Don Ramón Heriberto Miranda Estigarribia, un mecánico de profesión, enfrenta una situación insólita y desgarradora: perdió el acceso a su propia casa tras acoger a su hijo y a la pareja de este en un momento de necesidad.

La historia publicada en un medio local menciona que todo comenzó cuando Don Ramón, quien construyó su hogar con años de arduo trabajo y sacrificio, recibió en su casa a su hijo, Alfonso Daniel Miranda Santa Cruz. Daniel había sufrido un accidente de motocicleta que le dejó lesiones significativas, requiriendo cuidados constantes para su recuperación.

Dada la demanda de su empleo como mecánico, Don Ramón no podía brindar la atención que su hijo necesitaba. Fue entonces que Daniel pidió a su padre que permitiera que su novia, Diana Leticia González Ríos, quien es fisioterapeuta, se quedara también en la casa para ayudar en su recuperación.

Diana, quien ya estaba embarazada de seis meses al llegar a la casa de Don Ramón, dio a luz poco después. Con la llegada del niño, que actualmente tiene un año, la casa de Don Ramón se convirtió en un espacio de apoyo familiar y de recuperación. Sin embargo, lo que comenzó como un acto de bondad por parte del mecánico terminó de manera inesperada.

Confianza y control

A medida que el tiempo pasaba, la relación entre Daniel y Diana comenzó a deteriorarse, llevando finalmente a una separación. Sin embargo, Diana continuó viviendo en la casa de Don Ramón, incluso tras la partida de su expareja. Con la excusa de querer mantener bajo vigilancia el cuidado del niño, Diana instaló cámaras de seguridad en la casa, una acción que Don Ramón aceptó en un principio con confianza.

El conflicto escaló cuando Diana supo que Daniel había iniciado una nueva relación. Fue entonces cuando, según relatos de Don Ramón, ella comenzó a sentirse incómoda con su presencia en la vivienda, especialmente por los horarios nocturnos que él cumplía debido a las largas jornadas en su taller mecánico.

La denuncia y el fallo judicial

En un giro inesperado, Diana decidió presentar una denuncia por “violencia doméstica” en contra de Don Ramón, argumentando que la presencia de su exsuegro en la casa afectaba su tranquilidad.

A pesar de que Don Ramón afirma no haber tenido ningún tipo de conflicto físico o verbal que justifique esta medida, la jueza de paz Maribel Rojas emitió una orden de alejamiento en su contra. Esta orden le impide acercarse o ingresar a su propia casa, el lugar que él mismo construyó con más de una década de esfuerzo y dedicación.

Con esta orden, Diana no solo logró quedarse en la casa, sino que también aprovechó la situación para cambiar las cerraduras y tomar control de la vivienda.

Don Ramón, despojado de su hogar y sus pertenencias, se ve obligado a pasar las noches en su taller mecánico, en medio de las herramientas que alguna vez utilizaría para construir su hogar.

Un llamado a la justicia

Para Don Ramón, esta situación representa no solo una traición a su generosidad como padre, sino una violación a sus derechos. Con sus pertenencias dejadas en la calle y su casa bajo control de Diana, el mecánico de Minga Guazú hizo pública su historia en un intento desesperado por obtener justicia y recuperar el hogar que construyó para él y su familia.

Walter Gutiérrez, ministro de la Niñez y Adolescencia, anunció ayer que, próximamente, le entregará al presidente de la República el proyecto de ley que creará un sistema de alerta y un registro de niños desaparecidos.

“Va a traer un ajuste normativo y también la incorporación de tecnología para que podamos tener los números más rápidos y que sean finos y sinceros”, explicó Gutiérrez. La presentación será en conjunto con el Ministerio del Interior.

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La propuesta de ley incorpora un protocolo potenciado entre todas las instituciones que crea un sistema de alerta y un registro parecido al que se denomina Alerta Amber.

Cifras oficiales del Ministerio de la Niñez revelan que, en los últimos años, 2.621 niños desaparecieron, de los cuales, solamente tres no fueron localizados: un niño que desapareció con su madre en el 2019, un niño que desapareció con su abuelo en el 2020 y la niña de Emboscada desaparecida en abril del 2020.

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Un caso de privación ilegítima de libertad se registró esta madrugada en el barrio Santo Rey de San Lorenzo, hasta donde llegaron tres vehículos, según reportaron agentes de la Comisaría 1ª de esa ciudad.

De dos rodados bajaron varias personas, treparon la muralla y sacaron a la fuerza al propietario Pedro Santiago Barrios Ruiz de 47 años (gerente de Britimp) y a la esposa Emilia Marina Sánchez de Barrios de 47 años. Antes, despojaron a todos de sus celulares, incluyendo los demás miembros de la familia.

Posteriormente trasladaron a la pareja hasta la sede de la empresa Britimp, sobre la Avda. de Mariscal López (Asunción), hasta donde convocaron al encargado de logística de la firma, Félix Francisco Ortiz Leguizamón de 30 años, a través del gerente, a quien obligaron a llamarlo para supuestamente entregarle un sobre.

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También lo tomaron de rehén a él para tratar de ingresar, pero no lo consiguieron, ante lo cual, realizaron varios disparos contra el portón de Britimp, pero no lograron avanzar, por lo que, decidieron marcharse antes de que aparezca la Policía. El objetivo era llegar a la bóveda, pero no lo consiguieron.

De momento no se tienen mayores pistas a más de las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia del domicilio y de los testimonios de las víctimas, quienes, afortunadamente, se encuentran bien físicamente.

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Efectivos de la Comisaría 21ª Central recibieron el reporte de la fuga de tres internos del Centro Educativo Itauguá “Panchito López” ayer domingo.

Durante el procedimiento fue recapturado un adolescente de 17 años, con antecedente por hurto. El joven fue trasladado al Hospital Nacional de Itauguá para su evaluación médica y posterior retorno al reclusorio.

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Los agentes continúan abocados a la búsqueda y recaptura de los otros menores, quienes hasta estas horas permanecen prófugos. Ambos tienen antecedente por robo agravado. Todo lo actuado fue puesto a conocimiento y disposición de las autoridades competentes.

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