido por Unicanal.

Leite no descarta que los G. 828.000 millones hayan sido utilizados por el abdismo para costear sus campañas políticas. “Yo voy a decir lo que hicieron, le dieron plata a los perros en campaña, sobrefactura­ron e hicieron obras fan­tasmas. Esto es típico de Marito o acaso no le cono­cemos a la bestia”, dijo el parlamentario.

El Ministerio de Defensa comenzará con la preinscripción de los cursos de inglés nivel principiante, francés, chino mandarín, guaraní y coreano.

Las preinscripciones para inglés se realizarán exclusivamente por llamada telefónica al número (021) 213 507 este viernes 24 de enero a partir de las 08:00 a.m. y hasta completar los cupos disponibles. Durante la llamada se asignará una fecha para la presentación de documentos requeridos.

El martes 28 de enero se habilitarán las inscripciones presenciales para los cursos de francés, chino mandarín, guaraní y coreano. Estas inscripciones serán por orden de llegada a partir de las 07:00 a.m. hasta completar los cupos disponibles

Las mismas se realizarán en la sede del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), ubicada en Mcal. López entre Vice Pdte. Sánchez y 22 de Septiembre.

Se insta a los interesados a cumplir con todos los requisitos y presentar la documentación completa en las fechas indicadas para asegurar su inscripción. Para más detalles, los interesados pueden contactar al número de preinscripción o acudir al Instituto.

Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que actualiza marco legal para las Alianzas Público-Privada (APP). Una propuesta que ya contaba con media sanción en el Senado.

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La iniciativa que partió del Poder ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, tiene como fin establecer normas y mecanismos para promover, a través de la participación público-privada, las inversiones en infraestructura pública y en la prestación de los servicios a las que las mismas estén destinadas.

Entre las principales modificaciones introducidas, se amplía la participación del Estado en un 25% en las Alianzas Público-Privadas, de manera a que el mismo tenga una mayor influencia en los proyectos conjuntos, según reza el documento.

Además, plantea que la APP pueda financiar proyectos por hasta un 4 % del PIB, en la anterior normativa solo podía hacerlo hasta el 2%.

Finalmente, documento fue sancionado y pasa a consideración del Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

Esta mañana se llevó a cabo una intervención en una vivienda del barrio San Juan de Ciudad del Este, la cual estuvo encabezada por funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Con apoyo de efectivos policiales, los trabajadores de la empresa estatal verificaron la vivienda en cuestión luego de detectar irregularidades en el consumo eléctrico del inmueble.

Fue así se logró la incautación de cinco máquinas mineradoras de criptomonedas, constatándose que el domicilio allanado incurría en una sustracción de energía eléctrica.

El lugar, alquilado por José Feliciano Sandoval Villalba, de 28 años, registraba un consumo eléctrico muy superior al de una residencia promedio, según el informe técnico de la ANDE.

Durante el procedimiento, Sandoval cooperó con los intervinientes y entregó las máquinas sin presentar resistencia, según informaron medios locales.

El caso fue puesto a disposición del fiscal Julio César Paredes, quien determinará los próximos pasos en la investigación.