La primera semana de noviembre será clave para el MEC que tomará examen al último grupo de docentes de departamentos para integrar el Banco de Datos de Educadores Elegibles (BDEE).

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Se trata de un registro de docentes calificados como aptos para próximos concursos y comenzará a regir desde el próximo mes de enero del 2025 y tendrá validez por un plazo de tres años.

Los exámenes preparados por la cartera educativa para esta convocatoria N° 8/2024, fueron trabajados, consensuados y aprobados en un proceso del cual participaron gremios docentes, supervisiones, direcciones, direcciones departamentales y técnicos del MEC central.

Según informaron desde el MEC, en la primera prueba realizada en Central, Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay, participaron 12.028 educadores, de los cuales 6.013 lograron superarla. En tanto que en la segunda que se desarrolló en Caazapá, Itapúa, Misiones, Alto Paraná y Ñeembucú. De los 15.000 concursantes, 5.621 consiguieron acceder al Banco de Datos.

Además, un total de 3.898 docentes de los 10.252 aprobaron en la tercera jornada de pruebas realizadas el miércoles 23 de octubre en los departamentos de Concepción, San Pedro, Amambay y Canindeyú.

Nelson Mendoza, presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), comentó que la aprobación del proyecto que modifica la Ley APP permitirá dar mayor dinamismo a las intenciones de inversión hacia Paraguay.

Sobre el beneficio para el sector aeronáutico, destacó la relevancia para impulsar la ansiada modernización del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, que está próximo a cumplir 44 años de existencia.

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“Tenemos tres o cuatro años más en esta estación, entonces el trabajo aquí es arduo. Tenemos que ir actualizándonos constantemente”, afirmó en entrevista con el canal GEN.

Teniendo en cuenta la gran cantidad de pasajeros que utilizan esta terminal aérea (ya en camino a superar un nuevo récord) y la necesidad de adecuarse a los estándares internacionales, hoy día precisa de una serie de mejoras, admitió Mendoza.

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A la par, también se proyecta la construcción de un nuevo aeropuerto dentro de unos años, para lo cual la Ley APP podría ser de gran utilidad al permitir alianzas entre el sector público y privado.

Las modificaciones introducidas por el Congreso a la Ley de Alianza Público-Privada (APP) contemplan aspectos cruciales, como el aumento de la participación estatal hasta un 25% en proyectos de infraestructura, así como la posibilidad de incluir a las municipalidades.

Una de las cooperaciones extranjeras con que cuenta Paraguay, pero que ahora está en pausa por orden del nuevo Gobierno de los Estados Unidos es la de la Usaid (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional).

La interrupción por 90 días será para una auditoría administrativa y una revisión que confirme que la asistencia cumple con los objetivos políticos de Estados Unidos.

Al respecto, el senador Gustavo Leite vaticinó los probables resultados de ese control:

Que las contrataciones se hicieron por encima del precio de mercado

No hubo concursos públicos para las contrataciones en determinadas áreas

No contrataron a las ONG incipientes como establece el tratado

“Eso quiere decir que no se contrató a las ONG más nueva, fue un enjuague de 50 palos para las mismas ONG de siempre”, afirmo Leite, en una entrevista con la 730 AM. Los 50 millones de dólares hacen alusión al convenio firmado en septiembre del 2020.

Violación de la ley de información pública, bajo el argumento de una confidencialidad que no está contemplada en ningún tratad, agregó.

El 60 % del dinero fue a sueldos para resultados vagos sobre proyectos como “disminuir la cultura de la corrupción”, apuntó.

Para Leite, las cooperaciones son buenas, solamente cuando representan una utilidad directa para la población paraguaya, pues, de nada sirve que una ONG reciba 2 millones de dólares para combatir la impunidad y que luego distribuya el dinero entre “los perros”.

Al respecto, Cristina Goralewski, titular del Instituto Forestal Nacional (Infona), indicó que desde el 1 de enero, más de 65.000 hectáreas de tierra fueron afectadas por incendios forestales en el país.

Detalló que la cifra, correspondiente hasta el 22 de enero a las 18 horas, incluye una reciente serie de focos de incendio que impactaron la zona de Ypacarai, aunque aún no refleja el reporte completo de este evento.

“Tenemos siete distritos gravemente afectados, entre ellos Caraguatay, el área más afectada. En general, la región oriental está viendo incendios en áreas de bosques y humedales, mientras que en la región occidental, el Chaco se trata más de quemas controladas para la limpieza de campos y la renovación de pastizales,” explicó Goralewski en entrevista con GEN/Nación Media.

A pesar de que la quema controlada está prohibida en todo el país debido a las condiciones climáticas desfavorables, como la alta temperatura y los vientos, en la región occidental persisten las quemas ilegales para fines agrícolas. “Estas quemas son ilegales. El 100% de los incendios en Paraguay son producto de actividades no autorizadas,” enfatizó la presidenta del INFONA.

En la zona de Ypacaraí, el incendio de ayer fue particularmente impactante, afectando áreas cercanas a propiedades privadas y caminos.

Sobre ese punto, pese que inicialmente se barajó la posibilidad de que el fuego fuera causado por la intensa radiación solar que provocó el encendido de botellas y vidrio acumulado, Goralewski señaló que no hay registros oficiales de incendios originados de esta forma. También mencionó la presencia de cazadores furtivos en la zona, lo que podría haber llevado a incendios provocados por esta actividad ilegal.

Los animales de la fauna silvestre también sufren las consecuencias de estos incendios. Un emotivo video que circuló ayer mostraba un carpincho escapando de las llamas en la zona de Ypacarai, un recordatorio de cómo estos incendios afectan gravemente a la biodiversidad.

“Es común ver animales desplazándose en busca de refugio. Esto muestra cómo la fauna silvestre también se ve perjudicada,” comentó Goralewski.

Finalmente, hizo un llamado a la responsabilidad de la ciudadanía, destacando que las quemas ilegales no solo son un grave daño al medio ambiente, sino que también ponen en riesgo la vida y el bienestar de las personas, la fauna y los recursos naturales del país.