Esta mañana fue realizada una intervención por la fiscal de Amambay, Mirtha Rodríguez, en torno a una propiedad sindicada como una pista clandestina, desde donde se traficaba cocaína a gran escala.

El documento fiscal consigna que el acusado Alex, mantuvo conversaciones vía Skype con narcotraficantes para el envío de alrededor de 3.000 kg de cocaína a Europa. Y que, en una de esas conversaciones interceptadas, hace mención a la pista narco que habría estado en la propiedad del intendente de Pedro Juan Caballero, Ronald Acevedo.

La tensión que subió en la Fiscalía fue porque la fiscala Martínez realizó de forma unilateral e inconsulta, un allanamiento para determinar si la pista narco se encontraba en la propiedad de Acevedo. Su informe respondió que no, que estaba a 350 metros del lugar (en un inmueble de la familia Uemura) por lo que la supuesta implicancia del jefe comunal quedaba desestimada. Desde el Ministerio Público, sin embargo, se instaló la queja de fiscales (de Asunción) que están encargados de realizar todos los procedimientos en torno al caso del presunto narco Alex Rodríguez Gomes, hijo del extinto diputado Lalo Gomes.

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El escándalo fiscal apunta a dejar sin efecto la actuación de la agente Martínez. A partir de ahí, los procedimientos respecto al expediente volverán a foja cero, en el específico punto del allanamiento en el inmueble que es propiedad del intendente Acevedo.

Esta semana entraron en vigor de manera oficial los nuevos costos para la expedición de patentes vehiculares en todo el territorio nacional.

Dicha medida rige de manera obligatoria para todos los municipios del país, aunque se irá realizando de forma gradual, según anunciaron desde la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV).

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Una de las municipalidades que expresó su rechazo a este reajuste de precios es la de Ñemby, donde ya anunciaron que no acatarán las nuevas tarifas impuestas a través de la Ley Nº 7447/25.

La Junta Municipal de Ñemby sesionó este martes para analizar la unificación de costos de habilitaciones vehiculares, de modo a buscar alguna salida al asunto.

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Tal es así que algunos concejales anunciaron la presentación de una acción de inconstitucionalidad, de modo a suspender la aplicación de las nuevas tarifas, señala el informe del canal GEN.

Los proponentes afirman que esta imposición viola la autonomía de los municipios, además de existir una supuesta desigualdad en el cálculo para el cobro de patentes.

Don Felipe Alvarez, como bien lo contó ayer, lleva unos 40 años dedicado a los trabajos de albañilería en el cementerio de la Recoleta. En ese tiempo, a la par de sus labores, crió a sus hijos dentro de ese mismo ambiente de esfuerzo y sacrificio para salir adelante.

“Nosotros crecimos por ahí cuidando autos y limpiando panteones. Él nos enseñó que el trabajo digno es cuando uno gana su plata honradamente. Lastimosamente,somos una familia que no podemos darnos algunos lujos, pero no por eso tratamos mal a nadie”, comentó Irene Alvarez, hija de don Felipe, en una conversación con el comunicador Freddy Vera.

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Pese a las dificultades económicas, don Alvarez nunca permitió que le falte nada a su familia, rememoró Irene, y luchó día a día por llevar el sustento a su casa, sin importar, la lluvia, el frío o el calor de 40°C como el que se sintió el domingo en el camposanto.

Irene comentó que sus padres viven en una casa alquilada en Luque, pues, en todos estos años, no lograron reunir el dinero suficiente para tener una casa propia.

La Municipalidad de Asunción anunció el lunes que cancelará el permiso otorgado a don Alvarez para trabajar en la Recoleta. Fue a partir de la queja de la chef Eugenia Aquino, quien el domingo transmitió un video en vivo para quejarse porque los albañiles estaban cocinando asado cerca del panteón de su padre.

Un total de 100 internos de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este fueron documentados en una jornada interinstitucional organizada para dar cumplimiento a una resolución judicial.

La iniciativa, impulsada por el Juzgado Penal de Ejecución del Primer Turno de CDE, tiene como objetivo la emisión de certificados de nacimiento y documentos de identidad para las personas privadas de libertad en este centro penitenciario.

Durante la jornada, se solicitó la participación de funcionarios autorizados por la División de Dactiloscopia del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional y el sistema AFIS (Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares). Esta medida facilita la identidad de los reclusos, quienes deben recibir un informe dactiloscópico para ser enviado a las autoridades correspondientes.

Además, a propuesta del director de la penitenciaría, se establecen líneas de acción para solucionar problemas relacionados con los internos indocumentados, con el fin de evitar complicaciones futuras.

La jornada contó con la participación de varias autoridades, entre ellas el juez penal de Garantías, el fiscal y representantes del Ministerio de Justicia, la Policía Nacional y el Registro Civil.