Desde hace casi tres meses, los padres de Sol Chávez, María Edith Franco y José Chávez, llevaron su dolor y su exigencia de justicia al Palacio de Justicia, donde permanecen en vigilia, encadenados y con carteles, esperando un fallo en la apelación que podría revertir la sentencia otorgada a las dos responsables de la muerte de su hija.

La odontóloga Lilia Graciela Espinoza y la bioquímica Sandra Hermosa fueron condenadas a dos años de prisión por su implicación en el caso.

María Edith expresó su profundo descontento con la justicia paraguaya, calificando la condena como “una verdadera vergüenza y una falta de respeto hacia nosotros como padres”.

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La familia presentó una apelación buscando la nulidad del juicio anterior, en el que el Ministerio Público había solicitado inicialmente penas más severas: cinco años para Espinoza y cuatro años para Hermosa. Sin embargo, en la sentencia original, las culpables recibieron penas significativamente menores, lo que provocó la indignación de la familia Chávez.

La lucha de la familia Chávez comenzó en 2021, año en que falleció Sol. Desde entonces, han buscado que se impongan sanciones proporcionales al daño causado. “Nuestra hija era una joven llena de vida y ahora tenemos que peregrinar aquí para reclamar lo que es nuestro derecho: justicia para su muerte”, señaló María Edith en entrevista con GEN, visiblemente emocionada.

Además, mencionó que para hoy estaba prevista una manifestación, pero que fue suspendida por las inclemencias del tiempo. No obstante, fue reprogramada para mañana, por lo que hizo un llamado a todas las personas para que se unan en la causa.

La madre relató que el juicio anterior fue “mal hecho y mal intencionado”, y espera que la nueva Cámara de Apelaciones otorgue un fallo justo, que permita que ambas profesionales enfrenten un nuevo juicio y reciban una condena más severa. “Hace más de tres años de la lucha y no hemos avanzado porque seguimos pidiendo justicia por nuestra hija”, lamentó.

Actualmente, ambas mujeres, la odontóloga Espinoza y la farmacéutica Hermosa, están en libertad, cumpliendo una pena que los padres de Sol consideran irrisoria. “Nos imaginamos que están en sus respectivos lugares de trabajo como si nada, y nos preocupa que pueda haber otra víctima por esta falta de responsabilidad”, enfatizó María Edith. La familia no solo exige una sentencia ejemplar, sino también una intervención del Ministerio de Salud, ya que no se abrió ningún sumario contra las profesionales a pesar del desenlace fatal.

Los carteles que acompañan a la familia en su vigilia piden justicia y califican a las responsables como “criminales con licencias”. La consigna “Justicia para Sol Chávez” se ha volvió un lema en la causa de esta familia.

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“Después de la pandemia, el porcentaje de pacientes quemados se mantiene a un nivel alto, sobre todo en niños. Son eventos que en su mayoría son prevenibles”, expresó el médico en entrevista con Radio 650 AM.

El especialista explicó que las quemaduras en niños se producen, en su gran mayoría, en el entorno doméstico, principalmente en la cocina y en lugares con fuentes de calor. “El adulto generalmente es consciente de los riesgos, pero los niños no. La supervisión es clave”, sostuvo.

Zaputovich indicó además que la ocupación de camas en el CENQUER se mantiene constantemente entre el 80% y el 100%, con un incremento de casos en esta época del año. “Realmente es preocupante el nivel de eventos que ocurren en los hogares. Los accidentes con quemaduras son prevenibles”, insistió.

Desde la institución reiteran la importancia de reforzar la prevención en el ámbito familiar, evitando la exposición de los menores a situaciones de riesgo, especialmente en la cocina, y adoptando medidas de seguridad básicas.

“Vamos a hacer un trabajo basado en pruebas, en documentos, un trabajo serio y técnico y vamos a comunicar a la ciudadanía cómo vamos avanzando, vamos a establecer un periodo de ir dotando de la información y de cómo van avanzando”, anunció el interventor de Ciudad del Este, Ramón Ramírez.

Recalcó que la transparencia es fundamental, además del sustento físico de todo lo que se vaya encontrando. Pidió la confianza de la ciudadanía y anunció que informará de todo lo que suceda.

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“No venimos a hacer una cacería de brujas, conformamos un equipo serio, profesional, en donde está en juego no solo mi prestigio , sino también de todo el equipo que me acompaña”, indicó, en un contacto con Telefuturo.

El interventor prometió pruebas irrebatibles y advirtió que, quien desee discutirlo, deberá traer la carga de la prueba.

Por su parte, Carlos Pereira, interventor de Asunción, habló en el mismo sentido y expresó su compromiso al respecto, además de anunció que trabajará en dos frentes, por un lado, la verificación como tal, y por el otro, la administración de la Intendencia en lo que dure la intervención.

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Actualmente, no existe ninguna resolución oficial que prorrogue el plazo para la renovación de las habilitaciones, pese a los inconvenientes reportados en varios municipios tras la entrada en vigencia de la nueva ley que establece un nuevo cálculo para la patente de rodados.

“El personal operativo de la Patrulla Caminera estará controlando y sancionando a los conductores sin habilitación al día desde el 1 de julio. Esto es parte de las fiscalizaciones diarias que se realizan, no es un operativo especial”, explicó Patricia Ferreira, jefa de Relaciones Públicas de la institución.

La multa establecida es de cinco jornales mínimos, equivalentes a G. 538.135. Además, los vehículos serán retenidos, ya que “no están habilitados para circular”, precisó en entrevista con la radio Universo 970 AM.

Hasta el momento, no se concretó la reunión entre autoridades de la Patrulla Caminera y la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), que había solicitado una prórroga considerando los problemas que enfrentan los conductores en algunos municipios para regularizar el trámite. 

“Todo depende de una debida justificación y el análisis jurídico correspondiente. Mientras tanto, seguimos con la aplicación de la normativa vigente”, añadió Ferreira.

Cabe recordar que en la mayoría de los municipios del país el plazo para renovar la habilitación vence el 30 de junio, y en algunos casos ya se encuentra vencido. Por lo que, tanto la Patrulla Caminera como las policías municipales de tránsito están facultadas a aplicar las sanciones.

Desde la ANTSV señalaron que solo pueden recomendar una prórroga, pero la decisión final requiere un decreto del Poder Ejecutivo, que hasta el momento no se emitió.