Este domingo pasado, a las 09:30 de la mañana, se reportó un acto vandálico en la ciudad de Azotey, en el norte de Paraguay, que involucró la destrucción de un cartel oficial del Gobierno Nacional. El cartel, que ofrecía recompensas por información sobre miembros del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), fue desmantelado y quemado. El incidente ocurrió en un tramo público de la Ruta PY08 «Dr. Blas Garay», específicamente en el kilómetro 469, cerca del Puente Río Ypané.

El cartel, colocado como parte de una campaña de seguridad nacional, incluía nombres, fotografías y recompensas por cada uno de los criminales buscados por secuestro y homicidio, delitos atribuidos al EPP. Según informaron fuentes policiales, el cartel fue removido de su estructura y, posteriormente, incendiado. Este acto despertó la atención de las autoridades locales, quienes iniciaron un proceso de investigación para esclarecer los hechos y encontrar a los responsables.

Al respecto, la Comisaría 14ª de Azotey recibió la alerta por parte de transeúntes que notaron la destrucción del cartel y reportaron el hecho. Luego, agentes de dicha comisaría, junto con personal táctico especializado, se trasladaron al lugar y confirmaron la destrucción del cartel y el incendio. En el sitio, se encontraron huellas de botas en las inmediaciones, lo cual sugiere que varias personas podrían haber participado en el acto.

Los investigadores tomaron fotografías del lugar y de las evidencias halladas para un análisis más detallado. Fuentes oficiales indicaron que actualmente se están realizando las averiguaciones correspondientes, tanto en la zona como en áreas aledañas, para identificar posibles testigos o personas que hayan estado en el lugar alrededor de la hora del incidente.

Hasta el momento, no se logró identificar a los responsables del acto vandálico. La policía no descarta que el incidente esté relacionado con el mismo grupo criminal mencionado en el cartel, como una posible respuesta a las acciones de seguridad emprendidas por el Gobierno.

El lamentable suceso ocurrió el pasado viernes 25 de abril, cerca de las 19 hs. La pequeña recibió un impacto de bala a la altura del mentón sin orificio de salida.

De 10 años, vivía en la casa de sus tíos y estaba estudiando en compañía de otro niño. En un determinado momento, revisó el cajón de un escritorio y halló el arma, manipuló y la disparó de forma accidental.

Fue asistida por los Bomberos Voluntarios y luego derivada al Hospital Regional de Paraguarí donde ordenaron su traslado al Hospital de Itauguá, pero falleció en el trayecto.

Una persona quedó detenida, aparentemente, propietario del revólver calibre 32 milímetros. Se trata de Juan Guillermo Paredes Dávalos, de 64 años, militar jubilado.

El hecho fue comunicado al Ministerio Público que ya tomó intervención para esclarecer las circunstancias del hecho.

Se trata del acuerdo internacional más importante del siglo XX para el país después de la firma del Tratado de Paz del Chaco; porque cambiaría la historia de Paraguay y Brasil.

Las diferencias limítrofes entre ambos países encontraron la solución en una obra para el aprovechamiento de los recursos hidráulicos del río Paraná, perteneciente en condominio a las dos naciones, desde el Salto del Guairá o Salto Grande de Sete Quedas hasta la desembocadura del río Yguazú.

La rúbrica del instrumento tuvo lugar hace 52 años en el Palacio de la Meseta, Brasilia, y en representación de las Altas Partes Contratantes suscribieron el documento los cancilleres Raúl Sapena Pastor (Paraguay) y Mario Gibson Barboza (Brasil), ante la presencia de los presidentes Alfredo Stroessner y Emilio Garrastazú Médici, respectivamente.

El documento estableció las bases para la construcción de la mayor planta hidroeléctrica en generación de energía del mundo. Posteriormente, el Tratado sería aprobado primero en el Brasil el 30 de mayo de 1973, y luego en el Paraguay el 17 de julio de 1973.

Su entrada en vigor se produjo el 13 de agosto del mismo año con el intercambio de los documentos de ratificación.

Con la firma del documento se dio cumplimiento a lo establecido en el Acta Final firmada en Foz de Yguazú el 22 de junio de 1966, en lo que respecta a la división en partes iguales, entre los dos países, de la energía eléctrica eventualmente producida en el tramo referido. De hecho, la mencionada acta es considerada la piedra angular sobre la cual se erigió posteriormente el Tratado.

El Juzgado Penal de Garantías de Ciudad del Este, anuló la prisión preventiva que pesaba sobre el abogado Walter Acosta desde hace un mes.

Acosta, imputado por coacción, coacción grave y resistencia luego de agredir a una fiscalizadora del INTN, ofreció propiedades y otros bienes como caución real.

Pese a que la fiscal Rocío González y los abogados querellantes Karina Almeida y Daniel Alarcón se opusieran a la medida, el juez interino Amilcar Marecos decidió otorgar al abogado medidas alternativas a la prisión, como la prohibición de salir del país.

Walter Acosta está procesado por agredir cobardemente a la funcionaria el pasado 18 de marzo durante una verificación de los picos expendedores de combustibles en la estación de servicios Tres Fronteras.

El INTN había presentado una querella adhesiva por resistencia contra Walter Ramón Acosta, bajo patrocinio de la Procuraduría General de la República.