Desde primeras horas de la mañana, el centro de Asunción se convirtió en el escenario de una manifestación liderada por personas con discapacidad, quienes reclaman la aprobación de un proyecto de ley que les otorgue una pensión equivalente al 25% del salario mínimo, similar a la que reciben los adultos mayores.

En la protesta, Lucas Aguilar, vocero de la Coordinadora Nacional de Personas con Discapacidad, explicó que este es el tercer intento de movilización para exigir la aprobación de un proyecto que, según sus palabras, “busca cubrir mínimamente las necesidades básicas de las personas con discapacidad”.

Aguilar detalló que muchas personas requieren sillas de ruedas, sondas y educación especial para menores con autismo, recursos que resultan inalcanzables con los actuales subsidios. “Este proyecto de ley intenta garantizar un derecho mínimo, no estamos pidiendo caridad, sino dignidad”, expresó en entrevista con GEN.

Actualmente, las personas con discapacidad reciben una ayuda económica del programa Tekoporã de 187.000 guaraníes mensuales, cifra que Aguilar calificó de “insuficiente e indignante”. En sus palabras, este monto apenas cubre necesidades básicas, y mucho menos los tratamientos o insumos especializados que muchos necesitan para vivir con dignidad. “¿Quién puede sobrevivir con 187.000 guaraníes al mes? Es una burla pensar que con eso alguien puede atenderse adecuadamente”, cuestionó el vocero.

Así también, enfatizó que el proyecto de ley fue presentado el pasado noviembre y, aunque inicialmente recibió el respaldo unánime de la Cámara de Diputados, fue rechazado por el Senado en una primera instancia, bajo el argumento de que carecía de fondos suficientes para sostener el beneficio. El vocero señaló que, a pesar de esta negativa, la Cámara Baja volvió a aprobar el proyecto, que ahora se encuentra nuevamente en manos del Senado para su revisión.

El vocero también cuestionó la postura de algunos senadores que señalaron supuestas “inconsistencias” en el proyecto y una “falta de presupuesto” para implementar la pensión. “Es incoherente que no haya fondos para este sector vulnerable, pero sí los haya para otras prioridades cuestionables”, afirmó, destacando que el Estado debe priorizar a los sectores más desfavorecidos en lugar de favorecer intereses ajenos a las necesidades de la población.

Para el vocero, la falta de apoyo económico es una “excusa injusta”. “Nosotros solo pedimos un 25%, y deberían estar agradecidos de que no pedimos más. Las necesidades son enormes”, afirmó, añadiendo que permanecerán en las afueras del Congreso hasta que el proyecto sea tratado. Aguilar también pidió a los senadores que reconsideren su postura y que prioricen a los grupos más necesitados:

“Es un derecho constituido en la Constitución y en convenios internacionales. No se trata de una concesión, sino de reconocer nuestra dignidad como ciudadanos”.

El proyecto aún no cuenta con fecha de tratamiento en el Senado, aunque la movilización podría presionar para que se incluya en próximas sesiones.

En palabras de Aguilar, esta espera prolongada demuestra una falta de empatía y compromiso por parte de los legisladores: “Si un senador duda de la necesidad de esta pensión, le invito a vivir con 187.000 guaraníes o a enfrentar una discapacidad sin el apoyo adecuado”.

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Se trata de un nuevo hito que refuerza los trabajos de la Facultad de Medicina de la UNA y el Hospital de Clínicas para con la salud pública, la formación médica y la mejora continua de los servicios de alta complejidad, siempre con la esperanza puesta en el valor de la donación como acto supremo de solidaridad por parte de los donantes y sus familias.

Entre la noche del miércoles 21 de mayo y la madrugada del jueves, se realizó el trasplante renal número 191 en pacientes adultos con donante cadavérico en el Hospital de Clínicas, centro asistencial y docente dependiente de la FCM–UNA.

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El receptor fue un paciente masculino de 50 años, oriundo de Villarrica del Espíritu Santo, quien se encontraba en tratamiento con diálisis peritoneal desde hace un año y un mes.

Este logro fue posible gracias al trabajo coordinado y dedicado de un amplio equipo de profesionales, y también al gesto invaluable de la familia del donante, cuya decisión solidaria permitió salvar y mejorar la calidad de vida de otros seres humanos.

Cabe mencionar que, el valor y la generosidad de estas familias son el pilar fundamental que hace posible cada trasplante, y merecen un profundo reconocimiento por su acto de amor y humanidad.

El inmueble en cuestión posee una superficie de 750 m2, inscripto con matricula N° 12.236 de la Recoleta, cuyo dominio figura a nombre de la demandada. El pedido realizado por el representante legal de Cabañas Melgarejo señala lo siguiente:

“El inmueble fue objeto de contrato privado de compraventa celebrado en fecha 30 de julio de 2024, sujeto posterior a una adenda del 18 de noviembre de 2024, mediante eso existe el compromiso de pagar el saldo de la suma de G. 240.494.258, de los cuales ya fue abonado la suma de G. 579.505.742, siendo la suma total de la compra venta de G. 820.000.000”.

Asimismo, "la formalización del contrato de compraventa fue realizada ante el notario y escribano público José María Livieres, de acuerdo al documento agregado al expediente judicial”, indica el escrito del accionante.

Igualmente refiere que “la vendedora se ha negado reiteradamente a firmar la escritura pública de transferencia incumpliendo su obligación contractual, específicamente por no gestionar el certificado de Cumplimiento Tributario, documento esencial para formalizar la transferencia de dominio. A pesar de los reiterados llamados y colacionados que fueron diligenciados en tiempo y forma, siempre la vendedora fue renuente a cumplir con lo pactado”.

Del mismo modo, el accionante sostuvo que “el motivo principal de solicitar la medida cautelar de urgencia obedece a que el día 9 de mayo de 2025, el notario y escribano José María Livieres recibió un llamado de la vendedora Diana Verónica Chamorro Lafarja, donde solicita el levantamiento de la condición de dominio del inmueble objeto de res-litis”.

Agrega además que “también se deja constancia que existe riesgo real e inminente de que la vendedora intente transferir, gravar, enajenar o alterar el inmueble en perjuicio de los derechos adquiridos por mi representado por lo que escrito mediante presentado a la jueza civil Magali Zavala se pide que se haga lugar a la medida cautelar para evitar que la vendedora del inmueble pretenda transferir a otra persona".

Según la exposición de motivos del proyecto, Paraguay cuenta con apenas 16 puestos de peaje a nivel nacional, lo que resulta claramente insuficiente para una gestión efectiva del mantenimiento vial.

En el documento se indica que la situación presenta contrastes extremos, en el entendimiento que algunas rutas, de gran extensión, carecen completamente de puestos de peaje, mientras que otras concentran múltiples puntos de cobro en distancias cortas, generando sobrecostos injustificados para los usuarios.

Como ejemplos de la desigualdad señalada, el documento cita la Ruta PY19 entre Villeta y Alberdi, que no cuenta con ningún puesto de peaje en más de 100 kilómetros, y la Ruta PY08 entre Cnel. Oviedo, Villarrica y Caazapá, que tampoco dispone de estaciones de cobro pese a su gran extensión.

En el extremo opuesto, departamentos como Cordillera (Emboscada) e Itapúa (Coronel Bogado), enfrentan el problema de peajes demasiado próximos entre sí, lo que genera costos diarios excesivos para la población local, según la justificación del proyecto.

En este aspecto, el documento señala que la recaudación anual de los 16 puestos de peaje existentes asciende, aproximadamente, a 20 millones de dólares, mientras que el MOPC necesita al menos 60 millones de dólares anuales para realizar, adecuadamente, los trabajos de mantenimiento y conservación de las redes viales bajo su responsabilidad.

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El proyecto establece cuatro criterios fundamentales para determinar las nuevas ubicaciones de los puestos de peaje: reubicación de estaciones cercanas a cascos urbanos; implementación de peajes en redes viales extensas sin cobro; reducción del impacto económico en comunidades con estaciones consecutivas; y evaluación de infraestructura disponible y necesidades de inversión.

La propuesta, por otro lado, fija parámetros técnicos específicos: 100 kilómetros de distancia mínima entre puestos de peaje; 20 kilómetros de distancia mínima entre cualquier estación y el casco urbano de un distrito; y 5 años como plazo máximo para completar la reorganización de todos los puestos existentes.

En cuanto a la innovación tecnológica, el proyecto contempla la modernización del sistema mediante la implementación de sistemas automatizados e inteligentes (telepeajes, arcos detectores), así como cobro mixto: efectivo y pago electrónico, además de uso de aplicaciones móviles y sistemas POS.