Doce años después contó lo que le hacía su profesor en el aula
Imagen referencial.
Un joven decidió denunciar a su exprofesor por supuestamente abusarlo cuando tenía 7 años y cursaba el segundo grado. El supuesto delito ocurrió hace 12 años. El sospechoso fue detenido e imputado.
La agente fiscal Julia González imputó a un docente por presunto abuso sexual sistemático en contra de un alumno de 7 años y solicitó su prisión preventiva. Los hechos, que habrían ocurrido en 2012, causaron en la víctima, ahora mayor de edad, consecuencias psicológicas como miedos extremos, descontrol emocional y pesadillas.
Según los antecedentes, los abusos comenzaron cuando la víctima cursaba el segundo grado en un colegio privado de Ciudad del Este. Inicialmente, el educador llamaba al niño a su escritorio y lo manoseaba.
Luego, obligaba al entonces menor a realizar actos sexuales y también habría intentado someterlo a la fuerza, aunque no consiguió su objetivo. Estas agresiones se produjeron de manera sistemática en el interior de la sala de clases.
Ante las secuelas emocionales sufridas, la víctima decidió denunciar los hechos el 12 de abril de 2024. A continuación, la Fiscalía Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes n.º 2 inició la investigación y, tras reunir suficientes elementos, solicitó la detención preventiva del presunto abusador.
Posteriormente, este 12 de noviembre, el hombre fue detenido en Asunción y actualmente se encuentra recluido en la comisaría 22, a disposición de la Justicia. La fiscal González decidió abrir el proceso en su contra y solicitó al Juzgado Penal de Garantías que convierta en prisión su detención preventiva.
La representante del Ministerio Público justificó la solicitud de prisión preventiva alegando la sistematicidad de los abusos, lo que constituye una circunstancia agravante. Aunque los hechos ocurrieron en 2012 y se rigen por la Ley 3440/08, la expectativa de pena podría alcanzar los 6 años.
Además, explicó que en casos de abuso sexual infantil, el plazo procesal se suspende hasta que la víctima alcanza la mayoría de edad, y con las últimas modificaciones legales, estos delitos prácticamente no prescriben.
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La mano de “Macho” estaría detrás del sicariato en Tava’i
Momento en que los sicarios llegan a bordo de una motocicleta. Imagen: captura de video.
El sicariato registrado este sábado en el distrito de Tava’i, Caazapá, tendría vinculación con Felipe Santiago Acosta Riveros, alias “Macho”, considerado como el criminal más buscado en Paraguay.
La apacible localidad de Tava’i en la tarde de ayer se vio conmocionada por un violento ataque a tiros que dejó como saldo dos fallecidos y cuatro heridos.
Las víctimas fatales fueron identificadas como Justo Pastor Bogado Ortigoza, de 29 años, y Julio César Ortega Servián, de 26 años, este último uno de los sicarios que perpetró el atentado.
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En las últimas horas trascendió la información de que Ortega -oriundo del distrito de Yby Pytá, Canindeyú- formaba parte del primer anillo del peligroso criminal Felipe Santiago Acosta Riveros.
Este sujeto había sido identificado como parte de la estructura liderada por alias “Macho”, de acuerdo a un organigrama divulgado tiempo atrás por el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI). En este caso, sería uno de sus hombres de confianza, a cargo de su seguridad.
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El Crio. Blas Fernández, subjefe del Departamento de Investigaciones de Caazapá, no descartó una eventual implicancia del peligroso criminal en este episodio catalogado como “sicariato”, más aún considerando la relación de cercanía que tuvo con el fallecido.
Datos de inteligencia sindican como el supuesto blanco del ataque a Julio César Sanabria Torales, alias “Julito”, de 35 años, quien es una de las cuatro personas que resultaron heridas de bala.
El mapa de los delitos que acorralan a las comunidades indígenas en Paraguay
Comunidad mbyá-guaraní frente al “opy” o casa ritual. Foto: ilustrativa.
Un informe divulgado por el Ministerio Público expone la dura realidad que enfrentan los pueblos originarios en nuestro país. La violencia familiar, los abusos a menores y el avance del crimen organizado encabezan los hechos más denunciados.
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Observatorio del Ministerio Público expuso un pormenorizado informe que revela la compleja situación de vulnerabilidad social y penal que atraviesan los pueblos originarios en Paraguay.
Dicho reporte expone desde la prevalencia de delitos graves hasta las barreras de discriminación que sufren al migrar a las zonas urbanas.
Entre los hechos punibles de mayor frecuencia registrados en las comunidades figuran la violencia familiar, la lesión, las amenazas, el homicidio doloso y el abuso sexual en niños. A esta lista se suman la coacción, el estupro, los delitos ambientales (Ley N.º 716/96) y el hurto agravado, siendo los días sábado, domingo y lunes los de mayor concentración de denuncias.
Los departamentos más sensibles
El análisis territorial identifica siete departamentos como las zonas más críticas por la frecuencia de causas investigadas:
- Canindeyú
- Caaguazú
- Amambay
- Concepción
- Alto Paraná
- Boquerón
- San Pedro
Según la Fiscalía, el avance del crimen organizado en estas regiones, sumado al flagelo del embarazo precoz y la violencia familiar, genera un impacto destructivo en el tejido social indígena. A esto se suma la migración hacia las ciudades, un fenómeno que expone a los nativos a la exclusión social, la pérdida de su identidad étnica y la falta de contención de sus líderes y familias extendidas.
El proceso penal: Entre la ley nacional y el derecho consuetudinario
Frente a la comisión de un delito, el sistema judicial paraguayo aplica un régimen diferenciado respaldado por la Constitución Nacional (Arts. 62 al 65) y el Convenio 169 de la OIT. Este marco reconoce la coexistencia del derecho estatal con el derecho consuetudinario indígena, siempre que no se vulneren los derechos humanos fundamentales.
El protocolo de intervención del Ministerio Público ante denuncias en comunidades sigue cuatro pasos clave:
- Notificación inmediata: La Oficina de Denuncias Penales comunica el caso al fiscal de turno y a la Dirección de Derechos Étnicos.
- Designación técnica: Se asigna un consultor técnico y un equipo especializado que se traslada hasta la comunidad para recabar datos e informar al líder comunitario.
- Abordaje en el territorio: En casos de abuso sexual o violencia familiar, una psicóloga atiende a la víctima dentro de su propia comunidad para evitar traslados costosos. El líder aconseja si corresponde aplicar la justicia ordinaria o las normas consuetudinarias.
- Dictamen jurídico-antropológico: Se elabora un informe con recomendaciones al fiscal sobre la ley aplicable, medidas de protección y posibles salidas al conflicto.
Justicia plural y diversidad cultural
El Código Procesal Penal (en sus artículos 26, 380 y 432) habilita la posibilidad de extinguir la acción penal si el conflicto fue resuelto satisfactoriamente según el derecho consuetudinario de la comunidad y con el acuerdo de las partes, previa verificación del juez.
“La configuración del delito no posee un carácter universal, sino que depende del contexto cultural. Determinadas conductas consideradas punibles por el derecho positivo pueden no serlo dentro de una comunidad indígena, y viceversa”, explicó la abogada Viviana Benítez, del equipo técnico de la Dirección de Planificación de la Fiscalía.
Esta convivencia entre el derecho estatal y las costumbres ancestrales busca garantizar que la aplicación de la justicia no despoje a los pueblos originarios de su identidad, priorizando la reparación del daño y el respeto a la diversidad cultural en todo el proceso penal.
Dos jóvenes fallecen tras sufrir aparatoso choque en Arroyos y Esteros
En estas condiciones quedó el vehículo tras el choque. Foto: Gentileza.
Dos jóvenes mujeres perdieron la vida de forma trágica en un accidente ocurrido en la localidad de Arroyos y Esteros, luego de que el vehículo en el que circulaban chocara contra dos camiones de gran porte.
En la noche del sábado se registró un accidente de tránsito con derivación fatal a la altura del Km 70 de la Ruta PY03, en la ciudad de Arroyos y Esteros, departamento de Cordillera.
Se vieron involucrados en el percance un automóvil de la marca Toyota modelo Vitz, a bordo del cual viajaban Sheyla Jazmín Rodríguez Duarte (25) y Delia Calonga Roble (26), y dos camiones semirremolque.
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El vehículo acabó colisionando de forma violenta contra estos camiones, luego de que su conductora aparentemente intentara realizar una maniobra de adelantamiento, de acuerdo a reportes de medios locales.
Los datos indican que el rodado habría intentado adelantarse por la izquierda y, al tratar de retomar su carril, impactó contra estos vehículos de gran porte que circulaban en sentido contrario.
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Ambas jóvenes, quienes son oriundas de la ciudad de Pedro Juan Caballero, fallecieron de manera instantánea a causa de la aparatosidad del choque y la gravedad de las heridas sufridas.
Los transportistas involucrados resultaron ilesos tras el siniestro vial. Por protocolo, ambos fueron sometidos a la prueba de alcotest y arrojaron un resultado negativo, de acuerdo al informe de la Comisaría 3ª de Arroyos y Esteros.
