Uno de los aspectos destacados de esta normativa es el fraccionamiento de las vacaciones, disponible a solicitud del trabajador.

De acuerdo con la normativa, el trabajador adquiere el derecho a disfrutar de sus vacaciones al cumplir un año de antigüedad en la empresa. La duración de las vacaciones se establece según los siguientes tramos:

•             Hasta 5 años de antigüedad: 12 días hábiles consecutivos.

•             Entre 5 y 10 años de antigüedad: 18 días hábiles consecutivos.

•             Más de 10 años de antigüedad: 30 días hábiles consecutivos.

Las vacaciones deben iniciar un día lunes o el siguiente día hábil si el lunes fuera feriado, y deben ser otorgadas dentro de los seis meses posteriores a que el trabajador las haya causado. Con el objetivo de permitir la adecuada planificación, el empleador debe comunicar al trabajador con al menos 15 días hábiles de antelación el periodo de disfrute de sus vacaciones. Si el trabajador realiza la solicitud, también debe comunicarlo con igual plazo de antelación. En ambos casos, la comunicación debe formalizarse por escrito.

En cuanto al fraccionamiento, la normativa permite dividir las vacaciones exclusivamente a pedido del trabajador, siempre que no sea inferior a seis días hábiles consecutivos. Este fraccionamiento no implica la renuncia al tiempo restante de vacaciones, sino que se basa en un acuerdo entre las partes, considerando el consentimiento del trabajador y las necesidades operativas del empleador.

Los trabajadores con derecho a 12 días de vacaciones pueden dividirlas en dos fracciones, mientras que aquellos con derechos a 18 o 30 días pueden hacerlo en hasta tres fracciones.

En relación con las remuneraciones, el pago correspondiente a las vacaciones debe realizarse antes de su disfrute. En caso de fraccionamiento, el pago se hará de manera proporcional a los días utilizados.

La normativa también permite la acumulación de vacaciones por hasta dos años, siempre a solicitud del trabajador y no por decisión unilateral del empleador. Además, se establece que las vacaciones solo pueden interrumpirse ante una necesidad urgente del empleador, debidamente comunicada al trabajador. Esta interrupción no afecta el derecho del trabajador a reanudar el tiempo restante de vacaciones.

Finalmente, se prohíbe expresamente utilizar permisos de otra índole en sustitución de las vacaciones, ya que ambos beneficios tienen distinta duración y finalidad.

Arévalos explicó que quitar la señalización sin una alternativa vial dejaría desprotegidos a los conductores que intentan cruzar la arteria, por lo que su directa remoción no puede ser posible.

“El problema central de la eliminación del semáforo es que hay que hacer necesariamente los retornos, o si no, no hay forma segura de que los vehículos crucen de un lado a otro”, señaló a la radio Ñanduti Arévalo, desestimando que la sola presencia de la Patrulla Caminera pueda suplir la infraestructura necesaria para regular el tránsito.

Al abordar la peligrosidad del tramo, el director jurídico enfatizó que la causa raíz de las tragedias no radica únicamente en la red semafórica, sino en la topografía del terreno.

Argumentó que la bajada del cerro presenta una pendiente bastante pronunciada que resulta riesgosa en cualquier parte del mundo, especialmente para aquellos vehículos que experimentan fallas mecánicas en los frenos al descender a alta velocidad.

Arévalo recordó que los percances fatales en el sector anteceden por mucho a la instalación del semáforo y al trágico siniestro de septiembre de 2024, haciendo referencia a graves antecedentes registrados en 2015 y 2017.

Destacó que el problema de fondo es el riesgo natural de la pendiente, el cual solo podrá mitigarse con la ejecución de soluciones de ingeniería vial integrales y los retornos de seguridad.

En un operativo desarrollado esta mañana en el Km 10 lado Acaray de Ciudad del Este, se logró desarticular una banda delictiva sindicada de cometer numerosos robos y asaltos en la zona de Alto Paraná.

Los detenidos son Patricio Vera Sánchez (35), César Ramón Alviso Duarte (42), Fabio Ramón Maidana Ortigoza (27) y Elvio Paiva Riveros (42). El primero contaba con una declaración de rebeldía por un caso de robo agravado.

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Según los datos que manejan los investigadores, estos sujetos son los mismos delincuentes que habían perpetrado un violento asalto domiciliario el pasado domingo, en una vivienda situada en el Km 11 Acaray.

En aquella oportunidad, asaltantes que vestían uniformes similares a los de la Policía Nacional irrumpieron en la propiedad de la familia y mantuvieron como rehenes a sus integrantes (incluyendo niños) durante varios minutos.

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Tras hurgar en todas las habitaciones, los autores se alzaron con la suma de G. 15 millones, no sin antes golpear y amenazar a los ocupantes del domicilio, momento que fue registrado por las cámaras de seguridad.

Al momento de su arresto, los sospechosos se preparaban para cometer un nuevo golpe, de acuerdo a lo manifestado por los responsables del procedimiento policial.

El Ministerio Público avanzó con nuevas diligencias en el marco de la investigación por el letal siniestro vial ocurrido el pasado 15 de agosto en el peligroso cruce Pedrozo, sobre la ruta PY02.

El agente fiscal Juan Manuel Ledesma Peralta, de la Unidad Penal n.° 2 de Itauguá, solicitó informes oficiales al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y a la concesionaria vial Rutas del Este S.A.

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La causa, caratulada preliminarmente como supuesto hecho punible de homicidio doloso, busca esclarecer las circunstancias alrededor del choque en el que estuvo involucrado un camión volquete.

En virtud del artículo 228 del Código Procesal Penal, las instituciones requeridas tienen un plazo perentorio de 72 horas para entregar toda la documentación requerida en formato físico ante la secretaría de la fiscalía. Los oficios exigen especificaciones técnicas de la vía y del historial de la zona.

Por este trágico suceso se encuentra imputado el conductor que iba al mando del camión de gran porte, sobre quien el Juzgado dictó la medida cautelar de prisión preventiva mientras avanza el proceso penal para determinar responsabilidades.

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