La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) llevó a cabo una intervención en la zona de Península, en el departamento de Alto Paraná, tras recibir denuncias sobre una presunta instalación de criptominería en el lugar. Sin embargo, según informes preliminares, los equipos habrían sido trasladados durante la noche anterior al operativo, complicando las acciones de verificación.

En el lugar estuvo presente el ingeniero Crispín Pereira, jefe de Pérdidas de la Región Este, que abarca los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú. Su participación fue clave para coordinar las labores de control y supervisar la situación en terreno, en busca de indicios que confirmen la actividad denunciada.

Una de las personas señaladas como presunto responsable de esta operación sería un ciudadano identificado con el apellido Irrazábal, lo que generó indignación en la comunidad local. Vecinos de la zona exigen una investigación exhaustiva para determinar a los involucrados y esclarecer las irregularidades relacionadas con esta actividad.

La criptominería, conocida por su alto consumo de energía, genera preocupación entre los residentes debido a su impacto directo en la calidad del suministro eléctrico. Según los manifestantes, la inestabilidad en el servicio afecta la vida cotidiana y el desarrollo de la comunidad.

En respuesta, los pobladores iniciaron movilizaciones en demanda de mayor control por parte de las autoridades y la implementación de medidas concretas para garantizar un suministro eléctrico estable y sin conexiones ilícitas. Además, insisten en la necesidad de sanciones ejemplares para quienes resulten responsables de cualquier tipo de irregularidad que comprometa el servicio.

Las autoridades aseguraron que continuarán con las investigaciones para determinar las responsabilidades y tomar acciones que permitan restablecer la confianza de los usuarios en el departamento.

Se trata del acuerdo internacional más importante del siglo XX para el país después de la firma del Tratado de Paz del Chaco; porque cambiaría la historia de Paraguay y Brasil.

Las diferencias limítrofes entre ambos países encontraron la solución en una obra para el aprovechamiento de los recursos hidráulicos del río Paraná, perteneciente en condominio a las dos naciones, desde el Salto del Guairá o Salto Grande de Sete Quedas hasta la desembocadura del río Yguazú.

La rúbrica del instrumento tuvo lugar hace 52 años en el Palacio de la Meseta, Brasilia, y en representación de las Altas Partes Contratantes suscribieron el documento los cancilleres Raúl Sapena Pastor (Paraguay) y Mario Gibson Barboza (Brasil), ante la presencia de los presidentes Alfredo Stroessner y Emilio Garrastazú Médici, respectivamente.

El documento estableció las bases para la construcción de la mayor planta hidroeléctrica en generación de energía del mundo. Posteriormente, el Tratado sería aprobado primero en el Brasil el 30 de mayo de 1973, y luego en el Paraguay el 17 de julio de 1973.

Su entrada en vigor se produjo el 13 de agosto del mismo año con el intercambio de los documentos de ratificación.

Con la firma del documento se dio cumplimiento a lo establecido en el Acta Final firmada en Foz de Yguazú el 22 de junio de 1966, en lo que respecta a la división en partes iguales, entre los dos países, de la energía eléctrica eventualmente producida en el tramo referido. De hecho, la mencionada acta es considerada la piedra angular sobre la cual se erigió posteriormente el Tratado.

El Juzgado Penal de Garantías de Ciudad del Este, anuló la prisión preventiva que pesaba sobre el abogado Walter Acosta desde hace un mes.

Acosta, imputado por coacción, coacción grave y resistencia luego de agredir a una fiscalizadora del INTN, ofreció propiedades y otros bienes como caución real.

Pese a que la fiscal Rocío González y los abogados querellantes Karina Almeida y Daniel Alarcón se opusieran a la medida, el juez interino Amilcar Marecos decidió otorgar al abogado medidas alternativas a la prisión, como la prohibición de salir del país.

Walter Acosta está procesado por agredir cobardemente a la funcionaria el pasado 18 de marzo durante una verificación de los picos expendedores de combustibles en la estación de servicios Tres Fronteras.

El INTN había presentado una querella adhesiva por resistencia contra Walter Ramón Acosta, bajo patrocinio de la Procuraduría General de la República.

La fiscal María Laura Finestra imputó al trabajador de 60 años que, el jueves pasado, cuando descargaba mercaderías en un negocio del barrio Santa Ana de Asunción, fue interceptado por dos hombres armados en una motocicleta.

En ese instante Carlos Alberto se percató de las intenciones de las dos personas y con un arma de fuego calibre 38 que poseía en su vehículo, bajó y realizó disparos intimidatorios hacia arriba, sin mirar hacia donde fue el proyectil que luego impactó en Jonatan Ariel Franco Galeano, quien falleció en el sitio.

El fallecido cuenta con frondosos antecedentes por robo agravado entre el año 2022 y 2023.

El trabajador se puso a disposición de la justicia y el viernes declaró ante el Ministerio Público que, finalmente, lo imputó según lo establecido en el Art. 105 inc. 3 del Código Penal.