En un operativo conjunto entre la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y el Ministerio Público, se llevó a cabo un allanamiento en una granja minera de criptomonedas, ubicada en la zona rural de Natalio, departamento de Itapúa.

La intervención se realizó en el marco de una investigación sobre el presunto uso ilegal de electricidad para actividades mineras, especialmente para la extracción de Bitcoin.

El procedimiento fue autorizado por la Jueza Penal de Garantías de María Auxiliadora, Carina Ruiz Díaz, mientras que la operación estuvo a cargo del fiscal Enrique Fornerón, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico N.º 2, quien coordinó la acción con técnicos de la ANDE, liderados por el ingeniero Miguel Lugo, del Departamento de Gestión de Pérdidas de la Zona Sur.

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Durante el allanamiento, los técnicos de la ANDE realizaron mediciones del consumo de energía eléctrica en las instalaciones de la granja minera. Los resultados indicaron que el uso de electricidad estaba dentro de los parámetros establecidos en el contrato con la ANDE, descartando así la sospecha de sustracción indebida de energía.

A pesar de ello, se informó que la granja minera está en proceso de registrarse para la explotación de energía con fines de minería de criptomonedas. Al final del procedimiento, los responsables recibieron una Cédula de Notificación de Regularización de Categoría, otorgándoles un plazo de 48 horas para regularizar su situación administrativa.

La investigación sigue su curso, y se comenzará monitoreando el cumplimiento de los trámites correspondientes.

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La decisión fue adoptada por unanimidad mediante el Acuerdo y Sentencia N.º 129, firmado por los ministros María Carolina Llanes, Alberto Martínez Simón y Silvana Luraghi, quienes concluyeron que los recursos no cumplían con los requisitos legales de fundamentación y que, en algunos casos, fueron presentados fuera del plazo establecido.

Con esta resolución quedan definitivamente firmes las condenas impuestas en el juicio oral y posteriormente confirmadas por el Tribunal de Apelación Especializado.

El Ministerio Público informó que, durante la investigación y el juicio, los fiscales Rodrigo J. Espínola, Francisco Cabrera y Néstor Coronel demostraron la existencia de un esquema para desviar recursos públicos asignados a la Gobernación de Central con el objetivo de afrontar la emergencia sanitaria.

Según la acusación, los fondos fueron desviados mediante la utilización de documentos falsos, rendiciones de cuentas irregulares y la simulación de obras que nunca llegaron a ejecutarse.

Además de Hugo Javier González, también quedó firme la condena de 10 años de prisión para Miguel Ángel Robles Ibarra. En tanto, Javier Marcelo Rojas Giménez, Luis Eduardo Allende Araujo, Lourdes Verónica Lezcano Decoud y Modesta Valiente Escobar fueron condenados a dos años de prisión, con suspensión de la ejecución de la pena.

Con la resolución de la Corte Suprema concluye el proceso ordinario en una de las principales causas de corrupción relacionadas con el uso de recursos destinados a atender la emergencia sanitaria durante la pandemia del COVID-19.

La institución informó que el objetivo de la intervención es fortalecer la seguridad alimentaria de las familias en situación de vulnerabilidad, garantizando el acceso a alimentos esenciales y brindando una respuesta oportuna a las necesidades detectadas en estas comunidades.

En total, fueron distribuidos 130 kits de alimentos en la comunidad Jotoicha, 110 en San Miguel, 66 en Nasuc y 75 en San Ramón.

Asimismo, la SEN entregó 21 kits a Primavera 1, 22 a Primavera 2, 42 a San Pío, 35 a Trinidad, 30 a la comunidad San Pedro y 16 kits de alimentos a San Antonio.

Desde la institución señalaron que estas acciones forman parte de las intervenciones permanentes que se realizan en el Chaco para asistir a las poblaciones más vulnerables y garantizar el acompañamiento estatal ante las necesidades alimentarias.

La intervención estatal se activó tras la difusión de un video en redes sociales que alertó sobre la crítica situación en el barrio. Las imágenes mostraban a niños y adolescentes, principalmente varones de entre 10 y 15 años, portando y manipulando armas de fuego, presuntamente implicados en la comercialización de drogas.

Ante esta situación, el caso fue derivado de urgencia a la Fiscalía Ordinaria Penal para evaluar la responsabilidad de los padres por exposición al peligro, así como a la Fiscalía del Crimen Organizado y Tráfico.

Durante los procedimientos, las autoridades localizaron a seis niños cuyos padres también se dedicaban de forma directa a la venta de sustancias ilícitas.

Lourdes Fernández, directora de Protección del MINNA, advirtió que la utilización de menores en estas redes es una práctica común que los expone de manera directa al consumo de estupefacientes. La funcionaria señaló que, aunque el operativo resultó invasivo y generó temor en la comunidad, el análisis de las cámaras de vigilancia de la zona permitirá visibilizar los mecanismos de reclutamiento de estos niños.

Durante las revisiones en las viviendas, los agentes capturaron a varios padres en flagrancia mientras comercializaban drogas y se incautaron de diversos elementos cortopunzantes.

Respecto al destino de los niños cuyos padres resultaron detenidos, las autoridades informaron que se está evaluando el entorno de sus familias ampliadas. En paralelo, un defensor de la Niñez dispuso medidas de protección urgentes para que los menores sean trasladados y resguardados en los centros especializados con los que cuenta el MINNA