El Decreto 2868 que reglamenta la Ley N° 6818/2021 “De Manejo Integral del Fuego”, facilitará la coordinación interinstitucional para asegurar una respuesta integral, eficiente y oportuna hacia la prevención de incendios forestales.

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El Instituto Forestal Nacional (INFONA) será responsable de aprobar y publicar anualmente un calendario de quemas, que incluirá los distritos y requisitos necesarios para otorgar permisos. En caso de condiciones climáticas adversas, podrá suspender temporalmente las actividades de quema.

Además, crea el Sistema de Monitoreo de Incendios Forestales, dependiente del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF), como un conjunto de herramientas y procesos diseñados con el objetivo de recopilar, sistematizar, analizar y proveer información necesaria para la detección temprana, prevención, monitoreo y mejora en la capacidad de respuesta ante los incendios forestales.

De esta manera, el sistema creado cubrirá todo el territorio nacional y deberá de instruirse en tal sentido a los organismos y entidades del Estado dependientes del Poder Ejecutivo a proveer la información requerida para el funcionamiento de dicho sistema.

Así mismo, se implementará un registro correlativo de permisos de quema para evitar superposiciones en actividades en fincas colindantes. Igualmente, se establecerán controles y fiscalizaciones por parte de funcionarios municipales calificados.

Óscar Stark, presidente de Copaco, informó que, en el proyecto del Presupuesto General de Gastos se incluyó un artículo que, si bien permite a Copaco hacer traslados sin línea presupuestaria, no implica una absorción total de sus funcionarios.

“Normalmente comienza con un comisionamiento, en donde la institución de origen sigue pagando el salario, posteriormente, en algún momento, varios años en algunos casos, se consigue el rubro presupuestario en la otra entidad y se hace el traslado sin línea presupuestaria”, explicó Stark, en un contacto con radio Universo 970 AM – Nación Media.

Actualmente Copaco ya tiene a 40 de sus funcionarios comisionados a otras instituciones, algunos de ellos, desde hace siete u ocho años. Estos comisionamientos se renuevan anualmente y hasta hoy, Copaco se sigue haciendo cargo de esos salarios.

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“Lo primero que prevemos resolver es que sisas 40 personas siguen allí, que esas instituciones sean las que les paguen. Esto va a resolver el problema de los comisionados”, detalló.

Sin embargo, esta no será la vía para le reducción importante de funcionarios, que actualmente totalizan 2.518. El método de mayor peso será el retiro voluntario de 700 empleados en una primera etapa.

Además, Copaco está en proceso de transferencia de un terreno al Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat, lo que generará un ingreso importante.

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Tras someter a Pedro Santiago Barrios Ruiz de 47 años (gerente de Britimp) y su esposa Emilia Marina Sánchez de Barrios de 47 años, los llevaron a la fuerza hasta dos sedes de la compañía, una ubicada en España y otra en Mariscal López, en busca de acceder a la bóveda.

En el trayecto, los delincuentes también secuestraron a un tercer empleado de la empresa, Félix Francisco Ortiz Leguizamón de 30 años, quien estaba en la primera sede de la empresa.

A pesar de los esfuerzos, los asaltantes no lograron su objetivo, ya que las víctimas no tenían acceso a las llaves ni al sistema de seguridad de la bóveda.

La fiscal Mirta Rivas informó al canal GEN que las víctimas fueron liberadas en distintos puntos: el gerente cerca del Shopping San Lorenzo y su esposa en Fernando de la Mora. La policía intervino tras recibir las llamadas de alerta por parte de los liberados.

La escena del crimen incluyó disparos en el local de Mariscal López, aunque los delincuentes no pudieron ingresar para concretar su plan.

Un vehículo con logotipos falsos de la empresa fue abandonado y está siendo analizado por criminalística, que lidera las investigaciones junto con el Departamento Antisecuestro. Horas después se reportó que un segundo rodado fue abandonado en la zona norte de Fernando de la Mora.

Hasta el momento, las víctimas están brindando declaración en el Ministerio Público, mientras las autoridades realizan todos los análisis en busca de los responsables. La investigación está en curso.

Walter Gutiérrez, ministro de la Niñez y Adolescencia, anunció ayer que, próximamente, le entregará al presidente de la República el proyecto de ley que creará un sistema de alerta y un registro de niños desaparecidos.

“Va a traer un ajuste normativo y también la incorporación de tecnología para que podamos tener los números más rápidos y que sean finos y sinceros”, explicó Gutiérrez. La presentación será en conjunto con el Ministerio del Interior.

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La propuesta de ley incorpora un protocolo potenciado entre todas las instituciones que crea un sistema de alerta y un registro parecido al que se denomina Alerta Amber.

Cifras oficiales del Ministerio de la Niñez revelan que, en los últimos años, 2.621 niños desaparecieron, de los cuales, solamente tres no fueron localizados: un niño que desapareció con su madre en el 2019, un niño que desapareció con su abuelo en el 2020 y la niña de Emboscada desaparecida en abril del 2020.

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