En reporte brindado tras la misa central de Caacupé, el comandante de la Policía, indicó que no se registraron denuncias de hechos punibles en el marco de la festividad mariana.

Indicó que el éxito fue en la parte estratégica, táctica y operacional. “Lo esencial en este tema es la planificación. Hemos empezado unos meses antes, haciendo un relevamiento total para el servicio. Lo segundo es traer a la cantidad necesaria de efectivos”, expresó.

Manifestó que unos 8.000 uniformados fueron desplegados para el operativo, que no solo se limitó en la zona de Caacupé, sino también en varios puntos del país.

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Por otro lado, sostuvo que el pedido puntual que se realiza es el de mayor cantidad de patrulleras y equipos de comunicación, destacando la última entrega por parte de Itaipú hacia las fuerzas policiales.

La fiscal Belinda Bobadilla realizó una verificación en la Copaco en busca de documentos que guarden relación con el supuesto desvío de fondos por más de G. 1.119 millones.

En compañía de una comitiva fiscal, procedió a realizar diligencias de verificación técnica que derivaron en la incautación de unidades de almacenamiento digital y otros elementos informáticos considerados de interés para la investigación.

Los intervinientes constituyeron también en otras entidades con el propósito de continuar con las indagaciones y la recolección de información técnica relevante.

De acuerdo con los datos preliminares, se detectaron supuestos pagos que habrían sido registrados como transferencias a la Municipalidad de Asunción, pero cuyo destino final fue el depósito en cuentas personales de dos funcionarios del ente estatal y de una tercera persona.

La situación fue descubierta tras un registro contable irregular realizado el 2 de enero pasado, y una posterior auditoría preliminar indicó que el esquema se habría sostenido con transferencias mensuales de entre G. 30 y 40 millones.

La investigación apunta al entonces gerente administrativo financiero, Osmar Cañete, al tesorero Roque Valdez y al hijo de este último que no es funcionario de la institución.

El director del Programa Ampliado de Inmunizaciones, Luis Cousirat, explicó que actualmente se están ajustando todos los detalles técnicos y operativos para poder, en un corto periodo de tiempo, tener las vacunas ya disponibles para los demás grupos de población, además de la población objetivo inicial que abarcaba a niños y niñas de 6 a 8 años de edad.

Indicó que dentro del primer trimestre de este año se tendría definida la franja etaria que podrá acceder también a los biológicos, aunque aclaró que la aplicación se seguiría manteniendo en los 16 distritos priorizados, que son los que reportan mayores niveles de transmisión de la enfermedad.

Estas localidades incluyen a la Capital, 9 distritos de Central, 3 distritos de Paraguarí y 3 distritos de Itapúa.

Cousirat indicó que la primera población objetivo se había definido en función a las tasas de internación por casos graves de dengue observado en los niños y niñas de 6 a 8 años.

En ese sentido, refirió que la ampliación a una segunda población objetivo sería dentro de la franja etaria de 15 a 39 años de edad, que también reflejan niveles elevados de susceptibilidad a la enfermedad.

Cabe mencionar que, desde el inicio de la campaña de vacunación en noviembre, 860 dosis fueron administradas a niños de 6 a 8 años, los que deben recibir la dosis de refuerzo luego de tres meses de la primera aplicación.

“Hoy en día podemos decir que la ministra (Claudia Centurión) cumplió con su prometido, con su palabra”, afirmó el dirigente, al referirse a la intervención de una vía considerada clave para el transporte de cargas.

Villalba, representante de cerca de 13.000 camioneros que circulan habitualmente por la ruta Doctor Blas Garay (PY08), remarcó que se trata de una demanda histórica del sector y contrastó la actual gestión con administraciones anteriores. “Otros gobiernos anteriores también tuvieron la oportunidad brillante para gestionar, para mejorar esa ruta, pero nunca lo hicieron. Entonces hoy se está haciendo, y estamos agradecidos en nombre de todos los compañeros”, señaló.

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En ese contexto, el presidente del gremio también se refirió al proceso de licitación que permitió avanzar con la ejecución de las obras, destacando el respeto a los plazos y procedimientos legales. “No tenés de otra, cuando la ley te dice tal cosa, creo que tenés que cumplir estrictamente y eso es lo que hizo el MOPC. Y hoy ya hay una resolución a mano y entonces ya está la gente responsable que ganó la licitación para que pueda hacer los mantenimientos correspondientes”, indicó.

Asimsimo, Villalba resaltó la perseverancia del sector camionero, integrado por trabajadores de distintos rubros del transporte, en sostener sus reclamos ante la falta de respuestas en gestiones pasadas. “yo creo que los camioneros en gran parte movemos la economía del país y vamos a estar más que agradecidos con este Gobierno, con la ministra y con todos aquellos compañeros que han salido a protestar lo que les correspondía”, concluyó.