A las 9:00 de la mañana está convocada la sesión de la Cámara de Senadores, que, en el punto cinco del orden del día con moción de preferencia solicitada por Juan Carlos Nano Galaverna, tiene al proyecto de Ley “De la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil”.

En su artículo 6°, de cargos de conducción política, contempla exclusiones de los funcionarios públicos que ocupen los siguientes cargos a:

a) Senadores y diputados, gobernadores y miembros de las juntas departamentales, intendentes y miembros de las juntas municipales y demás personas que ejercen cargos de elección popular.

b) Presidente de la República.

c) Vicepresidente de la República.

d) Ministros del Poder Ejecutivo.

e) Secretarios ejecutivos de la Presidencia de la República.

f) Presidente y miembros del directorio de la Banca Central del Estado.

g) Presidente y miembros del directorio de las entidades financieras oficiales.

h) Embajadores y cónsules.

i) Procurador General de la República.

j) Ministros de la Corte Suprema de Justicia.

k) Fiscal General del Estado.

l) Defensor General.

m) Síndico General.

n) Ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral.

o) Defensor del Pueblo y el Defensor del Pueblo adjunto.

p) Contralor General y el Subcontralor General de la República.

q) Presidentes, directores nacionales o equivalentes, y miembros de directorios o consejos de las entidades descentralizadas.

También quedan excluidos los miembros del Tribunal de Cuentas, miembros de los tribunales de apelación, jueces de primera instancia, jueces de paz; miembros de los tribunales y jueces electorales; miembros del Consejo de la Magistratura; los agentes síndicos; los fiscales adjuntos y agentes fiscales; los defensores adjuntos y defensores públicos; y los policías y militares en actividad.

Mario Varela, senador colorado, justificó la exclusión del Legislativo y la calificó de parcial. El artículo 3 de la Constitución Nacional, recordó, estipula un equilibrio de poderes con recíproco control y, la autonomía en la decisión del Poder Legislativo es importante, pues, si existe una concentración total y absoluta del Ejecutivo, esto pondría en peligro esa autonomía.

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Sin embargo, un artículo de la ley de servicio civil, que se mantiene, atribuye al Poder Ejecutivo la potestad de marcar los delineamientos en materia de salarios. Esto no se verá afectado, razón por la cual se habla de una exclusión parcial.

“Nosotros como Legislativo tendríamos autonomía de poder de determinar qué tipo de asesoría o perfiles de los cargos, pero la política de remuneración va a tener siempre el Ministerio de Economía y Finanzas”, comentó Varela, en una entrevista con el canal Gen-Nación Media.

Varela detalló que entre el Poder Judicial y el Legislativo representan un 3 % de todo el presupuesto público, donde, el Legislativo abarca el 0,52 % y el Judicial un 2,6 %.

Durante su discurso en la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno, Cartes sostuvo que la atención sanitaria debe convertirse en una de las principales prioridades nacionales y convocó a los distintos sectores políticos e institucionales a trabajar de manera coordinada para fortalecer el área.

“Hago un llamado a nuestros legisladores nacionales para que, en coordinación con el Poder Ejecutivo y los sectores de salud, impulsemos una revisión responsable de las prioridades presupuestarias para los próximos ejercicios fiscales de este mandato”, expresó.

El titular de la ANR señaló que el fortalecimiento del sistema sanitario requiere una mayor inversión y mencionó como desafíos pendientes la mejora de la infraestructura hospitalaria, la ampliación de la cobertura médica, la disponibilidad permanente de medicamentos y el fortalecimiento del capital humano en salud.

Según afirmó, estos objetivos deben convertirse en una política de Estado capaz de generar consensos más allá de las diferencias políticas. “La mejora de la infraestructura sanitaria, la ampliación de la cobertura médica, la disponibilidad permanente de medicamentos y el fortalecimiento del capital humano en salud deben convertirse en objetivos nacionales que nos unan por encima de cualquier diferencia”, manifestó.

Cartes también remarcó que el compromiso político debe traducirse en resultados concretos para la ciudadanía. “Nuestro compromiso político debe reflejarse en acciones concretas que permitan dignificar la atención sanitaria y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la República”, sostuvo.

Asimismo, exhortó al Gobierno a concentrar sus mayores esfuerzos en el sector y planteó que la salud pública debe ser asumida como una causa nacional. “Que esta sea una causa nacional que nos convoque a todos”, concluyó.

Según la Encuesta Permanente de Hogares, la desocupación descendió notablemente al cierre del año pasado, un logro que el presidente Peña atribuye directamente a la efectividad de sus actuales políticas económicas.

El mandatario informó a la ANR que durante el último trimestre de 2025, el índice de desempleo se ubicó en 3,6%, una cifra nunca antes alcanzada en el país.

Para Peña, este indicador refleja una dinámica positiva en el mercado laboral paraguayo, impulsada por estrategias diseñadas específicamente para multiplicar las oportunidades de inserción para los ciudadanos.

A este panorama, sumó un otro avance en el ámbito del empleo, la formalidad laboral que logró superar el 40% de la población.

Según expresó el jefe de Estado esta dinámica permitió la creación 242.000 nuevos puestos de trabajo en lo que va del actual mandato presidencial.

Durante su intervención en la presentación de su informe ante la ANR, el mandatario señaló que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada en el período fue del 2,4%, lo que representaba un aumento cercano a G. 69.000 para los trabajadores que perciben el salario mínimo.

“Un número que claramente es muy bajo para la clase trabajadora”, expresó Peña al justificar la decisión de elevar el porcentaje de ajuste.

En ese sentido, informó que resolvió duplicar el incremento inicialmente calculado. “He tomado la decisión de duplicar ese monto y que el incremento sea del 5%. Es un número equilibrado y no pone en riesgo la estabilidad macroeconómica que el Paraguay, a lo largo de gobiernos colorados, ha sabido equilibrar”, afirmó.

El anuncio se produce luego de que el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) concluyera una serie de reuniones sin alcanzar consenso entre empleadores y representantes de los trabajadores. Mientras los gremios empresariales proponían limitar el ajuste al 2,4% determinado por el Banco Central del Paraguay, las centrales obreras reclamaban un incremento de entre el 20% y el 22%, argumentando una pérdida sostenida del poder adquisitivo en los últimos años.

Las organizaciones sindicales sostenían que el salario mínimo requería un aumento de entre G. 579.000 y G. 637.790 para compensar el encarecimiento del costo de vida acumulado, mientras que los empleadores insistían en ceñirse al mecanismo tradicional basado exclusivamente en la inflación.

Ante la falta de acuerdo, el Conasam decidió recomendar un reajuste que contemplara no solo la inflación, sino también otros factores económicos y sociales, aunque sin revelar el porcentaje sugerido.

Con el incremento del 5% anunciado por el Ejecutivo, el salario mínimo pasaría de G. 2.899.048 a G. 3.044.000 mensuales, lo que representa una suba de G. 144.952 para los trabajadores que perciben el sueldo básico.