La Cámara de Senadores incluyó en el Presupuesto de Gastos de la Nación (PGN) 2025 un aumento de G. 7.000 millones para la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (Unves), de los cuales G. 5.000 millones se destinarán al reajuste salarial docente. El incremento, que podría representar G. 200.000 adicionales por cátedra, debe ser ratificado por la Cámara de Diputados.

“El aumento por cátedra aún no puede precisarse porque se está cargando rubro por rubro, pero los G. 5.000 millones serán destinados íntegramente a la nivelación salarial de los docentes”, explicó el rector de la Unves, Simón Benítez, en una conferencia de prensa realizada en el Rectorado, en Villarrica.

De sancionarse la versión del Senado, este sería el primer reajuste salarial en 15 años y desde que se creó la universidad. Los docentes de la Unves perciben solo G. 800.000 por cátedra, el monto más bajo entre las universidades públicas. En comparación, los profesores de otras universidades del interior reciben entre G. 1.200.000 y G. 1.500.000, mientras que los de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) cuentan con salarios considerablemente superiores, señaló Benitez.

“Este reajuste es un reconocimiento al esfuerzo de los docentes y una muestra de gratitud por su labor. Sin embargo, todavía estamos lejos de alcanzar una nivelación salarial con las demás universidades públicas, en especial con la UNA. Con el apoyo de las autoridades, seguiremos trabajando para alcanzar ese objetivo”, afirmó Benítez.

Actualmente, los docentes de la Unves son contratados anualmente y carecen de nombramiento debido a la falta de presupuesto. La universidad proyecta también lograr un escalafón docente, respaldados por el compromiso de las autoridades departamentales y los diputados de Guairá para apoyar estas reivindicaciones.

“Ya desde el próximo año vamos a trabajar en la recategorización, para que cada docente reciba un salario acorde a su categoría profesional”, aseguró Benitez.

La Unves tiene 2.250 cátedras, muchos de los cuales están a cargo de varias materias en distintas carreras, según informó la Dirección General Académica. En este 2025 se matricularon 5.634 estudiantes distribuidos en ocho facultades, tres escuelas de grado y posgrado, una filial en Guairá, cinco sedes y una subsede en otros departamentos.

Ricardo Gavilán, director de Investigación de la Conacom, confirmó a la 1080 AM que siguen adelante con la investigación abierta tras la reciente suba en el precio de los combustibles.

“El proceso investigativo en este momento se encuentra en pleno desarrollo”, afirmó durante la entrevista radial.

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En aquella oportunidad, habían solicitado informes a distintos emblemas del sector privado, luego de que estos decidieran remarcar los costos de la nafta y el diésel, así como también a instituciones públicas y privadas.

Gavilán confirmó que algunas firmas distribuidoras solicitaron una prórroga a la Conacom para poder acercar sus respuestas, hecho que impide avanzar con el proceso.

“Estamos estructurando tanto económica como jurídicamente el caso para determinar lo que sucedió en términos competitivos”, sostuvo.

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La intención del ente es recabar suficiente información para así determinar si la suba se dio o no bajo condiciones que pudieran considerarse como “prácticas anticompetitivas”.

La mayoría de los emblemas había decidido alzar los precios de sus productos casi al cierre de junio, utilizando como argumento el conflicto suscitado entre Israel e Irán.

En entrevista con el canal GEN, el director del INAT, Dr. Hugo Espinoza, reconoció que, aunque toda campaña favorable a la donación es bienvenida, aún hay una gran brecha en cuanto al impacto real y el nivel de información en la ciudadanía.

“Este año 2025 hicimos mucho énfasis en la formación de profesionales en terapia intensiva. El diagnóstico de muerte encefálica es clave para la obtención de órganos. Por eso reforzamos la formación y la información para que todo el sistema funcione en tiempo y forma”, explicó.

Además, insistió en que comprender el concepto de muerte encefálica es crucial. “No es fácil de entender, porque es un diagnóstico de fallecimiento aunque el cuerpo esté conectado a máquinas. Ahí comienza todo el proceso que puede salvar vidas”.

Espinoza también aclaró que la extracción de órganos, conocida como ablación, no es una práctica violenta ni desordenada. “No es una carnicería, como muchos creen. Es una cirugía extremadamente controlada y delicada. Todo debe salir perfecto para que ese órgano funcione en la persona receptora”.

Cuando se confirma una muerte encefálica, el primer contacto con la familia lo realiza el médico terapista. Luego, el INAT interviene con sus coordinadores para acompañar el duelo y explicar los pasos legales y médicos.

En el caso de donantes menores de 18 años, la decisión recae en los padres, tal como lo establece la Ley. Si se confirma la donación pediátrica, los órganos se asignan con prioridad a niños que esperan un trasplante. “Hay muchos criterios técnicos que se tienen en cuenta, el grupo sanguíneo, tamaño, compatibilidad genética, grado de enfermedad”, indicó.

Actualmente, hay 22 menores en lista de espera. La mayoría necesita trasplantes renales, pero también hay casos de trasplante cardíaco, hepático y de córneas.

En coincidencia con el Día Nacional del Trasplante, los padres de Bianca Balbuena, una niña de dos años con miocardiopatía dilatada congénita, relanzaron la campaña “Un corazón para Bianca”. Su historia es especialmente dolorosa, ya que su hermana Wendy falleció en 2020 tras esperar un trasplante durante 18 meses.

La familia criticó también la falta de resultados visibles en las campañas del Estado. “En Argentina, en 45 días se hicieron 4 trasplantes pediátricos. En Paraguay, hace casi 10 años que no se trasplanta un niño de la edad de Bianca”, denunciaron.

Desde la promulgación de la Ley Anita, toda persona mayor de 18 años es donante salvo manifestación contraria. Algunas personas, por desconocimiento o temor, optan por dejar constancia expresa de su negativa al momento de renovar su cédula.

Espinoza insistió en que “el órgano es un bien social, viene de la sociedad y debe volver a ella. Nosotros solo administramos ese recurso tan valioso que salva vidas”.

Por los hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos en calidad de autor está sentenciado a 10 años de cárcel el animador Hugo Javier. Dicha decisión no había quedado firme y ejecutoriada.

El Tribunal de Sentencia, presidido por Karina Cáceres e integrado por Yolanda Morel y Ana Rodríguez, dictó por unanimidad la libertad ambulatoria tanto para Hugo Javier como para el exdirector de gabinete, Miguel Ángel Robles, a petición de la revisión solicitada por la defensa de ambos. Además, por ende, la revocatoria de la prisión.

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Guillermo Galloso, abogado del exgobernador, explicó a la 730 AM que su defendido compurgó la pena mínima de seis meses en prisión preventiva ya el 4 de junio pasado, por lo tanto, el Tribunal actuó correctamente, a su criterio.

Prohibición de salir del país y de cambiar de domicilio son las medidas que deben cumplir los procesados. En el caso de Robles, se agrega una fianza. Hugo Javier había ingresado a Tacumbú el 6 de enero pasado.

Cuando se dictó la condena contra Hugo Javier, su defensa presentó apelación, pero el Tribunal no se expidió hasta hoy.

Al político se lo acusa de obras fantasmas por valor de 5.105 millones de guaraníes, dinero que se esfumó mientras estaba en curso la pandemia del covid, cuando los paraguayos hasta tenían prohibido salir a trabajar.