Se trata de un intento por combatir las actividades delictivas organizadas desde las cárceles. La iniciativa corresponde al diputado colorado, José Rodríguez, cuya propuesta subraya la necesidad de fortalecer la seguridad en el sistema penitenciario nacional y reducir la influencia del crimen organizado.

Según la exposición de motivos, la introducción de dispositivos electrónicos en las cárceles facilita actividades delictivas como extorsiones, tráfico de drogas, estafas, homicidios y, hasta riesgo de planificación de fugas.

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El proyecto de ley propone penas privativas de libertad que oscilan entre dos y siete años para quienes introduzcan estos dispositivos, dependiendo de las circunstancias y el rol del infractor.

Los castigos más severos se aplicarán a funcionarios públicos o proveedores autorizados en los centros penitenciarios que violen las normas, con penas de hasta siete años de prisión. Además, se contempla la penalización de la tentativa.

La exposición de motivos resalta que, pese a los esfuerzos de las autoridades por controlar el ingreso de estos dispositivos, la problemática persiste debido a vulnerabilidades tecnológicas y la falta de sanciones contundentes.

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Datos oficiales revelan que hasta agosto del presente año se incautaron más de 500 celulares en las cárceles, evidenciando la gravedad del problema.

La propuesta fue derivada a las comisiones de Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno; Ciencia y Tecnología; y Reestructuración y Modernización del Estado. En estas instancias, se analizarán sus implicancias legales y prácticas antes de su posible debate en el pleno.

Durante este proceso, se verificó el funcionamiento de la planta fotovoltaica, las redes de media y baja tensión, así como las conexiones internas y la instalación de medidores.

Además, ya fue verificada la iluminación pública para el beneficio de 200 familias de la comunidad indígena Puerto Esperanza Ynychta, del pueblo Ishir Ybytoso.

Al respecto, el Ing. Félix Sosa, presidente de la Ande, manifestó a Universo 970 AM de Nación Media, que la planta ya entrará en operación este mes, dando suministro de energía eléctrica por primera vez en su historia a la mencionada comunidad indígena.

Asimismo, explicó que esta planta solar estará acompañada de un banco de baterías para el suministro de energía durante la noche.

“Representa un hito significativo en el compromiso del Gobierno del Paraguay con el acceso universal a una energía eléctrica limpia y renovable de calidad”, indicó el titular de la Ande.

Echeverría estuvo internado varios días en el Hospital Distrital de Mariano Roque Alonso, donde finalmente falleció a causa de un shock séptico.

Previamente, había sido trasladado desde el hogar para personas mayores “San Francisco”, ubicado en Zeballos Cue, para recibir tratamiento médico.

El fallecido ingresó al hogar de ancianos el 15 de noviembre de 2024, proveniente del Hospital Psiquiátrico. Al no contar con documento de identidad, su cuerpo permanece en la Morgue de Asunción a la espera de que sus familiares puedan ser ubicados para la entrega del cuerpo.

Se insta a cualquier persona que tenga información sobre sus allegados a comunicarse con la Fiscalía de Mariano Roque Alonso, Unidad n.° 1, a cargo de la agente fiscal Cynthia Torres.

La agente fiscal Viviana Sánchez presentó imputación contra Sergio Figueredo, de 43 años, por la presunta comisión del hecho punible de hurto agravado.

Este hombre se encuentra procesado por el robo de materiales de una obra en construcción en el predio de la parroquia Virgen de Fátima, ubicada en Presidente Franco, Alto Paraná.

El hecho se registró el pasado 9 de febrero en horas de la tarde, ocasión en que el sospechoso ingresó al predio de la iglesia y se apoderó de 8 varillas de hierro de 12 metros y también de varillas cortadas.

Algunos vecinos del barrio, así como el encargado de la construcción, lograron presenciar lo ocurrido, por lo que alertaron a efectivos policiales de la zona, quienes acudieron al sitio y se llevaron detenido a Figueredo.

El Ministerio Público solicitó su prisión preventiva, atendiendo a que registra antecedentes penales por hechos similares.