A los dos detenidos en el país vecino, se suma ahora el anuncio de la justicia brasileña, que ordenó congelar bienes y cuentas pertenecientes a operadores criminales, y cuyo valor asciende USD 69.000.000.

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El modo como se realiza el tráfico masivo, es con el transporte de drogas desde Bolivia a nuestro país, y desde aquí se deriva al mercado del Brasil, en donde, una porción de la droga se comercializa en ese mercado, en tanto que, el resto se envía a Europa.

Los operativos de la Senad y la Policía Federal del Brasil ejecutaron 11 incautaciones en los últimos días, en las que los traficantes exhibieron una variante en la forma de transporte: camuflar vehículos livianos con doble fondo de pisos, en los que iban paquetes de cocaína de alta pureza. Una vez en territorio brasileño, se procedía al cargado de los estupefacientes en contenedores con destino al viejo mundo, por un lado, y otros tantos para venderlos a consumidores del vecino mayor del Mercosur.

En los allanamientos en cuestión, comprobaron que, con ese sistema “hormiga”, los traficantes llegaron a transportar una tonelada de cocaína.

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Un total de 90 kilos de cocaína que iban camuflados en un camión perteneciente a una empresa paraguaya que se dirigía a Uruguay, fue detenido y confiscado en la Aduana de Clorinda en la cabecera del Puente que une a Paraguay con Argentina.

La detección se produjo gracias a la acción del can Zeus, que olfateó la mercancía en un compartimento sellado de metal. La coca fue valuada en USD 1.104.000.

Los intervinientes tuvieron que cortar dos planchas de acero y otras dos de plomo que protegían al compartimento.

“La instrucción que recibimos (del intendente ”Nenecho" Rodríguez) es que facilitemos todo (al interventor). De hecho, ya estamos preparando todo lo necesario para que pueda iniciar cuanto antes su trabajo”, declaró Benito Torres en entrevista con el canal GEN.

En ese sentido, el intendente capitalino designará a tres funcionarios para colaborar directamente con el interventor durante todo el proceso.

Torres explicó que el procedimiento contempla que la Cámara de Diputados comunique la decisión al Poder Ejecutivo, quien deberá emitir un decreto con el nombramiento del interventor. Una vez notificado el municipio, este elegido se constituirá en la sede de la comuna para realizar el corte administrativo e iniciar la auditoría.

El abogado indicó que la intervención está enfocada en el uso de los bonos G8 y G9, en base al informe de la Contraloría General de la República. Además, recordó que el interventor asume las funciones del intendente.

Respecto a los cuestionamientos sobre el uso de la Caja Única, sostuvo que existe una diferencia de criterio con la Contraloría, motivo por el cual la Municipalidad presentó una reconsideración y luego una acción contencioso-administrativa. “Hay antecedentes que avalan su uso, incluso un instructivo del propio Ministerio de Hacienda de 2014”, puntualizó.

Por otro lado, Torres reconoció que hubo retrasos en el pago de salarios a funcionarios municipales, pero aseguró que la situación ya está siendo regularizada. Uno de los motivos de la baja recaudación fue justamente el pedido de intervención hecho por la Contraloría, lo cual motivó a que los contribuyentes dejaran de pagar sus obligaciones al municipio.

“El 98% ya cobró. Lo que queda es un grupo reducido que estará cobrando hoy. No estamos en quiebra, como se quiere instalar. Es una cuestión de liquidez transitoria. El municipio tiene recursos suficientes para hacer frente a sus obligaciones”, aseguró.

Marcelo Duarte, abogado constitucionalista, expuso el alcance de las potestades de un interventor, en vista a la reciente aprobación de dos intervenciones municipales, la de Ciudad del Este y la de Asunción.

El trabajo de los interventores es bastante complejo, pero se puede sintetizar en “ver exactamente qué ha ocurrido con la administración municipal, es decir, se concentra en decisiones de carácter administrativo, no puede tomar ninguna decisión de orden político”.

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Además, revisar de qué manera fue ejercida la administración del ente, a partir de lo cual se eleva un informe al respecto.

La administración a cargo del interventor se limita a cuestiones imprescindibles, a los efectos de que la municipalidad no quede parada en las funciones que le corresponde.

“No es su función despedir porque no es un administrador, sino la persona encargada de establecer qué se hizo con la administración municipal en el tiempo que corresponde a la administración intervenida. Su función no es administrar, aunque tenga que tomar algunas medidas”, advirtió.

En cuanto al cuestionamiento de la oposición respecto a la potestad o no de la Contraloría para solicitar la intervención, el constitucionalista opinó que esa duda es más bien de origen político, pero que, no existen dudas de que esta entidad tiene todas las potestades de pedir la intervención.

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Una fuerte ola de indignación generó la denuncia sobre el supuesto sacrificio de un perra callejero durante una fiesta de “bautismo” organizada por estudiantes ingresantes de la carrera de Ciencias Veterinarias de la Universidad Católica de Coronel Oviedo.

El caso llegó hasta la Dirección de Comunicación de Defensa Animal, cuyo representante Federico Decoud, confirmó que ya iniciaron los primeros pasos para una posible denuncia penal por maltrato animal. “Nos enteramos ayer y de inmediato enviamos un equipo técnico con veterinarios. Solicitamos que nos faciliten el cadáver del animal para realizar la necropsia correspondiente”, explicó en conversación con la 650 AM.

El procedimiento médico-legal permitirá determinar cómo y cuándo murió el animal, si fue a causa de una enfermedad o si efectivamente fue sacrificado como parte del ritual de iniciación. “La necropsia nos va a dar un amplio espectro de información que podamos derivar a la Fiscalía. Cuando se trata de la muerte de un animal, se trata de una acción penal pública, conforme a la normativa vigente”, añadió.

Desde la institución afirmaron que en caso de que no exista una denuncia formal de terceros, ellos mismos iniciarán la acción judicial. “Nosotros tenemos la llave de apertura de la investigación. Si nadie hace la denuncia, la hacemos nosotros y remitimos todas las pruebas que tenemos al Ministerio Público”, sostuvo Decoud.

El hecho generó una reacción generalizada de repudio en redes sociales, especialmente por tratarse de estudiantes que se están formando justamente para proteger la salud animal. “Estamos totalmente en contra de este tipo de actos. No se entiende cómo estudiantes de veterinaria podrían participar en la muerte de un animal”, enfatizó el representante de Defensa Animal.

Por su parte, la Universidad Católica de Caaguazú deslindó responsabilidad, al tiempo de condenar el hecho realizado fuera del campus universitario. “Los actos que impliquen maltrato animal, son absolutamente repudiables y contrarios a los valores promovidos en el Campus”, expresó en un pronunciamiento.