Sonia Escauriza, directora de Protección de Derechos de Niños y Adolescentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), recordó la vigencia de la Ley 5738, promulgada en 2016, que establece que ninguna institución educativa puede negar la participación de un estudiante en exámenes parciales ni finales, ni la entrega de sus calificaciones, debido a la mora en el pago de las cuotas. A pesar de esta normativa, la directora mencionó que las denuncias continúan llegando de forma recurrente, especialmente al final de cada ciclo escolar, cuando los padres no lograron regularizar los pagos.

“Es algo que ya está habitual, lo vemos a mitad de año y al final del ciclo. Los colegios privados ignoran sistemáticamente esta ley. Los padres que enfrentan dificultades económicas deben acercarse a la administración para hacer un compromiso de pago, con el fin de evitar situaciones problemáticas como la negativa de los exámenes,” explicó Escauriza en entrevista con GEN.

En relación con las consecuencias que pueden sufrir los estudiantes, la directora destacó que, aunque las instituciones educativas tienen el derecho de gestionar el cobro de las deudas a través de procedimientos legales, como demandas judiciales por la mora en un juicio ejecutivo, estos procesos no deben interferir con la educación de los niños.

La directora indicó que los exámenes deben tomarse en el marco regular, con los compañeros, y no en condiciones excepcionales o aisladas. Además, enfatizó que no está permitido que los estudiantes sean sacados del aula o sean sometidos a humillaciones debido a la falta de pagos.

“Lo que queremos evitar es que los niños se vean afectados emocionalmente por este tipo de prácticas. Muchos de ellos se preparan para los exámenes, y si no se les permite rendirlos, esto puede generarles un trauma, además de exponerlos a posibles situaciones de acoso escolar”, destacó la funcionaria.

Escauriza también aclaró que, en caso de que un colegio continúe negando los exámenes o las libretas de calificaciones, los padres pueden acudir a la supervisión regional del MEC, que se encargará de mediar en el conflicto. Si la situación persiste, se pueden tomar medidas administrativas contra los colegios, incluidas sanciones o sumarios.

Por otra parte, en cuanto al tema de las cooperadoras escolares en los colegios públicos, Escauriza explicó que la matrícula en las escuelas públicas es gratuita y automática, pero algunas cooperadoras escolares, que funcionan de manera independiente, a veces exigen el pago de una cuota voluntaria para que los niños sean matriculados. En estos casos, si los padres no pagan, algunos colegios incluso niegan la matrícula, lo que es ilegal.

“La cooperadora escolar es una entidad ajena a la dirección del colegio, y su aporte es completamente voluntario. No debe haber ninguna condición para la matrícula de un estudiante en una institución pública, y mucho menos debe exigirse una cuota. Si alguna cooperadora exige el pago de manera autoritaria, esto también puede ser denunciado y los directores se exponen a un sumario administrativo porque no deberían permitir eso”, indicó Escauriza.

En caso de presentarse con estas situaciones, el MEC insta a presentar las denuncias correspondientes.

Se trata de un nuevo hito que refuerza los trabajos de la Facultad de Medicina de la UNA y el Hospital de Clínicas para con la salud pública, la formación médica y la mejora continua de los servicios de alta complejidad, siempre con la esperanza puesta en el valor de la donación como acto supremo de solidaridad por parte de los donantes y sus familias.

Entre la noche del miércoles 21 de mayo y la madrugada del jueves, se realizó el trasplante renal número 191 en pacientes adultos con donante cadavérico en el Hospital de Clínicas, centro asistencial y docente dependiente de la FCM–UNA.

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El receptor fue un paciente masculino de 50 años, oriundo de Villarrica del Espíritu Santo, quien se encontraba en tratamiento con diálisis peritoneal desde hace un año y un mes.

Este logro fue posible gracias al trabajo coordinado y dedicado de un amplio equipo de profesionales, y también al gesto invaluable de la familia del donante, cuya decisión solidaria permitió salvar y mejorar la calidad de vida de otros seres humanos.

Cabe mencionar que, el valor y la generosidad de estas familias son el pilar fundamental que hace posible cada trasplante, y merecen un profundo reconocimiento por su acto de amor y humanidad.

El inmueble en cuestión posee una superficie de 750 m2, inscripto con matricula N° 12.236 de la Recoleta, cuyo dominio figura a nombre de la demandada. El pedido realizado por el representante legal de Cabañas Melgarejo señala lo siguiente:

“El inmueble fue objeto de contrato privado de compraventa celebrado en fecha 30 de julio de 2024, sujeto posterior a una adenda del 18 de noviembre de 2024, mediante eso existe el compromiso de pagar el saldo de la suma de G. 240.494.258, de los cuales ya fue abonado la suma de G. 579.505.742, siendo la suma total de la compra venta de G. 820.000.000”.

Asimismo, "la formalización del contrato de compraventa fue realizada ante el notario y escribano público José María Livieres, de acuerdo al documento agregado al expediente judicial”, indica el escrito del accionante.

Igualmente refiere que “la vendedora se ha negado reiteradamente a firmar la escritura pública de transferencia incumpliendo su obligación contractual, específicamente por no gestionar el certificado de Cumplimiento Tributario, documento esencial para formalizar la transferencia de dominio. A pesar de los reiterados llamados y colacionados que fueron diligenciados en tiempo y forma, siempre la vendedora fue renuente a cumplir con lo pactado”.

Del mismo modo, el accionante sostuvo que “el motivo principal de solicitar la medida cautelar de urgencia obedece a que el día 9 de mayo de 2025, el notario y escribano José María Livieres recibió un llamado de la vendedora Diana Verónica Chamorro Lafarja, donde solicita el levantamiento de la condición de dominio del inmueble objeto de res-litis”.

Agrega además que “también se deja constancia que existe riesgo real e inminente de que la vendedora intente transferir, gravar, enajenar o alterar el inmueble en perjuicio de los derechos adquiridos por mi representado por lo que escrito mediante presentado a la jueza civil Magali Zavala se pide que se haga lugar a la medida cautelar para evitar que la vendedora del inmueble pretenda transferir a otra persona".

Según la exposición de motivos del proyecto, Paraguay cuenta con apenas 16 puestos de peaje a nivel nacional, lo que resulta claramente insuficiente para una gestión efectiva del mantenimiento vial.

En el documento se indica que la situación presenta contrastes extremos, en el entendimiento que algunas rutas, de gran extensión, carecen completamente de puestos de peaje, mientras que otras concentran múltiples puntos de cobro en distancias cortas, generando sobrecostos injustificados para los usuarios.

Como ejemplos de la desigualdad señalada, el documento cita la Ruta PY19 entre Villeta y Alberdi, que no cuenta con ningún puesto de peaje en más de 100 kilómetros, y la Ruta PY08 entre Cnel. Oviedo, Villarrica y Caazapá, que tampoco dispone de estaciones de cobro pese a su gran extensión.

En el extremo opuesto, departamentos como Cordillera (Emboscada) e Itapúa (Coronel Bogado), enfrentan el problema de peajes demasiado próximos entre sí, lo que genera costos diarios excesivos para la población local, según la justificación del proyecto.

En este aspecto, el documento señala que la recaudación anual de los 16 puestos de peaje existentes asciende, aproximadamente, a 20 millones de dólares, mientras que el MOPC necesita al menos 60 millones de dólares anuales para realizar, adecuadamente, los trabajos de mantenimiento y conservación de las redes viales bajo su responsabilidad.

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El proyecto establece cuatro criterios fundamentales para determinar las nuevas ubicaciones de los puestos de peaje: reubicación de estaciones cercanas a cascos urbanos; implementación de peajes en redes viales extensas sin cobro; reducción del impacto económico en comunidades con estaciones consecutivas; y evaluación de infraestructura disponible y necesidades de inversión.

La propuesta, por otro lado, fija parámetros técnicos específicos: 100 kilómetros de distancia mínima entre puestos de peaje; 20 kilómetros de distancia mínima entre cualquier estación y el casco urbano de un distrito; y 5 años como plazo máximo para completar la reorganización de todos los puestos existentes.

En cuanto a la innovación tecnológica, el proyecto contempla la modernización del sistema mediante la implementación de sistemas automatizados e inteligentes (telepeajes, arcos detectores), así como cobro mixto: efectivo y pago electrónico, además de uso de aplicaciones móviles y sistemas POS.