El ingeniero José González, director de distribución de la ANDE, explicó que, alrededor de las 13:30 de ayer comenzaron a soplar fuertes ráfagas de viento que sacaron de servicio a 61 líneas alimentadoras de 23.000 voltios.

En tal sentido, la ANDE cuenta con un departamento forestal, que tiene planes y metas de poda de árboles, sobre todo, los del sistema metropolitano, donde existen algunos muy añosos.

Al margen de estas acciones previstas a largo plazo, en el lapso de una hora, refirió, el 40 % (24 de los 61) fue restablecido, mientras que el resto terminó de normalizarse a las 20:00.

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“Tuvimos inconvenientes, principalmente en áreas de árboles caídos que ocasionaron la suelta de conductores de distribución”, comentó el ingeniero, en una entrevista con el canal Gen-Nación Media.

A estas horas se mantienen los cortes de energía en algunos puntos, principalmente en baja tensión, aunque no se tiene cuantificada la cantidad de usuarios. Sin embargo, se espera restablecer el servicio en el transcurso del día. Hasta entonces, se mantiene activo el código rojo.

Los puntos más afectados con la interrupción fueron: Asunción, Lambaré, Limpio, Luque, San Antonio, Ñemby, Roque Alonso, Capiatá y fue expandiéndose al interior del país. Uno de los inconvenientes en el microcentro se debió a que los registros están trancados por basura y eso hace que el agua ingrese a los puestos de distribución.

OBRAS PARA EL AÑO PRÓXIMO

Existen obras licitadas a través de licitaciones de contrato y consisten en sustituir las redes aéreas desnudas por redes aéreas protegidas a nivel de 23.000 voltios. A nivel de baja tensión, de 220 a 380 voltios entre fases, se espera pasar de líneas áreas desnudas a redes preensambladas o aisladas La cobertura total será alcanzada en un lapso de cinco a seis años. “También estamos reforzando las instalaciones en cuanto a transformadores de distribución. La meta es instalar 1.500 transformadores, de los cuales, ya hemos instalado el 80 %”, contó el ingeniero.

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La Superintendencia de Salud terminó la investigación por la extirpación de la mama incorrecta a la paciente de 62 años. El documento califica el evento como una falla multifactorial de seguridad quirúrgica. El equipo médico operó el lado izquierdo de la mujer, pese a que el diagnóstico confirmaba cáncer en el lado derecho.

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Antes de la intervención, la paciente comunicó al anestesiólogo su patología en la mama derecha. Sin embargo, los profesionales omitieron la pausa de seguridad conocida como “time out”.

La marcación de la mama ocurrió dentro del quirófano cuando la mujer ya estaba dormida. El protocolo exige que este paso sea previo y con participación del paciente. Al despertar, la Sra. Franco increpó a la cirujana con un grito: “Me sacaste la mama equivocada”.

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Otro de hallazgo más graves es la manipulación de pruebas físicas y digitales. Los auditores detectaron raspaduras y borrones intencionales en la lista de verificación para fingir el cumplimiento de normas. Además, el sistema informático registró cambios en el relato médico apenas seis minutos después de la cirugía. Alguien borró la frase “sin complicaciones” e insertó datos sobre hemorragias para justificar el error, también se intentó borrar el “SÍ” en el apartado de marcación del sitio quirúrgico para poner un “NO”, buscando ocultar que no se había cumplido el protocolo.

También, se señala un descontrol administrativo. El Servicio de Mastología funcionaba sin un jefe responsable durante esos días por vacaciones de la titular. Varios médicos admitieron ante los auditores el desconocimiento total de los protocolos de cirugía segura. El departamento operaba en un estado de acefalía funcional.

Debido a estas evidencias, la Superintendencia recomendó sumarios administrativos para todo el equipo interviniente. También envió una copia íntegra del informe al Ministerio Público por la posible comisión de delitos relacionados con documentos falsos.

El allanamiento liderado por el fiscal César Sosa, de la Unidad de Lucha contra el Narcotráfico, se realizó en una vivienda ubicada en el barrio San Juan de Asunción, un lugar utilizado como foco de distribución de estupefacientes.

En el domicilio detuvieron a Mónica Dahiana Bóveda Báez, de 24 años, investigada por la Senad por proveer drogas y mantener en zozobra a la vecindad.

Se la considera “aspirante a influencer” porque todavía no tenía mucho alcance en las redes sociales, pero las utilizaba para proyectar una imagen “vinculada al estilo de vida de las influencers”.

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En su cuenta de TikTok, en la que utilizaba mucho filtro, también captaba clientes para su negocio dedicado al microtráfico.

De su casa incautaron 261,6 gramos de marihuana, 23,7 gramos de pasta base de cocaína y 6 gramos de clorhidrato de cocaína. Esta cantidad equivale a 165 dosis.

También hallaron armas, municiones y dinero en efectivo en billetes de baja denominación.

Al momento de la intervención, encontraron a varios menores de edad que pretendían adquirir la “mercadería”. Todos fueron entregados a sus padres.

Ayer miércoles se realizó otra reunión de la Conasam en la sede del Viceministerio de Empleo y Seguridad Social, donde, una vez más, no llegaron a un acuerdo.

La última sesión ordinaria será el próximo miércoles 17 de junio, sin perjuicio de que puedan convocar a otra edición a pedido de los miembros.

Jorge Rivas, director de Conasam, explicó que, para elevar la recomendación, tienen en cuenta “un montón de elementos”, entre ellos, las propuestas de ambos sectores.

Durante los últimos años, el método de reajuste ha sido muy predecible: el BCP envía el porcentaje de inflación interanual, el Conasam recibe el papel y lo pasa al Poder Ejecutivo con la recomendación de un incremento equivalente a dicho porcentaje.

Sin embargo, ese patrón se romperá por primera vez, según anunció la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, quien prometió una discusión histórica.

“Anteriormente se reunían esperando solamente la inflación de mayo con un envío de una nota del BCP, se firmaba el acta y se iba, era un pasamano, eso no va a ocurrir ahora, vamos a tener una real negociación”, afirmaba Recalde la semana pasada, en una visita al canal Gen.

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Recordó que la ley es clara, en el sentido de que el salario se define sobre la base del IPC, no en base al IPC, lo cual les otorga cierto margen para que las partes puedan negociar. Además, señaló que la Conasam no se rige solamente por el artículo 256 del Código Laboral, sino por un capítulo que va desde el artículo 249 al 259.

El presidente Peña reconoció que el incremento de sueldo con base al porcentaje de inflación no refleja la pérdida del poder adquisitivo y que se necesita buscar otro camino.

SI FUERA POR EL MÉTODO DE SIEMPRE

El salario actual es de G. 2.899.048 , el cual subiría G. 69.577, equivalente al 2,4 % del IPC que reportó el Banco Central.

Con esos números, el nuevo salario mínimo será de: G. 2.968.625

El 9 % que se le descontará al trabajador es: G. 267.176

El sueldo neto, con el descuento de IPS será: G. 2.701.449

Además, el nuevo jornal mínimo, que hoy es de G. 111.500, subiría a G. 114.177

Bernardo Rojas Da Costa, representante del sector trabajador; Enrique Tomás Vidal Lovera, representante del sector empleador; y el director de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Jorge Rivas, presidente del Consejo, participaron de la mesa de diálogo..

PROYECTO A FUTURO

Al margen de la definición de este año, que será distinta, a futuro se prevé presentar un proyecto de ley que propone desindexar (sacar) del jornal mínimo ítems como impuestos, multas, etc, que se miden en jornales mínimos y establecer una nueva unidad de medida, de tal forma a que el reajuste del salario no repercuta directamente en dichos ítems.