La iniciativa cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores y se trata de un tren eléctrico que cubriría un tramo de 43 kilómetros, uniendo las ciudades de Asunción e Ypacaraí, utilizando la vía histórica del ferrocarril Carlos Antonio López.

El proyecto establece una franja de dominio de 14 metros en ambos lados de la vía, requiriendo una inversión aproximada de USD 600 millones para la ejecución.

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Cabe recordar que el gobierno paraguayo había firmado un memorando de entendimiento con un organismo público de Corea (Korea Overseas Infrastructure & Development Corporation - KIND); y el Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte de dicho país.

La propuesta inicial fue rechazada por el Poder Ejecutivo debido a que limitaba la participación del Economic Development Cooperation Fund (EDCF), al 50 % del tramo Asunción-Luque, no comprometiéndose a la realización del tramo Asunción-Ypacaraí, como se previó inicialmente.

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El proyecto actual, promovido por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, plantea que las licitaciones sean realizadas por licitación pública internacional, facilitando, a su vez, la participación de empresas paraguayas.

Esta normativa será discutida en la próxima sesión ordinaria de Diputados.

“Madres Autónomas nace de mi experiencia personal en pasillos de tribunales, como abogada defensora de mujeres y de la niñez; nace de las fuerzas para gritar basta”. Con estas palabras, Paola Palavecino resume el motor de un movimiento que ha decidido dejar de esperar silenciosamente en despachos judiciales para llevar su reclamo a la esfera pública.

La organización ha encontrado en Instagram una herramienta de visualización poderosa. A través de su página, realizan escraches diarios, subiendo fotos y nombres de padres deudores alimentarios. Esta “vidriera virtual” surge como una respuesta directa a lo que consideran una justicia lenta y muchas veces indiferente, que permite que miles de niños sigan sin recibir lo que por ley les corresponde.

EL DERECHO SE QUEDA EN PAPELES.

El Código de la Niñez y la Adolescencia es claro: el padre y la madre tienen la obligación de proporcionar alimentos que cubran sustento, habitación, vestido, educación, asistencia médica y recreación. Sin embargo, la realidad que Paola ve a diario es distinta.

Actualmente, el sistema obliga a las madres a un peregrinaje eterno. Por ello, el proyecto de ley que presentan busca una “Justicia Sustantiva”, con cambios drásticos en el artículo 189 del Código:

• Cálculo real: Proponen que la cuota se unifique dividiendo el jornal mínimo por 26 (días laborales) y no por 28, lo que ajusta el monto a favor del bienestar del niño.
• Sanciones con peso: Buscan que la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios (REDAM) conlleve prohibiciones reales: no poder salir del país, no renovar pasaportes, inhabilitación para cargos públicos e incluso la prohibición de asistir a eventos deportivos y culturales.
• Descuento automático: La cuota debería ser descontada de forma automática desde el inicio de la demanda, con carácter retroactivo, pudiendo afectar hasta el 50% del salario del deudor.

UN FRENO A LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL.

Para Palavecino, el incumplimiento alimentario es una forma de violencia. Las estadísticas son alarmantes: existen unas 7.000 denuncias anuales por este motivo. Según su investigación, de aprobarse esta ley, estas denuncias caerían un 50%, ya que la efectividad de la sentencia sería inmediata, sin necesidad de nuevos juicios de ejecución.

Más allá del dinero, esta reforma busca proteger a las mujeres víctimas de violencia familiar. Actualmente se registran unas 107 denuncias por día; el movimiento estima que con una protección económica efectiva y juzgados especializados que funcionen, esta cifra se reduciría a 50. La falta de recursos económicos es, a menudo, la cadena que ata a una madre a un entorno violento.

LA CITA: EL 15 DE MAYO.

Cuando los padres fallan, la ley dice que el Estado debe garantizar el desarrollo del niño de forma subsidiaria. Para recordar esto, las “Madres Autónomas” preparan un “tendedero” este 15 de mayo en el Panteón de los Héroes.

Es la continuación de lo que ya hacen cada día en sus redes: poner rostro y nombre al abandono.

El hecho ocurrió alrededor de las 06:00 en la zona sur de Fernando de la Mora, cuando cuatro hombres llegaron a bordo de un automóvil hasta una vivienda donde funciona un comercio de materiales de construcción.

Las imágenes de circuito cerrado muestran que uno de los sospechosos descendió del rodado y caminó hacia el inmueble. En ese momento se encendió una luz dentro de la propiedad y el hombre volvió rápidamente al vehículo.

Los movimientos alertaron a los vecinos, quienes dieron aviso a agentes policiales que realizaban patrullas preventivas en la zona.

El operativo derivó en una persecución que se extendió por aproximadamente una hora y cruzó varios barrios hasta llegar a Villa Elisa.

“Tuvimos una alerta de seguridad por parte de los vecinos por intento de robo domiciliario en la zona Sur de Fernando de la Mora. Hubo una persecución de aproximadamente una hora”, explicó el comisario José Santacruz a Radio Ñandutí.

Durante la huida se registró un intercambio de disparos entre los delincuentes y los agentes intervinientes. Varias balas impactaron contra los vehículos de terceros y también contra portones de las viviendas ubicadas en el trayecto de la persecución.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas. “Gracias a Dios no tenemos víctimas. No sabemos si los delincuentes fueron heridos o no”, agregó el jefe policial.

Los sospechosos abandonaron el automóvil en Villa Elisa y escaparon corriendo por un pasillo, aprovechando la oscuridad y la estructura de la zona.

Dentro del vehículo, los investigadores encontraron varias chapas presumiblemente utilizadas para cambiar la identificación del rodado y dificultar rastreos policiales.

En la nota, Domínguez sostuvo que el procesamiento contra directivos bancarios no puede presentarse como un “ataque a la libertad de prensa” y advirtió sobre el riesgo de utilizar ese argumento como una forma de “blindaje” frente a investigaciones judiciales.

El titular de la Conmebol recordó que asumió la conducción del organismo en 2016, tras el escándalo del FIFAGate, y afirmó que desde entonces impulsó una política de recuperación de fondos desviados por corrupción. Según indicó, logró recuperar más de USD 128 millones colaborando con las justicias de Estados Unidos, Suiza y Paraguay.

Domínguez remarcó que el caso judicial abierto contra Atlas se relaciona con supuestos hechos de lavado de dinero y no con publicaciones periodísticas. “¿Ser propietario de un diario exime de cualquier responsabilidad penal?”, cuestionó.

También planteó que el hecho de que el presidente de un banco sea esposo de la directora de un medio no convierte automáticamente una acusación penal en un caso de persecución contra la prensa. “Los procesados son ejecutivos bancarios, no periodistas”, dejó en claro.

El dirigente sostuvo además que el diario evita discutir el fondo de la acusación fiscal y opta por instalar un relato de persecución mediática. Según señaló, la Fiscalía cuenta con contundentes pruebas relacionadas con millonarios fideicomisos conformados a nombre de Nicolás Leoz, cuando este ya enfrentaba un pedido de extradición por corrupción desde Estados Unidos.

En otro tramo de la carta, Domínguez defendió su trayectoria vinculada al periodismo y aseguró que conoce de cerca la importancia de la libertad de expresión. Recordó que dirigió durante años medios como La Nación, Crónica, Radio 970 AM y Montecarlo FM, además de haber participado en organismos relacionados con la libertad de prensa dentro de la propia SIP.

Incluso afirmó que elaboró informes sobre la situación de la libertad de expresión en Paraguay y que su familia sufrió persecuciones durante etapas anteriores del país.

“La libertad de prensa y de expresión es un valor fundamental y por eso mismo es indispensable no banalizarla ni permitir que sea manipulada para truncar o torcer la labor de la Justicia”, señaló.

LA DISPUTA CON EL GRUPO ZUCCOLILLO

La respuesta de Domínguez surge luego de que ABC Color remitiera una nota a la SIP denunciando una supuesta estrategia de hostigamiento contra el grupo empresarial Zuccolillo.

Ante una carta enviada por Natalia Zuccolillo, la SIP había expresado preocupación por el caso, en respuesta. Su presidente, Pierre Manigault, advirtió que, de comprobarse irregularidades, podría tratarse de una “grave utilización de la justicia como mecanismo de presión” contra un medio de comunicación.

ACUSACIÓN FISCAL

A inicios del mes, la Fiscalía formuló acusación contra los directivos del banco Atlas por lavado de dinero y solicitó elevar el caso a juicio oral y público.

Miguel Ángel Zaldívar Silvera, Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte y Eduardo Queiroz fueron acusados como coautores del hecho punible de lavado de dinero.

Por su parte, José Miguel Páez Corvalán fue acusado como cómplice de lavado de dinero, María Clemencia Pérez de Leoz como autora del hecho punible de lavado y Nora Celia Leoz y María Celeste Leoz de Ribeiro como coautoras,

El 11 de febrero de 2016 fueron suscriptos en Asunción los contratos de fideicomiso de administración de valores por el fideicomitente Nicolás Leoz Almirón, el fiduciario Banco Atlas S.A.

El monto total de esos contratos ascendía a G. 23.014.526.050 y a USD. 2.160.791, conformados con certificados de depósitos de ahorro, constituidos en el Banco Atlas S.A., cuyos fondos provenían de actividades ilícitas realizadas por Nicolás Leoz Almirón, cuando se desempeñaba como presidente de la Conmebol.

De las cuentas de la Conmebol antes mencionadas, también fueron realizadas extracciones de fondos, en efectivo e injustificadas, que luego se depositaron en las cuentas de Nicolás Leoz, en el Banco Do Brasil. Así, sobre la base de estas operaciones, se pudo establecer que Nicolás Leoz ocasionó un perjuicio al patrimonio de la Conmebol cuantificado en el monto de USD 44.953.601, puesto que no existió una contraprestación por un valor equivalente o la cancelación de alguna obligación de la Conmebol, por ese monto.

Según la acusación fiscal, Atlas debió obtener información adicional sobre el cliente Nicolás Leoz (ocupación, volumen patrimonial, información disponible a través de bases de datos públicas, internet, otros; el carácter de la relación comercial y las razones de las transacciones intentadas o efectuadas). Además, se debía realizar una verificación in situ, para corroborar la existencia y la actividad del cliente, y así constatar la veracidad de las informaciones suministradas por éste. Si la entidad no realizaba la verificación, debía justificar por escrito en el legajo del cliente, los motivos fundados de tal decisión.

Los directivos de Atlas estaban obligados a efectuar el monitoreo constantemente del desarrollo de la relación comercial. Sin embargo, no aplicaron la debida diligencia ampliada en el año 2013 y en el 2016, al cliente Nicolás Leoz Almirón, pese a la existencia de prensa negativa y de un pedido de extradición en su contra, y los procedimientos llevados adelante en el marco de dicho proceso. Incluso en el año 2016, el propio Manual de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo del Banco Atlas S.A. establecía que ante el lanzamiento de cualquier nuevo producto y/o la modificación de sus características se debía realizar una evaluación de riesgo de LD/FT/FP.

Así, los directivos del Banco Atlas S.A., Miguel Ángel Zaldívar Silvera, Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte y Eduardo Queiroz García recibieron activos provenientes de la actividad ilícita desarrollada por Nicolás Leoz, y aprobaron el 04 de febrero de 2016, en la ciudad de Asunción, la celebración de los contratos de Fideicomiso.