Desde su creación, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) se desarrolló como una herramienta para presionar a los deudores a cumplir con este deber legal. Sin embargo, a pesar de su implementación plena hace casi un año, persisten denuncias de lentitud en el proceso de inscripción, lo que afecta a millas de madres y niños que dependen de estas prestaciones para garantizar su bienestar.

De acuerdo con datos recientes, las denuncias de padres morosos aumentaron de manera significativa, reflejando una problemática social que impacta directamente en la calidad de vida de los menores. A pesar de los avances en la digitalización de los procesos judiciales, como la obtención de certificados de inscripción al REDAM en línea, existen obstáculos legales y administrativos que ralentizan la inscripción de deudores.

Un factor clave es la necesidad de que la sentencia de asistencia alimentaria sea firme y ejecutada, un requisito que muchas veces se ve demorado por la falta de notificación al demandado o por recursos legales que buscan modificar la sentencia. Esto retrasa el ingreso de los padres al registro y, en consecuencia, limita la efectividad de las medidas coercitivas.

El REDAM logró ciertos avances al restringir trámites como la renovación de licencias de conducir o la transferencia de bienes para aquellos que adeudan tres o más cuotas alimentarias. Sin embargo, es solo una de las herramientas disponibles.

• Embargos y remates: El Poder Judicial puede ordenar la ejecución de bienes para garantizar el pago de las deudas.
• Retención salarial: En casos donde el deudor esté asalariado, se puede establecer un descuento automático de su salario para cumplir con la prestación.
• Vía penal: El incumplimiento prolongado puede derivar en denuncias ante el Ministerio Público, que podrían llevar a órdenes de captura o incluso condenas penales.

La morosidad en las prestaciones alimentarias no solo representa una violación de derechos legales, sino que también afecta directamente el desarrollo integral de los niños. La falta de recursos dificulta el acceso a educación, salud y alimentación adecuada, obligando a las madres a asumir cargas económicas que deben ser compartidas.

Especialistas como la jueza Pili Rodríguez, del fuero de la Niñez y la Adolescencia, destacan la necesidad de mayor información y apoyo legal para las madres afectadas. También se subraya la importancia de agilizar los procesos judiciales y garantizar que las sentencias sean firmes y ejecutables en plazos razonables.

Nelson Mendoza, director de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), confirmó a la 730 AM que aún siguen adelante las gestiones para ofrecer vuelos directos a Miami, Estados Unidos.

Para el próximo martes está pautada la visita de delegados de la aerolínea brasileña Gol, a fin de avanzar en este proceso, que momentáneamente quedó en ‘stand by’. “Tratarán de hacer un último intento para hacer esta ruta”.

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Mendoza aclaró que la conexión Asunción-Miami se encuentra “postergada”, no así cancelada, por lo que se espera su entrada en vigencia con el primer vuelo inaugural lo antes posible.

Como forma de paliar la situación, Gol incorporó una nueva frecuencia en la ruta Asunción-Río de Janeiro, ofreciendo una escala para tener conexión directa con Nueva York.

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En otro orden de cosas, el titular de la DINAC anticipó la firma de un memorándum de entendimiento con la Administración de Seguridad del Transporte de EE.UU. (TSA, por sus siglas en inglés) para fortalecer el sistema de seguridad aeroportuaria.

La decisión de postergar los vuelos directos a Miami (que debían arrancar antes del inicio de la Copa Mundial de Fútbol) obedece a razones financieras, a consecuencia del reciente aumento en el costo de los combustibles a nivel internacional.

En un acto encabezado esta mañana por el presidente de la República, Santiago Peña, se procedió a la habilitación oficial del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) de Villa Hayes.

Se trata del tercer espacio de este tipo (sumado a los inaugurados anteriormente en Capiatá y Encarnación) y del primero que funciona en la región del Chaco paraguayo.

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El nuevo centro forma parte del programa “Semillas del Futuro”, impulsado por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), en conjunto con otras instituciones, y tendrá capacidad para recibir a aproximadamente 100 niñas y niños desde los 3 meses hasta los 4 años.

Allí se ofrecerá atención integral durante una etapa clave para el desarrollo cognitivo, emocional, físico y social, contando con salas diferenciadas por edades, consultorios médicos, comedor, parque inclusivo y espacios destinados al acompañamiento familiar y comunitario.

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Durante su discurso, Peña enfatizó el valor humano y transformador del programa “Semillas del Futuro”, destacando que los centros de atención representan una política pública pensada para acompañar tanto a los niños como a sus familias.

Unos 50 Centros de Atención Integral a la Primera Infancia se encuentran actualmente en etapa de construcción. El programa prevé alcanzar un total de 100 espacios, en los 17 departamentos del país.

El Mecanismo de Prevención de la Tortura se hizo eco de la denuncia que involucró a la Residencia de Adultos Mayores “El balcón de la Luna”, ubicada en Capiatá, y que guarda relación con un intento de extracción de dinero de la cuenta de un anciano fallecido.

La encargada de dicho establecimiento, Sara Andrea Irala Zárate, habría utilizado la tarjeta de cobro de la pensión de la tercera edad de este residente para tratar de retirar una millonaria suma de dinero del banco.

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En vista a lo acontecido, el MNP reitera la necesidad de fortalecer las garantías de protección y autonomía de las personas adultas mayores que residen en hogares de cuidado, especialmente en contextos en los que requieren apoyos para la toma de decisiones.

Funcionarios del ente el año pasado habían realizado una visita al hogar, ocasión en que ya advirtieron sobre riesgos vinculados a la vulneración de derechos y sobre la necesidad de fortalecer estas garantías.

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En tal sentido, el MNP resalta que la institucionalización y la necesidad de apoyos para las actividades de la vida diaria no implican la pérdida de derechos ni de la capacidad de participar en decisiones sobre la propia vida.

“Cuando las personas adultas mayores requieren apoyo en la toma de decisiones, la protección debe ejercerse mediante una representación legal adecuada, siendo fundamental el rol del Ministerio de la Defensa Pública para resguardar sus derechos y autonomía”, enfatiza el comunicado.