El mismo consiste, remarcó, en que en esos ámbitos jurisdiccionales, se abandona fácilmente una denuncia, cuando la ley manda que de oficio no puede dejarse de lado una denuncia formal.

“Para nosotros sí es un caso de feminicidio. El fiscal aún no tiene los resultados del forense, por eso aún no pudo caratular el caso. Y no existe la figura de ‘retiro mi denuncia’, los fiscales deben seguir la investigación por oficio”, dijo la viceministra, tras publicarse audios en los que Leidy Karina Amarilla señalaba que las autoridades ninguneaban sus pedidos de intervención, ante amenazas que le profería su expareja.

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“Nosotros, como Ministerio de la Mujer, solo podemos ofrecer albergue o apoyo, pero no tenemos la facultad de recibir denuncias ni de iniciar investigaciones. Damos apoyo psicológico, pero no tenemos la competencia para aplicar acciones que impidan los ataques”, manifestó la funcionaria en comunicación con la 1080 AM.

“La fiscalía debe seguir el caso y no dejarlo por el solo hecho de que la mujer no quiere seguir el proceso. La ley es clara, no se puede retirar la denuncia, la mujer no sigue, pero debe haber personas capacitadas en esos lugares para continuar, porque esa es una características del ciclo de violencia”, sostuvo.

Desde la Asociación de Guerreros de la Artritis (AGA), manifestaron una profunda preocupación por los casos de pacientes que han debido interrumpir su tratamiento debido a la falta de medicamentos esenciales para tratar su enfermedad, como el original de Adalimumab y el Tocilizumab.

Ambos son anticuerpos monoclonales, incluidos en el grupo de fármacos utilizados en el tratamiento de la artritis reumatoidea.

Señalan que llevan más de tres meses sin recibir los medicamentos indicados por su médico tratante, lo que ya está afectando su salud y bienestar.

Según denunciaron, las últimas dosis de Adalimumab se entregaron en octubre y las últimas dosis de Tocilizumab se entregaron en diciembre.

Aproximadamente 300 pacientes con la enfermedad dependen de estos medicamentos en el IPS y hacen un llamado urgente a las autoridades para que puedan tomar medidas ante la falta de suministros.

Hernán Giménez, director de la Agencia Nacional de Tránsito, expresó que la Ley Nº 7447/2025, es una normativa que si bien ya está en vigencia, se irá aplicando paulatinamente en cada municipio.

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En algunas localidades ya se comenzaron a implementar los nuevos costos de las habilitaciones vehiculares, así como indica la ley, sin embargo, en otras rechazan la medida, como Villa Elisa y Ñemby. Ante eso, Giménez aclaró que la normativa debe ser aplicada sí o sí.

“Tenemos la información de que algunos municipios no quieren aplicar, pero esto es ley hoy día y me obliga a mí al control y aplicación de la misma”, expresó en conversación con la radio Universo 970/Nación Media.

La legislación promulgada el 6 de enero y en vigencia desde el 13 de enero establece el método para fijar los costos mínimos de las habilitaciones de motocicletas, automóviles, autobús, ómnibus, automóvil de carga, camioneta, camión, tractocamión, furgón, maquinaria de transporte y trenes tomando como base el jornal diario.

Giménez xplicó que, cada comuna está en su derecho de presentar una acción de inconstitucionalidad, así como lo anunció la Municipalidad de Villa Elisa, pero desde la Agencia Nacional de Tránsito también tomarán acciones legales y remitirán los casos a la Procuraduría General de la República.

“Están cometiendo a una falta grave que es no cobrar el impuesto que no corresponde, la Procuraduría tomará el timón e irá a analizar qué es lo que ocurre en el municipio”, agregó el titular de la Agencia Nacional de Tránsito.

Más de 14 organizaciones fueron convocadas para una manifestación pacífica en rechazo a la nueva Ley que unifica costos de patentes y contra las nuevas tarifas de los peajes.

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A las 8 hs de este martes 21 de enero, conductores de diferentes rubros se congregarán en el km 17/5, en zona del ex Aratiri, en Capiatá para exigir que se suspendan las nuevas disposiciones.

“Nuestra posición es firme, que se suspenda. Ya reculó el Gobierno en ciertas cuestiones, este es el momento que tiene que recular y su reculamiento va a tener un alto sentido social porque no podemos estar pagando esa suma que ellos de la noche a la mañana decidieron alzar”, expresó el presidente del Sindicato de Trabajadores en Moto, Federico Ferreira, a la radio 650 AM.

Bajo el lema de “No al aumentazo de habilitaciones y peajes”, se espera que muchas personas, principalmente trabajadores delivery, conductores de plataformas y taxistas, participen de la movilización.

“En su momento también estuvimos en las calles contra la suba del combustible, hoy nos vemos obligados otra vez a convocar a una gran manifestación. Hay mucha gente que depende para vivir trabajando sobre ruedas”, agregó.