El proyecto de ley ya fue presentado a la Cámara de Diputados, según anunció el viceministro de Política Criminal Víctor Benítez, y busca sancionar con cárcel a los responsables de entregar celulares a los internos.

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Actualmente, este hecho solo tiene sanción administrativa, como por ejemplo, la prohibición de ingresar al centro penitenciario o de visitar nuevamente a una persona privada de libertad.

“Queremos tratar de desalentar un poco más el ingreso o la tentativa de ingreso de aparatos celulares, tecnológicos de comunicación que no estén autorizados, con diferentes expectativas de pena”, expresó Benítez a la radio 650 AM.

El viceministro explicó que las penas se aplicarán dependiendo de quien infrinja, cuando se trata de una visita familiar o de amigos se prevé una sanción de 2 a 4 años de cárcel. En el caso de proveedores de alimentos o empresas que trabajan con el Ministerio de Justicia, la pena podrá ser aumentada hasta 5 años. Si es un funcionarios encargado de custodiar el centro, la pena podrá ser aumentada hasta 7 años.

“No podemos descartar la complicidad de los agentes, entonces de esta forma queremos ver si es que se evita o mínimamente disminuye justamente el ingreso de los aparatos. Creo que podríamos mejorar la situación con este proyecto de Ley, pero esto va a tener que estar emparejado con el control de los funcionarios nuevamente”, agregó.

Según informó Víctor Benítez, viceministro de Política Penal, entre las disposiciones principales se establece un día exclusivo para estas visitas, la delimitación de áreas seguras y la obligatoriedad de que los menores estén acompañados por un adulto responsable en todo momento.

El protocolo busca evitar incidentes como el denunciado recientemente en la penitenciaría regional de Encarnación, donde se reportó el presunto abuso sexual de un menor durante una visita. Aunque las investigaciones están en curso bajo la dirección del fiscal Carlos Valdez, las autoridades aún no lograron identificar imágenes del ingreso del niño al penal. Según el relato de la víctima, fue llevada por su madre, consumió un líquido que lo dejó somnoliento y habría sido abusado en esa circunstancia.

Benítez aseguró al canal GEN que los controles serán reforzados con la colaboración del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, además de supervisiones aleatorias del propio Ministerio de Justicia. Estas inspecciones buscarán garantizar que las medidas del protocolo se cumplan cabalmente, y que el acceso de menores a los penales se realice en condiciones de seguridad óptimas.

El viceministro subrayó la importancia de estas medidas en un contexto de hacinamiento y falta de infraestructura adecuada en las cárceles del país, lo que históricamente dificultó el control de las visitas. Asimismo, reiteró el compromiso de las autoridades para esclarecer el caso de Encarnación y sentar precedentes que protejan a los menores en futuras visitas.

La periodista de Nación Media, Rocío Gómez, informó que son varios los comerciantes y vendedores que se mantienen ansiosos por el movimiento comercial en Encarnación.

Según estimaciones, unos 2.000 comercios que operan en la ciudad fronteriza con Argentina esperan un repunte en las ventas, en coincidencia con la temporada alta.

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En la actualidad, se reporta un buen movimiento en el circuito comercial de la capital itapuense, con la visita de un considerable número de turistas, en la previa a las fiestas de fin de año.

Daniel Ferreira, vicepresidente de la Cámara de Comercios de Encarnación, manifestó al canal GEN que, si bien aún no tienen el volumen deseado, esperan aumentar las ventas entre diciembre y enero.

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“Con el fin de curso de colegios, vimos mucha afluencia de gente, muchos alumnos optan por venir a Encarnación. Ahora va a empezar la temporada de verano y habrá más alquileres, ese es dinero que va a quedar en Encarnación”, afirmó.

Prendas de vestir, productos electrónicos y cubiertas son los principales productos adquiridos por turistas argentinos en Encarnación, añadió la periodista en su informe.

La jueza penal de garantías, Cinthia Lorena, elevará a juicio oral y público el caso del cantante Pablo Benegas, acusado de pornografía infantil, coacción sexual y otros hechos punibles. La decisión se tomó tras una audiencia preliminar realizada en el Palacio de Justicia.

El proceso entrará en una nueva etapa una vez que se realizará el sorteo correspondiente para designar a los integrantes del tribunal encargado del juicio. Según lo estimado, el desarrollo del juicio se programará para el próximo año, teniendo en cuenta que el período de feria judicial inicia el 1 de enero.

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Los antecedentes indican que entre el 9 y 10 de noviembre del 2023, Benegas llevó a su casa a dos menores, ambas hermanas, una de 11 años y otra de 16 años.

Les dio comida y bebida a las que les agregó cocaína y otra droga. Todo esto sirvió para facilitar el abuso sexual de ambas. A la mayor le entregó 500.000 guaraníes como “recompensa” y en un afán por garantizar su silencio. En tanto, la menor sufrió una intoxicación y estuvo hospitalizada dos semanas.

Según los datos obtenidos durante la pesquisa, el cantante también filmó a las niñas, además de mostrarles videos íntimos con otras mujeres con la misma ropa con las que vistió a ellas para el acto.

De la vivienda de Pablo Benegas incautaron tres celulares, seis pendrives, lencerías varias, tres cámaras de filmación, elementos eróticos, entre otras evidencias

Pablo Benegas guarda reclusión en Emboscada, en cumplimiento a la medida de prisión preventiva.