La firma Apeiroo, con sede en Emiratos Árabes Unidos, recientemente detectó una masiva filtración de datos pertenecientes al Ministerio Público de Paraguay.

La filtración abarca bases de datos de correos electrónicos pertenecientes a fiscales de nuestro país, entre ellos el del fallecido Marcelo Pecci, así como de Osmar Legal, Marco Alcaraz o Liliana Alcaraz, por citar algunos. De igual manera, aparece el email de la exfiscal general Sandra Quiñónez.

“Encontramos que alguien estaba subastando los archivos de correos, no solamente la dirección sino también el archivo completo con el historial (de correos)”, expresó al canal SNT Daniel Cabezas, managing director de Apeiroo.

La detección fue posible mediante búsquedas realizadas por la citada empresa de seguridad informática en foros dentro de la “Deep Web”, conocida por ser nicho de todo tipo de contenido que usualmente es ofrecido al margen de la ley.

La base de datos de la Fiscalía fue puesta a la venta en un foro de hacking ruso y tenía un peso de 32 GB, con un valor inicial de USD 50.000. El periodo de los emails abarca de enero a diciembre del 2021, precisó Cabezas.

Este experto en ciberseguridad alertó sobre la vulnerabilidad de los sistemas locales, lo cual propicia este tipo de incidentes. “Paraguay tiene un nivel de seguridad muy malo”.

En ese sentido, mencionó que en los últimos 4 meses, lograron detectar el robo de la base de datos del Registro Civil paraguayo, así como también la de todas las vacunaciones a nivel país durante la pandemia de COVID-19.

Cabezas enfatiza que, para lograr una filtración de esta envergadura, se debe realizar una recopilación, ordenamiento y depuración de la base de datos para su posterior “subasta”, lo cual lo debe realizar un entendido en la materia. Por ello, considera poco probable que algún funcionario infiel haya “robado” los datos para luego revenderlos.

Teniendo en cuenta todas las evidencias, se habría tratado de una vulneración a un servidor o parte de la estructura del gobierno, hecho que acrecienta aún más la preocupación y pone en alerta a las autoridades sobre los riesgos existentes.

La senadora Lizarella Valiente, vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos, destacó que este tipo de encuentros permite fortalecer las propuestas legislativas y garantizar que sean viables en la práctica. “Este proyecto de Ley, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, establece la obligatoriedad de conservar datos de tráfico para combatir la pornografía infantil y otros delitos conexos”, señaló.

Durante el debate, se propuso modificar el título del proyecto para reflejar mejor la realidad actual, marcada por una era digital en la que las plataformas y redes sociales facilitan la comisión de diversos delitos, algunos ya tipificados en el Código Penal. “Buscamos ampliar el alcance de esta ley sin desviar su objetivo principal”, explicó la legisladora.

Asimismo, subrayó que la normativa pretende obligar a las empresas proveedoras de servicios a conservar los datos de tráfico durante seis meses, con el fin de facilitar el acceso a información clave en el inicio de investigaciones judiciales.

Finalmente, anunció que se recomendará la aprobación del proyecto con modificaciones consensuadas con todas las partes involucradas, incluyendo proveedores de internet y el Ministerio Público. “Esta ley será una herramienta fundamental para las investigaciones de hechos punibles”, concluyó.

Cabe mencionar que la reunión contó con la participación de representantes de empresas proveedoras de servicios de internet; la Compañía Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL); el Ministerio Público y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, además de directores de las comisiones de Derechos Humanos y de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud.

Ambas intervenciones buscan mejorar la capacidad vial y la seguridad en los accesos a la capital y en la conexión con la ciudad de Luque.

Uno de los principales avances consiste en la presentación de los resultados de los estudios de tráfico realizados y que abarcan la avenida General Elizardo Aquino desde el monumento de Las Residentas hasta la intersección con la avenida Ñu Guasú y la calle Leonismo Luqueño. También se incluyó un análisis detallado de las intersecciones de la ruta D025, abarcando los accesos al parque Ñu Guasú y la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Asimismo, se completaron los estudios de campo de la D025, incluyendo los levantamientos topográficos y el conteo de tránsito. A su vez, se encuentran en desarrollo los estudios geológicos, geotécnicos, hidrológicos e hidráulicos, así como el diseño final de ingeniería.

En este diagnóstico se evaluaron las condiciones actuales de circulación en ambas vías, identificando los puntos críticos en ambas arterias. A partir de estos datos, se propusieron soluciones de intervención vial con el objetivo de mejorar la movilidad, optimizar la circulación y garantizar condiciones seguras para peatones y conductores.

La duplicación de la avenida General Elizardo Aquino abarcará 4,4 kilómetros, desde el monumento de Las Residentas hasta la intersección con la autopista Silvio Pettirossi. Entretanto, la ruta D025 será intervenida en un tramo de 6 kilómetros, incluyendo la adecuación de intersecciones clave y la construcción de mejoras para optimizar el tránsito en la zona.

El proyecto prevé la construcción de dos puentes, un viaducto y un intercambiador frente al acceso N.º 2 del parque Ñu Guasú. Estas mejoras permitirán agilizar el tránsito y aumentar la seguridad vial en esta zona clave del departamento Central.

La ruta D025 cuenta con una inversión de G. 167.063.677.052, mientras que la duplicación de la avenida General Aquino demandará G. 133.573.887.296. Ambas obras son financiadas por Itaipú Binacional a través de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú – Paraguay (FPTI-PY).

Ayer, un robo de insumos destinados a la merienda escolar fue denunciado en la Escuela Básica N° 2089 Vicente Ovelar Lamas, ubicada en la comunidad de Rincón-i. Los alimentos sustraídos forman parte del programa Hambre Cero.

Según el informe policial, el hecho habría ocurrido en la noche del sábado pasado, donde personas desconocidas se llevaron dos cajas de leche de 12 unidades cada una, dos paquetes de turrón de maní y galletitas de avena, sin dejar rastros evidentes de forzamiento en puertas o ventanas.

La denuncia fue presentada por Cinthia Delrosario Ortiz Bael, encargada de la cocina, quien al llegar a la institución en la mañana del domingo notó la falta de los alimentos.

Ortiz Bael explicó que no se encontraron signos de ingreso violento y que los responsables podrían haber utilizado un objeto largo para extraer los productos.

Efectivos policiales acudieron al lugar para realizar el relevamiento correspondiente, pero la investigación enfrenta dificultades debido a la falta de cámaras de seguridad o guardias en la institución. El caso fue remitido al Ministerio Público para su análisis.