En entrevista con el programa “Fuego Cruzado” emitido por GEN, Benítez habló sobre el proyecto que crea el RUN y mencionó que existen antecedentes sobre iniciativas similares, las cuales no prosperaron hasta llegar a este último proyecto de ley aprobado días atrás en la Cámara de Senadores.

“Esto no puede estar bajo la dirección y administración de la Corte Suprema de Justicia”, explicó, señalando el conflicto que ello supondría al tener que recurrir al propio ente que hoy genera inconvenientes a muchas personas.

Los anteriores proyectos no fueron aprobados en su momento debido a que, en cada uno de ellos, el Poder Ejecutivo había sido asignado como el encargado de dirigir y administrar el registro, indicó Benítez.

“El Poder Judicial goza de una pésima fama y con el manejo de esta cuestión, creo que va a repercutir negativamente en la performance”, mencionó, al hacer alusión al rol que podría tener la máxima instancia judicial en el RUN.

Asimismo, mencionó que cada institución (como Catastro) va a continuar operando como lo hizo siempre tras la aprobación de la normativa. “La intención en sí es buena, nosotros no estamos en contra de que se creen este tipo de instituciones, estamos en contra de que a pesar de haberse creado, los problemas van a continuar”.

El titular del Colegio de Escribanos explicó que, en la actualidad, los planos georeferenciados que hoy se elaboran poseen datos aproximados, esto debido a la falta de una red geodésica, situación que impide conocer la ubicación exacta de los inmuebles catrastrados.

Benítez hizo énfasis en que, aparte de los problemas técnicos, se debe considerar el factor político que podría generar algún impasse a la propuesta en estudio, relacionado con la tenencia irregular de propiedades. “Muchísima gente no está interesada en que esto se revise”.

A su criterio, existen algunos diputados que “son más conscientes” que los senadores y serán capaces de introducir las modificaciones planteadas por el gremio para intentar mejorar el proyecto actual que crea el RUN. “Nosotros queremos una institución que venga y solucione el problema, no es que estamos en contra de la institución”, puntualizó.

En entrevista con el canal GEN, Paul Sarubbi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), afirmó que el gremio mantiene una postura abierta al diálogo con Óscar Lovera, quien asumió en el Ministerio de Economía.

Indicó que, si bien el Gobierno anunció que en breve definirá un esquema de pagos para proveedores atrasados, hasta el momento el sector aún no conoce detalles del plan.

Por ello, adelantó que ya solicitaron una audiencia con el nuevo titular de la cartera económica para abordar la situación de manera inmediata.

“El ministro asumió recién ayer. Ya le estamos pidiendo una audiencia lo más rápido posible para escuchar cuál es la idea del Ministerio de Economía con respecto al plan de pagos”, señaló.

El dirigente remarcó que Lovera ya venía trabajando previamente en los mecanismos de reglamentación vinculados a la deuda, por lo que considera que conoce en profundidad la problemática.

De acuerdo con el relevamiento actualizado por Cavialpa, la deuda total del Estado con las constructoras asciende actualmente a unos USD 360 millones. De ese monto, USD 210 millones corresponden a deuda de capital del Ministerio de Obras Públicas, USD 100 millones son intereses acumulados, y cerca de USD 50 millones corresponden a otros entes estatales.

El presidente de Cavialpa advirtió que el atraso en los pagos ya está afectando seriamente la ejecución de obras públicas en distintos puntos del país. Según explicó, muchas obras se encuentran hoy con ritmo reducido y algunas paralizadas en parte, debido a la falta de liquidez de las empresas.

“Cuando uno no tiene posibilidad de seguir comprando materiales, combustible, asfalto, cemento o pagar a proveedores, tiene que empezar a elegir qué hacer y qué no hacer”, afirmó.

Si bien aclaró que no tiene información de obras formalmente suspendidas en términos contractuales, reconoció que muchas están muy lejos del ritmo de ejecución previsto originalmente.

Sarubbi sostuvo que existen condiciones financieras para comenzar a pagar la deuda en el corto plazo, especialmente tras la reciente emisión de bonos realizada por el Gobierno. “El Estado puede pagar. Hoy en día los papeles están todos preparados como para empezar a cobrar. Si el Estado quiere empezar a pagar, puede pagar todo a muy corto plazo”, aseguró.

Además de reclamar el pago pendiente, el vocero también expresó su preocupación por el presupuesto asignado este año al Ministerio de Obras Públicas, al considerar que está por debajo de las necesidades reales.

Sarubbi advirtió que, si no se realizan reprogramaciones o ampliaciones presupuestarias, el problema podría repetirse nuevamente en pocos meses. “En unos meses vamos a volver otra vez a esta misma situación de aumento en la deuda”, alertó.

Recordó que durante el año pasado ingresaron certificados de obras por cerca de USD 700 millones, aunque el Estado solo terminó pagando USD 440 millones, lo que generó la acumulación actual.

El acto oficial se desarrollará desde las 15:00 en el Arena SND, con presencia del presidente de la República, donde los estudiantes serán formalmente reconocidos como nuevos becarios.

Rogelio Sallaberry, asesor de Responsabilidad Social de la Itaipú, destacó que esta convocatoria rompió todos los récords previstos inicialmente. Explicó que originalmente el programa contemplaba 5.000 cupos, aunque la cantidad de postulantes que cumplió con todos los requisitos superó ampliamente esa cifra.

“Habían aproximadamente 2.500 chicos más que cumplían con todos los requisitos y quedaban fuera. El señor presidente revirtió esa situación y dispuso que todos aquellos que cumplieron sean becarios del Gobierno”, señaló al canal GEN.

Con ello, el número final de beneficiarios ascendió a casi 7.600 estudiantes, convirtiéndose en la cifra más alta de becarios promovidos en un solo año.

El asesor recordó que recibir la beca implica también asumir responsabilidades por parte de los estudiantes. Tras recibir sus certificados, los jóvenes deberán firmar un acuerdo de compromiso, mediante el cual aceptan mantener determinadas condiciones para conservar el beneficio. “Ellos asumen un compromiso de estudiar, de tener buena calificación y asistencia”, remarcó Sallaberry.

En cuanto a la oferta académica, explicó que los beneficiarios tuvieron acceso a una amplia variedad de opciones educativas. En total, los jóvenes pudieron elegir entre 1.400 carreras, distribuidas en 115 instituciones educativas del país.

Sallaberry enfatizó que el Gobierno no impone qué carrera debe seguir cada estudiante, sino que son los propios beneficiarios quienes seleccionan libremente su formación.

Debido a la magnitud del evento de mañana, el Gobierno dispuso una logística especial para garantizar la presencia de estudiantes provenientes de distintos departamentos.

Según explicó Sallaberry, se está coordinando el traslado de jóvenes desde varios puntos del país para que puedan participar de la ceremonia. “Esperamos a todos los chicos para que puedan participar de esta fiesta del conocimiento y de la juventud”, expresó.

El presidente de la República comunicó ayer que firmó el documento que promulga la ley que confiere el ascenso póstumo al grado inmediato superior de coronel al extinto teniente coronel Guillermo Alicio Moral Centurión.

“Este es un acto de justicia para un hombre cuyo legado es, para todos nosotros, un verdadero ejemplo de inspiración. Su vida fue un testimonio de entrega en la lucha por nuestra seguridad y en el combate a la delincuencia organizada, defendiendo con valentía la paz de nuestras familias”, expresó Peña.

Lea también: Nombran a nueva jefa del Departamento Judicial tras escándalo de celda vip

El militar fue ultimado a balazos el 2 de octubre pasado cuando salía de la Universidad Nacional de Asunción y todavía no se tienen claras las razones que motivaron el crimen.

Uno de los primeros datos que saltaron al respecto fue que Moral había denunciado el intento de ingresar de manera clandestina un celular a la cárcel de Viñas Cue para el procesado Miguel Insfrán alias Tío Rico.

Por esta irregularidad había sido condenado el Tte. Cnel, Luis Belloto, por el hecho punible de soborno, es decir, por escribir dinero a cambio de permitir el ingreso ilegal del teléfono.