En efecto, muchos de los autodenominados centros especializados, en realidad constituyen locales con estructuras y factor humano no competentes para la delicada operación que representa realizar cortes, injertos y otras operaciones que pueden derivar en complicaciones, a veces mortales.

Es en este escenario en el que la Superintendencia de Salud lanza ahora un operativo al que denomina Ñemboty (cierre) de todos los centros estéticos que no cuentan habilitación ni personal especializado para operar.

El titular del ente, doctor Roberto Melgarejo, anunció que el operativo tendrá un amplio espectro de cobertura, al punto que, de entrada, serán cien los sitios allanados.

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“La idea es atacar a fondo el problema que representa que operen locales que no están aptos para realizar este tipo de cirugías”, dijo a la 730 AM el superintendente Melgarejo.

Insistió en la necesidad de que las instituciones de control se aboquen a aplicar medidas contundentes para erradicar las prácticas médicas ilegales que tienen una derivación fatal, como este caso.

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“Después de la pandemia, el porcentaje de pacientes quemados se mantiene a un nivel alto, sobre todo en niños. Son eventos que en su mayoría son prevenibles”, expresó el médico en entrevista con Radio 650 AM.

El especialista explicó que las quemaduras en niños se producen, en su gran mayoría, en el entorno doméstico, principalmente en la cocina y en lugares con fuentes de calor. “El adulto generalmente es consciente de los riesgos, pero los niños no. La supervisión es clave”, sostuvo.

Zaputovich indicó además que la ocupación de camas en el CENQUER se mantiene constantemente entre el 80% y el 100%, con un incremento de casos en esta época del año. “Realmente es preocupante el nivel de eventos que ocurren en los hogares. Los accidentes con quemaduras son prevenibles”, insistió.

Desde la institución reiteran la importancia de reforzar la prevención en el ámbito familiar, evitando la exposición de los menores a situaciones de riesgo, especialmente en la cocina, y adoptando medidas de seguridad básicas.

“Vamos a hacer un trabajo basado en pruebas, en documentos, un trabajo serio y técnico y vamos a comunicar a la ciudadanía cómo vamos avanzando, vamos a establecer un periodo de ir dotando de la información y de cómo van avanzando”, anunció el interventor de Ciudad del Este, Ramón Ramírez.

Recalcó que la transparencia es fundamental, además del sustento físico de todo lo que se vaya encontrando. Pidió la confianza de la ciudadanía y anunció que informará de todo lo que suceda.

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“No venimos a hacer una cacería de brujas, conformamos un equipo serio, profesional, en donde está en juego no solo mi prestigio , sino también de todo el equipo que me acompaña”, indicó, en un contacto con Telefuturo.

El interventor prometió pruebas irrebatibles y advirtió que, quien desee discutirlo, deberá traer la carga de la prueba.

Por su parte, Carlos Pereira, interventor de Asunción, habló en el mismo sentido y expresó su compromiso al respecto, además de anunció que trabajará en dos frentes, por un lado, la verificación como tal, y por el otro, la administración de la Intendencia en lo que dure la intervención.

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Actualmente, no existe ninguna resolución oficial que prorrogue el plazo para la renovación de las habilitaciones, pese a los inconvenientes reportados en varios municipios tras la entrada en vigencia de la nueva ley que establece un nuevo cálculo para la patente de rodados.

“El personal operativo de la Patrulla Caminera estará controlando y sancionando a los conductores sin habilitación al día desde el 1 de julio. Esto es parte de las fiscalizaciones diarias que se realizan, no es un operativo especial”, explicó Patricia Ferreira, jefa de Relaciones Públicas de la institución.

La multa establecida es de cinco jornales mínimos, equivalentes a G. 538.135. Además, los vehículos serán retenidos, ya que “no están habilitados para circular”, precisó en entrevista con la radio Universo 970 AM.

Hasta el momento, no se concretó la reunión entre autoridades de la Patrulla Caminera y la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), que había solicitado una prórroga considerando los problemas que enfrentan los conductores en algunos municipios para regularizar el trámite. 

“Todo depende de una debida justificación y el análisis jurídico correspondiente. Mientras tanto, seguimos con la aplicación de la normativa vigente”, añadió Ferreira.

Cabe recordar que en la mayoría de los municipios del país el plazo para renovar la habilitación vence el 30 de junio, y en algunos casos ya se encuentra vencido. Por lo que, tanto la Patrulla Caminera como las policías municipales de tránsito están facultadas a aplicar las sanciones.

Desde la ANTSV señalaron que solo pueden recomendar una prórroga, pero la decisión final requiere un decreto del Poder Ejecutivo, que hasta el momento no se emitió.