El director del Registro Civil, Roberto Zarza, se refirió al problema de la inclusión de personas fallecidas en las listas de beneficiarios de la pensión para adultos mayores, una situación que, según explicó, tiene raíces profundas en las deficiencias estructurales del sistema y la legislación vigente.

Zarza subrayó que la ley que regula el Registro Civil, la Ley 1.266 del año 1987, es la base de muchas de las dificultades actuales. “Es una legislación de 37 años que ya no responde a las necesidades del siglo XXI”, afirmó al canal GEN.

Según la normativa, los familiares de una persona fallecida tienen solo 24 horas para registrar la defunción, un plazo que resulta poco práctico, especialmente en áreas rurales o durante momentos de duelo. “En esas circunstancias, es improbable que las familias cumplan con este requisito, lo que provoca que muchos casos queden sin registrar”, agregó.

Por otro lado, Zarza destacó que solo el 50% de la base de datos del Registro Civil está informatizado, lo que complica aún más la posibilidad de cruzar información con otras instituciones, como Identificaciones o el Ministerio de Salud. Esto ha llevado a que las denuncias ciudadanas sean la principal vía para detectar errores en las listas de beneficiarios.

Para abordar estos problemas, Zarza propuso dos pilares fundamentales:

1. Actualización legislativa: Reformar la normativa del Registro Civil para adaptarla a los tiempos actuales y eliminar la carga excesiva sobre los ciudadanos.

2. Modernización tecnológica: Implementar sistemas interoperables que permitan el cruce de datos en tiempo real entre instituciones como el Registro Civil, Identificaciones y el Ministerio de Salud.

“El Registro Civil debe ocupar un lugar prioritario en la estructura institucional del país. La nación se construye con identidad, y con ella fortalecemos la ciudadanía y la democracia”, manifestó Zarza.

Aunque reconoció avances en áreas como la implementación del expediente electrónico y la bancarización de servicios, Zarza insistió en que estas medidas no son suficientes sin una inversión integral en tecnología y una reforma legislativa. “Actualmente, trabajamos con bases de datos heredadas que ya no funcionan. Es hora de tomar en serio este tema”, remarcó.

De acuerdo al relato de la afectada, la detención se dio pasado 14 de agosto, cuando Graciela Núñez, quien es abogada, se encontraba trabajando en su estudio. Al salir a la vereda para buscar un objeto en la camioneta, una patrullera se aproximó al lugar. Tras confirmar su identidad, los agentes le informaron que quedaba detenida debido a que pesaba sobre ella una orden de captura, de la cual no había sido notificada previamente.

Durante el procedimiento, los efectivos policiales leyeron el informe de la orden de detención, aunque en ese instante no pudieron precisar la carátula ni los motivos exactos de la medida, ya que ellos mismos manifestaron desconocer los detalles del caso.

Una vez trasladada a la sede de investigaciones, las autoridades le explicaron que la orden de captura y su imputación correspondían a una causa por violencia familiar. Fue en ese momento que Núñez se enteró de que su expareja la había denunciado el pasado 8 de agosto, apenas seis o siete días antes de que se ejecutara su detención.

Ante este escenario, Núñez cuestionó con indignación la disparidad y la celeridad selectiva con la que se manejó su caso. Según relató, ella ya había presentado una denuncia previa contra su expareja el 18 de junio de 2026. En ese momento aportó pruebas que incluían capturas de pantalla y videos donde supuestamente se la observa como víctima de agresión por parte de este hombre.

A pesar de la gravedad de las pruebas presentadas en junio y del tiempo transcurrido, la exmodelo lamentó que, a la fecha, su expareja no haya sido citada por la justicia ni haya tenido que pasar por una situación similar a la que ella enfrenta actualmente, evidenciando un trato desigual en el proceso judicial de ambas denuncias.

El procedimiento se activó alrededor de las 03:40 a través de la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC), centro desde el cual se coordinó la respuesta en tiempo real mediante comunicación por frecuencia radial.

Al llegar a la vivienda, las fuerzas de seguridad verificaron la falla operativa provocada en el equipo técnico y trasladaron al sujeto para prevenir un posible riesgo de fuga. Posteriormente, especialistas del área técnica evaluaron el aparato, confirmaron que sufrió una manipulación voluntaria y redactaron el acta correspondiente para su elevación al ámbito judicial.

El hecho representa un ejemplo de la efectividad del programa de supervisión electrónica implementado en Paraguay desde diciembre de 2024 como parte de la modernización del sistema penal liderada por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial.

Este mecanismo tecnológico, monitoreado de forma permanente desde la sede del 911, permite rastrear perímetros de movimiento y emitir alertas inmediatas ante aperturas no autorizadas o vulneraciones de zonas restringidas.

La tecnología desplegada en el país contempla dos escenarios principales de aplicación: el control del cumplimiento de la prisión domiciliaria dentro de un espacio delimitado y el seguimiento estricto de órdenes de alejamiento en casos de violencia intrafamiliar.

Para esta última modalidad, la víctima cuenta con un dispositivo móvil provisto por la Policía Nacional que alerta de manera automática al centro de control cuando el agresor portador del brazalete quebranta el límite de distancia establecido.

Las actividades comenzaron formalmente en el Palacio de Gobierno con el tradicional izamiento del Pabellón Patrio y la entonación del Himno Nacional. La ceremonia institucional estuvo encabezada por el presidente de la República, Santiago Peña, junto a la primera dama Leticia Ocampos, el vicepresidente Pedro Alliana e integrantes del gabinete del Poder Ejecutivo.

Tras el acto inicial, las autoridades se trasladaron a la Costanera para presenciar el paso de 3.700 efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. La marcha incluyó a 3.000 integrantes del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el Comando Logístico, sumados a 700 agentes policiales.

Esta edición presentó además una novedad histórica: la participación por primera vez de ciudadanos que se encuentran cumpliendo el Servicio Militar Obligatorio dentro del Comando Logístico.

Las festividades integraron un marcado componente espiritual y de arraigo cultural en honor a Nuestra Señora de la Asunción, Santa Patrona y Mariscala de las Fuerzas Armadas. Como antesala a la jornada central, el viernes se inauguró y bendijo una imagen representativa de la Santa Patrona en la Costanera Norte.

Fundada en 1537 y reconocida históricamente como la “Madre de Ciudades”, la capital paraguaya reafirmó su rol central en la construcción política, social y cultural del país. Esta conmemoración adquiere un valor estratégico particular para la ciudad, que ya comienza a proyectar su agenda de desarrollo con miras a la celebración de su quinto centenario en el año 2037.