Luis Fernando Bernal, presidente de la Essap, comentó al canal GEN que una de las prioridades desde que asumió el cargo fue buscar alguna solución para la zona del Chaco paraguayo, aquejada por la continua falta de agua.

Debido a que el acueducto habilitado en el gobierno anterior presenta numerosas fallas estructurales que impiden su normal funcionamiento, la Essap se vio obligada a plantear otras alternativas, una de las cuales es la recientemente anunciada estación de rebombeo.

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Esta obra, que será habilitada en el distrito de Puerto Casado, permitirá llevar más de 3 millones de litros de agua al Chaco, siendo beneficiadas cerca del 100.000 personas.

Bernal explicó que la estación de rebombeo, a ser ubicada en el Km 100 del acueducto, permitirá tener una salida con una mayor presión, de modo a que el agua pueda llegar hasta la estación ubicada en Loma Plata.

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El titular de la aguatera estatal admitió que no se trata de una solución definitiva para la Región Occidental, aunque de igual manera será de gran ayuda ante la delicada situación hídrica que se vive allí. “Va a ser paliativa para enfrentar la grave crisis”, sostuvo.

Los trabajos iniciaron hace aproximadamente un mes y se espera que este noviembre ya se encuentre operativa la nueva estación en Puerto Casado, puntualizó la autoridad de la Essap.

La agente fiscal Ruth Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, presentó la acusación contra personas privadas de libertad sindicadas como responsables de fraudes informáticos.

Los implicados, liderados por Charles Albert Arthur David Martínez Camera, conocido como el hombre de las mil voces y condenado por el mismo hecho, habrían falsificado 133 documentos de identidad y utilizado 20 líneas telefónicas en 107 dispositivos móviles.

Mediante la adulteración de datos personales y fotografías, lograron que el sistema de autenticación biométrica “FaceTec” validara accesos no autorizados, permitiéndoles vincular múltiples identidades falsas a una sola billetera electrónica y realizar transferencias fraudulentas.

Los acusados enfrentan cargos por fraude informático, adulteración de documentos y lavado de activos provenientes de sistemas informáticos. El Ministerio Público ha solicitado la elevación de la causa a juicio oral y público.

Se trata de Germán Sergio Benítez Atienza, alias “Anteojito”, quien fue detenido en la ciudad de San Juan del Paraná, departamento de Itapúa, tras haber permanecido prófugo de la justicia argentina.

De acuerdo a los datos, Benítez Atienza, de 38 años, es acusado de asesinar a una niña de 13 años en un trágico incidente ocurrido en Argentina el 18 de enero de 2024.

El delincuente, considerado peligroso, fue capturado por agentes del Departamento de Inteligencia Policial de Itapúa, gracias a un trabajo conjunto con las autoridades argentinas. Benítez Atienza está imputado por los delitos de homicidio agravado y robo agravado con el uso de un arma de fuego.

El crimen y la fuga

El crimen ocurrió cuando Benítez Atienza, junto a otros dos delincuentes, irrumpió en una vivienda en Argentina. Durante el asalto, dispararon contra la hija de los dueños de casa, una niña de 13 años, quien murió debido al impacto de bala. Tras el asesinato, el acusado huyó, ya pesar de contar con documentos tanto paraguayos como argentinos, logró evadir la captura durante varios meses.

La detención de Benítez Atienza fue posible gracias a la cooperación internacional entre las fuerzas de seguridad de ambos países. Con su arresto, las autoridades avanzan en el proceso judicial en busca de justicia para la familia de la víctima.

El Tribunal integrado por Laura Ocampo, Fabián Weisensee y Cándida Fleitas, condenó a Walter Bower a 15 años de cárcel por el hecho punible de tortura contra policías.

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Merardo Palacios y Osvaldo Vera también fueron condenado a 12 y 6 años de cárcel, respectivamente, por el mismo hecho.

Los tres condenados serán remitidos a la cárcel de Viñas.

Walter Bower, y los expolicías, Osvaldo Vera y Merardo Palacios, fueron declarados culpables por torturar a uniformados en mayo del 2000 en la Marina y en la Comisaría 11.

Para el Tribunal de Sentencia quedó comprobado que estas personas participaron en los hechos de maltrato, por lo que, dictaron sentencia contra los mismos.