El ministro del Interior, Enrique Riera, indicó que la información está confirmada y que se impartió a través de la jueza Liz Sánchez una orden de captura internacional, específicamente ante el gobierno venezolano.

El comisario Nimio Cardozo, jefe del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional, dijo por su parte que los cuatro hermanos de Carmen Villalba, sindicados de formar parte del brazo logístico del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), abandonaron el país vecino, tras perder el estatus de refugiados políticos otorgado durante el gobierno kirchnerista. “Se sabe perfectamente que ya no están en Argentina”, dijo Cardozo

Puede interesarle: Guerra fría de primer mundo con Paraguay de trasfondo: China niega ciberataque

El 14 de octubre pasado, el ministro Riera había informado que el gobierno de Javier Milei tomó la decisión de retirarles el estatus de refugiados con el fin de que sean sometidos a la justicia paraguaya.

El anuncio fue ratificado tras un encuentro registrado en junio, cuando la ministra argentina de seguridad Patricia Bullrich, víctimas y familiares de víctimas del EPP, se reunieron en nuestro país.

Entonces, la ministra manifestó que el gobierno de Milei no permitirá a terroristas disfrazados de políticos refugiados en Argentina.

“Usaron nuestro país para criar a sus hijos y luego sumarlos a las filas del EPP en Paraguay. Incurrieron en decenas de delitos, entre ellos, secuestros, asesinatos, narcotráfico y la trata de niños para usarlos de guerrilleros”, acotó.

El lamentable suceso ocurrió el pasado viernes 25 de abril, cerca de las 19 hs. La pequeña recibió un impacto de bala a la altura del mentón sin orificio de salida.

De 10 años, vivía en la casa de sus tíos y estaba estudiando en compañía de otro niño. En un determinado momento, revisó el cajón de un escritorio y halló el arma, manipuló y la disparó de forma accidental.

Fue asistida por los Bomberos Voluntarios y luego derivada al Hospital Regional de Paraguarí donde ordenaron su traslado al Hospital de Itauguá, pero falleció en el trayecto.

Una persona quedó detenida, aparentemente, propietario del revólver calibre 32 milímetros. Se trata de Juan Guillermo Paredes Dávalos, de 64 años, militar jubilado.

El hecho fue comunicado al Ministerio Público que ya tomó intervención para esclarecer las circunstancias del hecho.

Se trata del acuerdo internacional más importante del siglo XX para el país después de la firma del Tratado de Paz del Chaco; porque cambiaría la historia de Paraguay y Brasil.

Las diferencias limítrofes entre ambos países encontraron la solución en una obra para el aprovechamiento de los recursos hidráulicos del río Paraná, perteneciente en condominio a las dos naciones, desde el Salto del Guairá o Salto Grande de Sete Quedas hasta la desembocadura del río Yguazú.

La rúbrica del instrumento tuvo lugar hace 52 años en el Palacio de la Meseta, Brasilia, y en representación de las Altas Partes Contratantes suscribieron el documento los cancilleres Raúl Sapena Pastor (Paraguay) y Mario Gibson Barboza (Brasil), ante la presencia de los presidentes Alfredo Stroessner y Emilio Garrastazú Médici, respectivamente.

El documento estableció las bases para la construcción de la mayor planta hidroeléctrica en generación de energía del mundo. Posteriormente, el Tratado sería aprobado primero en el Brasil el 30 de mayo de 1973, y luego en el Paraguay el 17 de julio de 1973.

Su entrada en vigor se produjo el 13 de agosto del mismo año con el intercambio de los documentos de ratificación.

Con la firma del documento se dio cumplimiento a lo establecido en el Acta Final firmada en Foz de Yguazú el 22 de junio de 1966, en lo que respecta a la división en partes iguales, entre los dos países, de la energía eléctrica eventualmente producida en el tramo referido. De hecho, la mencionada acta es considerada la piedra angular sobre la cual se erigió posteriormente el Tratado.

El Juzgado Penal de Garantías de Ciudad del Este, anuló la prisión preventiva que pesaba sobre el abogado Walter Acosta desde hace un mes.

Acosta, imputado por coacción, coacción grave y resistencia luego de agredir a una fiscalizadora del INTN, ofreció propiedades y otros bienes como caución real.

Pese a que la fiscal Rocío González y los abogados querellantes Karina Almeida y Daniel Alarcón se opusieran a la medida, el juez interino Amilcar Marecos decidió otorgar al abogado medidas alternativas a la prisión, como la prohibición de salir del país.

Walter Acosta está procesado por agredir cobardemente a la funcionaria el pasado 18 de marzo durante una verificación de los picos expendedores de combustibles en la estación de servicios Tres Fronteras.

El INTN había presentado una querella adhesiva por resistencia contra Walter Ramón Acosta, bajo patrocinio de la Procuraduría General de la República.