Además de pasar su cumpleaños (el 12 de noviembre pasado) Luis Augusto Montanaro se vio envuelto en episodios en donde ‘llevó las de perder’ en el penal de Tacumbú.

Montanaro vio empeorar significativamente su situación legal, al cierre de la pasada semana. Autoridades penitenciaras realizaron una revisión de la celda que ocupa el empresario, tras una información recibida de que el mismo habría accedido a un celular.

Te puede interesar: Ser ‘Don Juan’ en Paraguay dispara casos de cáncer de pene: el país en ranking mundial

Si bien no se dio a conocer el resultado del operativo, señalaron que el hecho se registró días después de que Montanaro pidiera su traslado a un “sitio más adecuado y seguro” al que lo destinaron para cumplir la pena de prisión por amenazas a una fiscal que atiende su caso (filmación y comercialización, sin consentimiento, de actos íntimos de parejas).

La petición de tener una celda más cómoda, fue rechazada por la autoridad competente, que alegó que los beneficios especiales para los reos no están dentro del protocolo.

Otra arista conflictiva en que se vio envuelto Montanaro, según dieron a conocer a los medios, es la relación tirante que tiene el mismo con internos vecinos a su sitio de reclusión. Señalan en ese sentido que el empresario reduce a prácticamente nula la socialización con los demás presos.

El procesado en el marco del caso Duck Sex Games afronta dos casos judiciales con el episodio de amenaza a la fiscal, documentado en videos y testimonios.

El lamentable suceso ocurrió el pasado viernes 25 de abril, cerca de las 19 hs. La pequeña recibió un impacto de bala a la altura del mentón sin orificio de salida.

De 10 años, vivía en la casa de sus tíos y estaba estudiando en compañía de otro niño. En un determinado momento, revisó el cajón de un escritorio y halló el arma, manipuló y la disparó de forma accidental.

Fue asistida por los Bomberos Voluntarios y luego derivada al Hospital Regional de Paraguarí donde ordenaron su traslado al Hospital de Itauguá, pero falleció en el trayecto.

Una persona quedó detenida, aparentemente, propietario del revólver calibre 32 milímetros. Se trata de Juan Guillermo Paredes Dávalos, de 64 años, militar jubilado.

El hecho fue comunicado al Ministerio Público que ya tomó intervención para esclarecer las circunstancias del hecho.

Se trata del acuerdo internacional más importante del siglo XX para el país después de la firma del Tratado de Paz del Chaco; porque cambiaría la historia de Paraguay y Brasil.

Las diferencias limítrofes entre ambos países encontraron la solución en una obra para el aprovechamiento de los recursos hidráulicos del río Paraná, perteneciente en condominio a las dos naciones, desde el Salto del Guairá o Salto Grande de Sete Quedas hasta la desembocadura del río Yguazú.

La rúbrica del instrumento tuvo lugar hace 52 años en el Palacio de la Meseta, Brasilia, y en representación de las Altas Partes Contratantes suscribieron el documento los cancilleres Raúl Sapena Pastor (Paraguay) y Mario Gibson Barboza (Brasil), ante la presencia de los presidentes Alfredo Stroessner y Emilio Garrastazú Médici, respectivamente.

El documento estableció las bases para la construcción de la mayor planta hidroeléctrica en generación de energía del mundo. Posteriormente, el Tratado sería aprobado primero en el Brasil el 30 de mayo de 1973, y luego en el Paraguay el 17 de julio de 1973.

Su entrada en vigor se produjo el 13 de agosto del mismo año con el intercambio de los documentos de ratificación.

Con la firma del documento se dio cumplimiento a lo establecido en el Acta Final firmada en Foz de Yguazú el 22 de junio de 1966, en lo que respecta a la división en partes iguales, entre los dos países, de la energía eléctrica eventualmente producida en el tramo referido. De hecho, la mencionada acta es considerada la piedra angular sobre la cual se erigió posteriormente el Tratado.

El Juzgado Penal de Garantías de Ciudad del Este, anuló la prisión preventiva que pesaba sobre el abogado Walter Acosta desde hace un mes.

Acosta, imputado por coacción, coacción grave y resistencia luego de agredir a una fiscalizadora del INTN, ofreció propiedades y otros bienes como caución real.

Pese a que la fiscal Rocío González y los abogados querellantes Karina Almeida y Daniel Alarcón se opusieran a la medida, el juez interino Amilcar Marecos decidió otorgar al abogado medidas alternativas a la prisión, como la prohibición de salir del país.

Walter Acosta está procesado por agredir cobardemente a la funcionaria el pasado 18 de marzo durante una verificación de los picos expendedores de combustibles en la estación de servicios Tres Fronteras.

El INTN había presentado una querella adhesiva por resistencia contra Walter Ramón Acosta, bajo patrocinio de la Procuraduría General de la República.