En entrevista con el canal GEN, el abogado Tarek Tuma destacó que las obras del proyecto estaban respaldadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante el mandato de su cliente y que todos los actos del ministro Ramón Jiménez Gaona (su cliente) contaron con el aval de los organismos supervisores.

“La decisión de detener y desmantelar la obra fue unilateral y carece de fundamento. Jiménez Gaona entregó el proyecto en un avance del 18% sin objeciones, y bajo su gestión todo estuvo convalidado por el BID y otros entes competentes”, afirmó el letrado. Recalcó que la responsabilidad de cualquier daño patrimonial debe analizarse en las decisiones de la administración sucesora y no en el exministro. “Cada ministro debe responder por lo que hizo en su gestión”, agregó.

En cuanto al estado actual del caso judicial que afronta su defendido, Tuma explicó que se está a la espera de la audiencia preliminar. Asimismo, resaltó un hecho significativo que surgió tras la acusación inicial: la pericia del Ministerio Público concluyó que no hubo daño patrimonial en el proyecto, lo que, según el abogado, debería llevar a los fiscales a reevaluar su postura. “El propio informe del Ministerio Público indica que no hubo perjuicio económico, lo cual hace innecesario continuar con el proceso”, agregó.

La defensa de Jiménez Gaona sostiene que, al haber cumplido todas las normativas durante su gestión y al haber sido la obra interrumpida por decisiones posteriores, no corresponde imputarle ninguna responsabilidad en el conflicto actual.

Recientemente el procurador general de la República manifestó que el proyecto no debió haber sido detenido y que las acciones posteriores provocaron el conflicto con la empresa portuguesa Mota-Engil, responsable de las obras del Metrobús, la cual había demandado al Estado paraguayo por 16 millones de dólares. A raíz de las gestiones legales, Paraguay evitó asumir la totalidad del monto demandado.

La Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) anunció que la alta demanda de personas que irán a Caacupé, se requerirá un gran número de buses, por lo que, el horario quedará liberado como cada año.

La medida rige desde las 12:00 hs del domingo 7 hasta las 18:00 hs del 8 de diciembre.

Desde Dinatran indican que los buses que prestarán servicios en estos días deberán contar con carteles específicos en el parabrisas, que indique hasta qué punto llega, “Hasta Caacupé” o “Hasta Ypacaraí”.

Con respecto a las tarifas, advierten que no debe sufrir ninguna variación. El precio más elevado es de 11.300 guaraníes, para aquellas personas que llegarán hasta la Basílica desde la ciudad de Coronel Oviedo.

Si los pasajeros detectan cobro indebido o irregularidades en los servicios de transporte de pasajeros prestados por empresas habilitadas por la Dinatran, está habilitado el número de WhatsApp 0962 352 235 para denuncias.

La comuna de Asunción lleva en marcha el operativo especial ante el alto flujo de pasajeros que tradicionalmente se registra durante las festividades de la Virgen de Caacupé en la ex terminal de ómnibus.

Según el intendente, Luis Bello, este fin de semana unas 60.000 personas pasarán por la EBA con destino a la villa Serrana.

“Estamos cubriendo cada detalle para que miles de usuarios viajen seguros, bien atendidos y sin contratiempos. Asunción está preparada para acompañar a todos los peregrinos en esta celebración tan especial para nuestro país”, expresó el jefe comunal en sus redes sociales.

Este sábado Bello realizó un recorrido por las instalaciones de la EBA para verificar de qué manera se está llevando a cabo el operativo.

Recordó tarifas vigentes para los pasajes desde Asunción e informó que se está trabajando de forma conjunta con la Policía Nacional y Dinatran.

El fiscal Luis Fernando Escobar presentó imputación en contra del hombre que, además de docente, ejercía funciones como secretario de despacho, lo que le otorgaba influencia sobre la adolescente.

La víctima manifestó que el imputado le enviaba mensajes en distintos horarios, preguntando sobre su asistencia a clases, pidiéndole que acudiera a la dirección con excusas académicas y ofreciéndole intervenir en sus calificaciones. Incluso insistió en verla fuera del horario escolar y sugirió acercarse a su domicilio.

Cuando asistía al despacho, el docente le tomaba de la mano, la abrazaba y además intentó besarla en tres ocasiones, aunque ella se resistió. Estos episodios generaron incomodidad en ella y comentó a un familiar su deseo de no seguir asistiendo a clases. A raíz de esta situación, se radicó la denuncia formal.

Entre los elementos de sospecha se encuentran la denuncia remitida por la Subcomisaría 52 de la jurisdicción, la declaración testifical de un familiar y el informe de asistencia psicológica elaborado por el Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público.

El fiscal solicitó la imposición de medidas menos gravosas que la prisión preventiva, bajo reglas de conducta, entre ellas la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima o sus familiares.