La certificación, otorgada por la organización Keeping Children Safe reafirma el impacto positivo, compromiso y la excelencia operativa de la asociación Fe y Alegría en Paraguay y su papel como referente en la región. Esta distinción evalúa aspectos clave en la protección de los niños y posiciona a la organización entre las más destacadas del ámbito global.

Fe y Alegría Paraguay reconoce la gravedad del acoso, la violencia y el abuso en la vida de una persona. Por eso, se empeña en contribuir a la construcción de una sociedad que respete a todos sus miembros, con un énfasis particular en los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. La institución comprende la importancia de intervenir en casos de maltrato, agresión sexual infanto-juvenil, examinando las dificultades que enfrentan los equipos encargados del bienestar de quienes asisten a los centros educativos y comunitarios de Fe y Alegría en el país.

“Esta certificación es un reconocimiento a nuestro compromiso con la creación de entornos seguros en toda Fe y Alegría Paraguay. Creemos que promover una cultura del Cuidado y del buen trato implica un cambio de actitudes. Esto no se logra de la noche a la mañana. Toda mudanza, para que sea duradera, requiere avanzar, paso a paso, hacia relaciones basadas en el respeto a la dignidad de todas las personas, sin importar su edad o condición social”, afirmó Nancy Fretes, directora de Fe y Alegría.

La Asociación trabaja activamente en la promoción de la convivencia pacífica y la cultura de paz. Desde 2019, inició un proceso de elaboración de lo que, en su momento, se denominó Protocolo de Prevención. A partir de 2021, con el acompañamiento de la Comisión de Prevención de la Federación Internacional de Fe y Alegría, se logró la formulación de la Política Institucional de Ambiente Seguro.

La Política fue complementada y enriquecida con las evaluaciones y aportes realizados por Keeping Children Safe. A esto se añade el Protocolo de Intervención. Ambos documentos están fundamentados en un análisis de riesgos, considerando todos los niveles y ámbitos en los que opera Fe y Alegría, con el objetivo de garantizar espacios seguros para toda la comunidad educativa.

El proceso de implementación ha sido acompañado por acciones formativas dirigidas a docentes, padres y colaboradores, reforzando capacidades para prevenir y responder ante situaciones de violencia.

Oportunidad de educación inclusiva y de calidad para niños y jóvenes

En el marco de esta Política Institucional, la Asociación Fe y Alegría redobla sus esfuerzos en las escuelas de los sectores vulnerables. La situación de pobreza y exclusión social evidencia la inequidad existente y la ineficacia en la atención integral de las niñas y los niños, jóvenes y personas adultas. Ante ello, los centros educativos de Fe y Alegría ofrecen propuestas socioeducativas, creativas y sostenibles ante los diversos desafíos: violencia intrafamiliar, primera infancia amenazada, falta de oportunidades laborales, juventud en búsqueda de sentido a la vida, las consecuencias sociales del micro-tráfico, comunidades indígenas desplazadas, poblaciones campesinas.

Acerca de Fe y Alegría

Es un Movimiento de Educación Popular y de Promoción Social que, nacido e impulsado por la vivencia de la Fe Cristiana, frente a situaciones de injusticia, se compromete con el proceso histórico de los sectores populares en la construcción de una sociedad justa y fraterna.

En Paraguay somos una Asociación sin fines de lucro que trabajamos con los sectores vulnerables y excluidos, potenciando su desarrollo integral y participación en la transformación social. Actualmente contamos con 34 centros educativos y más de 11.000 beneficiarios directos.

Sobre Keeping Children Safe

En una organización que establece estándares internacionales de protección infantil para ayudar a las organizaciones a proteger a los niños del abuso. Trabajan con personas que han sido víctimas de abuso infantil, investigadores, profesionales, formuladores de políticas y líderes para defender el derecho de los niños a estar seguros en todas las organizaciones, sin importar cuán grandes o poderosas sean.

Durante su discurso en la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno, Cartes sostuvo que la atención sanitaria debe convertirse en una de las principales prioridades nacionales y convocó a los distintos sectores políticos e institucionales a trabajar de manera coordinada para fortalecer el área.

“Hago un llamado a nuestros legisladores nacionales para que, en coordinación con el Poder Ejecutivo y los sectores de salud, impulsemos una revisión responsable de las prioridades presupuestarias para los próximos ejercicios fiscales de este mandato”, expresó.

El titular de la ANR señaló que el fortalecimiento del sistema sanitario requiere una mayor inversión y mencionó como desafíos pendientes la mejora de la infraestructura hospitalaria, la ampliación de la cobertura médica, la disponibilidad permanente de medicamentos y el fortalecimiento del capital humano en salud.

Según afirmó, estos objetivos deben convertirse en una política de Estado capaz de generar consensos más allá de las diferencias políticas. “La mejora de la infraestructura sanitaria, la ampliación de la cobertura médica, la disponibilidad permanente de medicamentos y el fortalecimiento del capital humano en salud deben convertirse en objetivos nacionales que nos unan por encima de cualquier diferencia”, manifestó.

Cartes también remarcó que el compromiso político debe traducirse en resultados concretos para la ciudadanía. “Nuestro compromiso político debe reflejarse en acciones concretas que permitan dignificar la atención sanitaria y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la República”, sostuvo.

Asimismo, exhortó al Gobierno a concentrar sus mayores esfuerzos en el sector y planteó que la salud pública debe ser asumida como una causa nacional. “Que esta sea una causa nacional que nos convoque a todos”, concluyó.

Según la Encuesta Permanente de Hogares, la desocupación descendió notablemente al cierre del año pasado, un logro que el presidente Peña atribuye directamente a la efectividad de sus actuales políticas económicas.

El mandatario informó a la ANR que durante el último trimestre de 2025, el índice de desempleo se ubicó en 3,6%, una cifra nunca antes alcanzada en el país.

Para Peña, este indicador refleja una dinámica positiva en el mercado laboral paraguayo, impulsada por estrategias diseñadas específicamente para multiplicar las oportunidades de inserción para los ciudadanos.

A este panorama, sumó un otro avance en el ámbito del empleo, la formalidad laboral que logró superar el 40% de la población.

Según expresó el jefe de Estado esta dinámica permitió la creación 242.000 nuevos puestos de trabajo en lo que va del actual mandato presidencial.

Durante su intervención en la presentación de su informe ante la ANR, el mandatario señaló que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada en el período fue del 2,4%, lo que representaba un aumento cercano a G. 69.000 para los trabajadores que perciben el salario mínimo.

“Un número que claramente es muy bajo para la clase trabajadora”, expresó Peña al justificar la decisión de elevar el porcentaje de ajuste.

En ese sentido, informó que resolvió duplicar el incremento inicialmente calculado. “He tomado la decisión de duplicar ese monto y que el incremento sea del 5%. Es un número equilibrado y no pone en riesgo la estabilidad macroeconómica que el Paraguay, a lo largo de gobiernos colorados, ha sabido equilibrar”, afirmó.

El anuncio se produce luego de que el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) concluyera una serie de reuniones sin alcanzar consenso entre empleadores y representantes de los trabajadores. Mientras los gremios empresariales proponían limitar el ajuste al 2,4% determinado por el Banco Central del Paraguay, las centrales obreras reclamaban un incremento de entre el 20% y el 22%, argumentando una pérdida sostenida del poder adquisitivo en los últimos años.

Las organizaciones sindicales sostenían que el salario mínimo requería un aumento de entre G. 579.000 y G. 637.790 para compensar el encarecimiento del costo de vida acumulado, mientras que los empleadores insistían en ceñirse al mecanismo tradicional basado exclusivamente en la inflación.

Ante la falta de acuerdo, el Conasam decidió recomendar un reajuste que contemplara no solo la inflación, sino también otros factores económicos y sociales, aunque sin revelar el porcentaje sugerido.

Con el incremento del 5% anunciado por el Ejecutivo, el salario mínimo pasaría de G. 2.899.048 a G. 3.044.000 mensuales, lo que representa una suba de G. 144.952 para los trabajadores que perciben el sueldo básico.