El ministro del Interior, Enrique Riera, se pronunció sobre la polémica creación de la Policía Municipal de Yaguarón, subrayando la importancia de mantener el marco legal y constitucional en la seguridad pública. En ese sentido, enfatizó que la única fuerza con el monopolio de la fuerza pública es la Policía Nacional, que es responsable de la aplicación de la ley y de asistir a la justicia en funciones de detención y aprehensión.

A su vez, Riera destacó que la Policía Municipal debe tener claros límites en sus competencias, señalando que aunque pueden tener funciones relacionadas con el tránsito, estas deben ser desempeñadas a través de inspectores y no con la autoridad de la policía. “Esto puede inducir a confusión en la ciudadanía”, advirtió el ministro en entrevista con GEN, haciendo referencia a la creación de cuerpos policiales paralelos.

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En esa línea, el ministro mencionó que la inseguridad en el país es un tema que preocupa a la ciudadanía y que, aunque la intención detrás de la propuesta municipal es comprensible, es crucial respetar la legalidad. “Nos quedan apenas un mes y medio para que salgan 5.000 nuevos policías. Esto resolverá el problema a corto plazo”, afirmó, refiriéndose a la inminente incorporación de nuevos efectivos a la Policía Nacional.

Riera explicó que la creación de una Policía Municipal podría llevar a una superposición de funciones con la Policía Nacional, lo que no solo violaría la Constitución, sino que también podría complicar la coordinación entre ambos cuerpos. Al respecto, indicó que se elaborará un dictamen jurídico sólido que se presentará ante la Intendencia de Yaguarón, con el objetivo de explicar los límites de las competencias municipales en relación a la seguridad.

Además, destacó la importancia de la colaboración entre los municipios y la Policía Nacional en cuestiones de seguridad. Mencionó ejemplos de intendencias que trabajaron en conjunto con la policía, tales como la instalación de cámaras de vigilancia y la creación de casetas policiales, como medidas complementarias para mejorar la seguridad en sus comunidades.

Riera también se refirió a la función de las empresas de seguridad privada, que, aunque no son equivalentes a la policía, deben operar bajo regulaciones claras y bajo la supervisión de la Policía Nacional. “No queremos que se repitan situaciones de conflicto innecesario en los municipios”, advirtió, añadiendo que se consultará a los intendentes para abordar este tema.

En cuanto a las comisiones vecinales, Riera expresó que son una herramienta valiosa para la colaboración ciudadana en la seguridad. Resaltó que una comunidad organizada puede contribuir significativamente a la seguridad del barrio, ya que las personas suelen conocerse y pueden ejercer un “control social informal”.

El ministro concluyó que el objetivo es encontrar soluciones viables y respetar el marco legal. En caso de que no haya un entendimiento con las autoridades municipales, indicó que se considerará recurrir a la justicia.

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Tras el encuentro, el ministro de Desarrollo Social (MDS), Tadeo Rojas, anunció que la cantidad de beneficiarios experimentó un salto histórico, y que esto obligó a reajustar los planes financieros para blindar la provisión del almuerzo escolar por los próximos tres años, con una fuerte inyección económica.

Al canal GEN explicó que, de acuerdo con los datos oficiales del Registro Único de Estudiantes (RUE) del 2026, la matrícula en el sector público pasó de 977.262 alumnos al inicio del programa en 2024 a un total actual de 1.076.677 estudiantes.

Este incremento de 99.415 nuevos comensales requirió la autorización del CONAE para iniciar de forma anticipada el nuevo llamado a licitación plurianual, el cual cubrirá el periodo desde agosto de 2027 hasta julio de 2030.

Detalló que la inclusión de los casi 100.000 nuevos alumnos representará un incremento presupuestario de 191 millones de dólares más en comparación con el monto adjudicado para el periodo inicial (2024-2027).

Respecto al origen de los fondos para sostener la ambiciosa política pública, Rojas aseguró que el financiamiento está plenamente garantizado por ley a través del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (FONAE).

“El Estado está obligado a buscar las fuentes de financiamiento. Ya venimos financiando prácticamente el 40% del programa con Fuente 10 (Recursos del Tesoro), además de la Fuente 30 (Royalties y compensaciones). El Ministerio de Economía preverá la proyección financiera. Este es el programa más importante que tiene el Gobierno Nacional y es una prioridad absoluta”, afirmó el ministro, agregando que el plazo fijado hasta el 2030 responde al límite de tres años que establece la Ley de Suministros y Compras Públicas para los contratos plurianuales.

Según los datos técnicos proveídos por el Ministerio de Educación en la mesa del CONAE, el incremento de estudiantes se debe a un crecimiento demográfico natural, a la migración de alumnos desde colegios subvencionados hacia escuelas públicas y a la apertura de nuevos grados de educación media en zonas rurales.

Ajuste en la compra a productores

Otro de los puntos de la jornada fue la modificación del Decreto N.º 5601, que regula el sistema de facturación y compras obligatorias al sector de la agricultura familiar y a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Si bien se mantiene el piso del 10% de compra obligatoria a este sector, el CONAE aprobó ajustar los criterios sobre el monto real ejecutado y no sobre el total contratado.

Asimismo, por razones de inocuidad y trazabilidad de los alimentos que consumen los niños, se estableció una diferenciación en la carga de facturas: un 7% corresponderá a la compra directa al productor primario y el 3% restante se destinará a productos procesados e industrializados.

“El poroto que vende el productor en forma directa probablemente tenga restos de cáscaras o cosas que no regalan limpieza ni calidad. Hay empresas que compran, procesan, limpian y envasan; de ellas compran los proveedores y esas facturas antes no se podían cargar en el sistema. Lo mismo pasa con la leche pasteurizada. Con esto evitamos que se compren productos no elaborados que representen un peligro para la comida de los chicos”, argumentó.

El desglose de ese 3% de productos procesados, según puso como ejemplo, queda de la siguiente manera: 2% para la adquisición de leche pasteurizada, 0,5% para la compra de queso pasteurizado, y 0,5% para el poroto procesado y limpio.

Por último, Tadeo Rojas destacó que Hambre Cero es un programa dinámico en constante revisión y que su impacto ya se empieza a notar no solo en el aumento de la asistencia escolar, sino en la dinamización de la economía local a través de los ministerios de Agricultura, Industria y Trabajo.

Los fiscales Luis Piñánez, Luz Guerrero y Christian Benítez presentaron el pedido de desestimación de la denuncia contra el director de Itaipú, Justo Zacarías Irún, en el caso conocido como “pupitres de oro”. El Requerimiento Fiscal n.° 16 ante el Juzgado Penal de Garantías sostiene la inexistencia de un hecho punible. Según el Ministerio Público, el Estado recibió activos físicos por un valor equivalente al monto total desembolsado, el cual ascendió a G. 310.670.983.444.

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La investigación penal n.° 3949/2025 inició en marzo de 2025 tras denuncias de legisladores sobre una supuesta sobrefacturación. La acusación original señalaba que cada conjunto costaba entre 15 y 30 dólares en las fábricas de China, pero la binacional pagaba un promedio de 96 dólares por unidad. El proceso generó controversia por la exclusión de la industria nacional y los vínculos de cercanía entre el proveedor Kamamya S.A. y altas autoridades del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, los informes técnicos de la Dirección de Análisis de Información Estratégica rectificaron los cálculos de los denunciantes. La Fiscalía aclaró que al valor bruto aduanero en origen debieron sumarse los gastos de flete internacional y nacional, seguros marinos, aranceles, despacho y el pago del IVA. Estos costos operativos locales promediaron unos 45,84 dólares adicionales por cada mueble.

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El argumento logístico también incluyó el ensamblaje de las piezas y el complejo traslado final hasta 1.383 instituciones educativas repartidas en 120 distritos de todo el territorio paraguayo. Los peritos determinaron que el precio final de aproximadamente G. 752.026 por conjunto resultó razonable y menor a los precios del mercado local, donde muebles similares alcanzan los G. 800.000.

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) certificó la recepción definitiva de la totalidad de los 410.837 conjuntos el 17 de noviembre de 2025. Al existir una contraprestación real y equivalente por el dinero abonado, la Fiscalía sostuvo la ausencia de daño patrimonial, elemento indispensable para el delito de lesión de confianza, y solicitó el archivo definitivo de las actuaciones.

La agente fiscal Lourdes Bobadilla, en un juicio oral y público, obtuvo una condena de 5 años de cárcel para el acusado.

Los antecedentes del caso revelan que en fecha 1 de julio de 2024 la víctima estaba al mando de su rodado y llegó hasta una estación de servicio ubicada cerca de la avenida Moisés Bertoni y Prat Gill y en ese lugar ascendió al rodado Cantero Bruno, quien tenía un aspecto sucio. Momentos después, el sujeto sacó un arma blanca y lo puso en la zona de la cintura del conductor, exigiéndole la entrega de sus pertenencias.

La víctima se percató de que el agresor estaba bajo los efectos de alguna sustancia presuntamente estupefaciente, por lo que pudo defenderse y sacarle el arma blanca, ya que opuso escasa resistencia, interín llegaron al lugar dos agentes Lince de la Policía Nacional para esposarlo y llevarlo detenido.

El Ministerio Público pudo probar la participación del acusado en los hechos investigados y el Tribunal de Sentencia presidido por el juez Julio López resolvió condenarlo a 5 años de pena privativa de libertad.