• “LA CAJA NEGRA”

Una serie de irregula­ridades en el manejo de G. 828 mil millo­nes destinados a la cons­trucción de cuatro hospita­les llevó a la formulación de una denuncia penal y a una exhaustiva auditoría interna del Instituto de Previsión Social (IPS) que concluyó con un lapidario informe.

El contrato de fideicomiso, firmado en 2017 durante el gobierno de Horacio Cartes, mediante una ley que per­mitió este tipo de acuerdo, buscaba financiar la cons­trucción de un hospital hemato-oncológico, una policlínica, un Hospital Día, y la culminación del hospital de Ingavi. Sin embargo, un año después, en diciembre de 2018, ya bajo la administra­ción de Mario Abdo Benítez, se realizaron adendas al con­trato original, lo que permitió el uso de fondos para “otros centros de salud”, desvir­tuando el propósito inicial.

De los cuatro hospitales pre­vistos solo dos concluyeron pero sin haber pagado la totalidad a los proveedores, otro permanece inconcluso y el hospital hemato-oncoló­gico, ni siquiera se construyó. A pesar de ello, los recursos del fideicomiso se agotaron, sin que las obras previstas se finalicen. Pese a que la ley aprobada establecía cla­ramente los cuatro centros prioritarios para el destino del acuerdo de fiducia, el 77 % de los G. 828 mil millones se utilizaron en 40 licitaciones relacionadas con esos “otros centros de salud”, esto se con­cretó ya durante la adminis­tración abdista.

Entre 2022 y 2023 se reali­zaron los mayores desembol­sos del fideicomiso, pero no fueron destinados a las obras originales. La mala gestión de los fondos generó millonarias demandas contra el IPS, ya que, aunque algunas obras fueron realizadas, los pagos a las constructoras no se com­pletaron, lo que derivó en liti­gios judiciales. Las construc­toras, al no recibir sus pagos, entablaron demandas contra la institución.

AUDITORÍAS Y DENUNCIA ANTE FISCALÍA

En febrero de este año, una consultora privada realizó un análisis del contrato fidu­ciario, encontrando nume­rosas irregularidades en su ejecución. A partir de estos hallazgos, las autoridades actuales del IPS presenta­ron una denuncia penal ante la Fiscalía, abriendo una causa a cargo del fiscal Nés­tor Coronel. Posteriormente, de manera paralela, la Audi­toría Interna del IPS inició una investigación sobre dos de las 40 licitaciones realiza­das bajo la cláusula de “otros centros de salud”.

El informe de esta audito­ría, que concluyó la semana pasada y consta de 448 pági­nas, revela la existencia de 21 obras fantasma, así como un perjuicio económico de G. 1.600 millones. Este monto es la diferencia entre lo que cer­tificó y pagó, de lo que real­mente se ejecutó y puede verse a simple vista.

Actualmente, la Dirección de Auditoría del IPS está inves­tigando el contrato fiducia­rio original, para identificar a los responsables de la adenda que alteró el destino de los recursos.

LO QUE DICE EL CONTRATO

Respecto a lo que dice el con­trato, en el punto 3 se aclara que la entidad financiera debe hacer la debida diligen­cia para cumplir con la finali­dad de la fiducia, y en el punto 2,4 se establece que el gerente de Infraestructura del IPS es el responsable de firmar las órdenes de pago, y si hay cam­bios, se debió comunicar 24 horas antes y con el aval del Consejo de Administración.

En ese sentido, la investigación detectó que los des­embolsos de los G. 828 mil millones fueron autoriza­dos por el gerente de man­tenimiento del IPS, en lugar del gerente de infraestruc­tura, tal como lo estipulaba el contrato. Este cambio en las órdenes de pago debió haber sido comunicado por escrito, pero no consta en ninguna documentación oficial.

El nuevo Plan de Convergencia Fiscal del Poder Ejecutivo prevé cerrar el ejercicio 2026 con un déficit fiscal del 3,2% del Producto Interno Bruto (PIB), alcanzar un déficit de 3,9% en 2027 y retornar al límite de 1,5% del PIB establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal en el 2028.

Para el exviceministro de Economía, Manuel Alarcón, no se hicieron las tareas respectivas en cuanto al buen manejo y el gerenciamiento apropiado de los recursos, al contrario, el gasto corriente tuvo un crecimiento demasiado grande, incluyendo los programas sociales.

Hambre Cero, Pensión Universal de Adultos Mayores, Tekoporá son algunos de los programas que demandan una cantidad enorme de recursos e incorporan una restricción en la ejecución presupuestaria y generan un problema que deberán absorber las próximas administraciones, advirtió Alarcón, en un contacto con el canal Gen.

ALGUNOS NÚMEROS

Adultos Mayores: G. 3,2 billones destinados a la pensión de 370.000 personas

Fondo Nacional de Alimentación Escolar (FONAE) / Programa Hambre Cero: G. 2,9 billones orientados a un millón de estudiantes

Tekoporã Mbarete: G. 586 mil millones para transferencias monetarias condicionadas a 220.000 familias en situación de pobreza

Kit Escolar: G. 203 mil millones para beneficiar a más de 1,4 millones de alumnos

CUÁL SERÁ EL CAMINO

El gobierno de Peña dejó en claro que no creará nuevos impuestos ni elevará los que ya están vigentes. Sin embargo, el exviceministro cree que en algún momento se tendrá que recurrir a esta herramienta.

Lea también: Lo que se sabe del cruel crimen de la niña Roselin en Caazapá

“Estamos trasladando el problema de hoy al futuro y se traduce en mayores impuestos, va a ser una discusión interesante”, opinó.

Señaló que los tributos son los que generan mayor flujo en un corto plazo, por lo tanto, no debería sorprender que el IVA o el Selectivo al Consumo tengan algún incremento. “La manera de hacer caja rápida siempre es apostando a los impuestos indirectos”, subrayó-

El presidente de IPS, Dr. Isaías Fretes, esta mañana encabezó la recepción de cargamentos de fármacos en el predio del Parque Sanitario de la previsional.

Se trata de 120 ítems de medicamentos para diversas patologías, incluyendo varios de alta rotación y también los oncológicos, que continuamente sufren desabastecimiento en las farmacias de la institución.

Antecedentes: IPS: “En 15 días, las estanterías van a estar llenas de medicamentos”

Del 63% de faltante que se tenía hasta hace unos días, la brecha ahora se reduce al 28%, resaltó Fretes durante una entrevista con los medios de prensa.

La gerente de Abastecimiento y Logística del IPS, Cecilia Rodríguez, explicó que es la primera vez en lo que va del 2026 que reciben esta cantidad de medicamentos. “En todo el año no tuvimos la disponibilidad presupuestaria”.

Gracias a la reprogramación presupuestaria por un monto aproximado de G. 180.000 millones, la previsional tuvo posibilidad de gestionar las órdenes de compra para renovar el stock de medicamentos, destacó.

Los fármacos recepcionados el día hoy serán distribuidos, previo conteo e inventario, en toda la red del IPS para poder reabastecer las farmacias externas durante los próximos días.

Leé también: IPS promete evitar “stock cero” y asegurar provisión continua de medicamentos

Se espera que en las próximas semanas IPS recepcione el saldo pendiente de 60 medicamentos que cuentan con órdenes de entrega, del total de 180 que se habían solicitado a las farmacéuticas.

La adquisición de este nuevo lote fue posible gracias a un trabajo coordinado con los principales gremios farmacéuticos, que son la Cámara de la Industria Química Farmacéutica (CIFARMA) y la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos, Tocador, Domisanitarios y Afines (CRIPFA).

El Gobierno nacional puso en marcha un operativo de entrega de asistencia alimentaria destinado a comunidades indígenas vulnerables de los departamentos de Presidente Hayes, Boquerón e Itapúa.

La medida busca garantizar la seguridad nutricional de cientos de familias en zonas de difícil acceso.

Las jornadas de distribución se llevan a cabo de forma conjunta entre el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). Los kits de víveres incluyen insumos básicos de la canasta familiar diseñados para cubrir las necesidades esenciales de cada hogar.

Leé también: Cena Anual del Banco de Alimentos busca multiplicar platos para más de 52.000 personas

En el Chaco paraguayo, las entregas se enfocan en responder a las familias afectadas por las condiciones climáticas adversas y la sequía prolongada que impacta en sus medios de subsistencia.

De forma paralela, en el departamento de Itapúa se asiste a comunidades de la Región Oriental que registran mayores índices de vulnerabilidad.

Desde las instituciones encargadas señalaron que este despliegue forma parte de un plan de contención social continuo. Las autoridades prevén mantener el monitoreo en los asentamientos indígenas para calendarizar nuevas entregas en las próximas semanas.