La reciente decisión del intendente de Yaguarón, Luis Rodríguez Lugo, de establecer una Policía Municipal en la ciudad desató un intenso debate sobre la legalidad y constitucionalidad de esta medida. La nueva fuerza de seguridad, que operará con agentes uniformados y pasamontañas, tiene como objetivo principal combatir la creciente inseguridad en la zona.

Sin embargo, la abogada y especialista en Derechos Humanos, Diana Vargas, criticó esta acción, advirtiendo que se trata de una violación a la Constitución.

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En esa línea, Vargas afirmó que la creación de una policía local carece de fundamento legal, ya que solo la Policía Nacional tiene la atribución de ejercer la fuerza pública en el país. “Cualquier intento de otro organismo de hacerlo es un pisoteo a la Constitución”, expresó la abogada en entrevista con radio Ñanduti.

En ese contexto, la experta destacó que la medida parece ser más un “efecto placebo” que una solución real a los problemas de seguridad, señalando que el intendente está abordando el tema sin un diagnóstico adecuado de la situación.

“Cuando una autoridad pública toma decisiones sin un análisis serio de la problemática que desea abordar, enfrenta un problema de base. Se trata de intentar curar un síntoma sin conocer la raíz de la enfermedad”, enfatizó.

Además, argumentó que la implementación de esta fuerza local es un riesgo para la ciudadanía, ya que otorga poderes a efectivos que recibieron una formación mínima. “La Constitución establece que la fuerza pública solo puede ser ejercida por dos órganos: la Fuerza Armada y la Policía Nacional. La Policía es el único organismo habilitado para prevenir y perseguir delitos bajo la dirección del Ministerio Público”, aclaró.

En su declaración, la abogada subrayó el peligro de otorgar la facultad de uso de la fuerza a agentes que pasaron solo tres semanas de entrenamiento. “Cuando a alguien se le da el poder de usar la fuerza en nombre de la seguridad, se pone en riesgo a toda la ciudadanía. Si no nos preocupan las leyes, al menos que nos preocupe la seguridad”, concluyó.

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Una comitiva encabezada por la fiscal Katia Uemura el día de ayer realizó allanamientos en tres depósitos situados en la ciudad de Pedro Juan Caballero, Amambay.

Dichos tinglados eran utilizados para el acopio y prensado de residuos cuya finalidad era el reciclaje, incluyendo cobre, aluminio, plásticos y otros materiales.

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La presunción de las autoridades es que los responsables se dedicaban al contrabando de productos reciclables al Brasil, aprovechando la permeabilidad de la frontera seca. 

Según las investigaciones, la red venía operando desde hace varias semanas, movilizando cargas destinadas supuestamente al reciclaje procedentes de varios puntos del país.

La intervención fiscal y policial se dio con acompañamiento de funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), ya que también se investiga una posible evasión de impuestos.

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Desde la Fiscalía confirmaron que esta clase de materiales deben estar sujetos a estrictos controles ambientales y comerciales, además de cumplir una serie de requisitos legales y tributarios.

Cerca de 40.000 kilos de residuos fueron incautados en estos allanamientos, aunque ninguna persona resultó detenida.

En la jornada de ayer se registró un nuevo accidente sobre la Ruta D030, en el tramo que une las localidades de Horqueta y Tacuatí.

Se vio involucrado en este percance un camión transportador de productos cárnicos, perteneciente al Frigorífico Concepción, que volcó al costado del camino.

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El punto donde ocurrió este hecho posee una curva pronunciada y es el mismo donde el pasado mes de marzo ocurrió otro vuelco similar. En aquella oportunidad, los pobladores habían saqueado el móvil.

El Suboficial Esteban Centurión comentó al canal C9N que, al acudir al sitio, una multitud ya se encontraba allí, aparentemente con intenciones de cometer la misma acción. “El factor tiempo nos ayudó bastante”.

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A fin de evitar incidentes, se solicitó apoyo a personal policial de comisarías aledañas, así como también a efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), de modo a realizar la custodia de las mercaderías.

Funcionarios de la empresa acudieron inmediatamente para proceder al transbordo del cargamento, que pudo ser llevado con éxito a su lugar de origen, precisó.

De la escucha activa y el diálogo con la gente nace la fase 2.0 del programa Che Róga Porã, según la titular de la AFD (Agencia Financiera para el Desarrollo), Stella Guillén.

“Refleja sus necesidades, sueños y expectativas, porque la verdadera innovación surge cuando atendemos esas voces y logramos comprender que cada familia entiende sus virtudes e inquietudes”, señaló.

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El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, resaltó el efecto económico del programa, a través del rubro de la construcción y toda su cadena involucrada. Además, expuso las cuatro modalidades nuevas:

CONSTRUIR EN TERRENO PROPIO: Alguien que ya tiene su terreno y quiere construir su casa, puede acceder al financiamiento del programa y comenzar a pagar recién cuando la casa esté lista.

COMPRAR UN TERRENO Y CONSTRUIR: Si a un ciudadano le gusta un terreno en cualquier punto del país, puede postularse para acceder al apoyo de Che róga porâ 2.0.

COMPRAR EL PRODUCTO TERMINADO: el interesado puede comprar una casa, departamento o dúplex terminado, mediante el financiamiento del programa. Puede ser el que sea de su interés, no necesita ser un producto adherido al programa.

AMPLIACIÓN O MEJORA DE LA CASA PROPIA: quien ya tenga una casa propia y, por motivos del aumento de miembros de la familia o por otra razón desea ampliar, modificar o mejorar la infraestructura, también puede postularse.

Una innovación que tendrán las modalidades es la garantía financiera, pues, una de las dificultades a la hora de acceder a un crédito es precisamente la falta de garantía, por ello, el programa contará con el Fondo de Garantía.

Estas cuatro opciones se suman a la primera, que consiste en postularse a los proyectos con el combo completo: la compra del terreno y la construcción de los proyectos inmobiliarios.

El programa va dirigido a personas con ingresos de uno a cinco salarios mínimos, que pueden ser sumados entre los miembros de una familia.La tasa de interés es del 6,5 % y el plazo de hasta 30 años.

El presidente Santiago Peña, quien participó del lanzamiento, dijo que esta política pública busca eliminar las excusas para el acceso a la casa propia, enfocándose en sectores que hasta hoy no tenían opciones.

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