La arquitecta María Luz Cubilla, también expresidenta de la Asociación Paraguaya de Arquitectos (APAR), resaltó que es momento de un cambio de paradigma en el diseño y ejecución de proyectos, tanto públicos como privados. “Lo que diseñamos hoy será utilizado por varias generaciones. Por eso, es esencial apostar por materiales sostenibles, mantenimiento eficiente y responsabilidad ambiental (...) Todos somos guardianes de nuestro planeta”, afirmó.

En ese sentido, la profesional resaltó la importancia de espacios como Constructecnia, la Feria Internacional de Equipamientos, Maquinarias y Materiales para la Construcción, para fomentar la sostenibilidad y la innovación en el sector. Este evento, que se celebrará del 21 al 25 de mayo de 2025 en el Comité Olímpico Paraguayo, reúne a profesionales, empresas y marcas nacionales e internacionales, creando un punto de encuentro para compartir conocimientos, generar alianzas estratégicas y conocer las últimas tendencias en la construcción.

Cubilla sostuvo que hay que aprovechar el panorama alentador del rubro de la construcción para ir incorporando estos conceptos en el diseño de las obras civiles. Contó que si bien el 2024 fue un año de transición marcado por expectativas y ajustes tras la pandemia y el cambio de Gobierno, se proyecta un 2025 prometedor. El Fondo Monetario Internacional (FMI) posiciona a Paraguay como el país con mayor crecimiento económico en Sudamérica, con un aumento proyectado del PIB del 3,8% al 4% y el sector de la construcción será el tercer rubro de mayor dinamismo en el país, recordó la profesional.

La arquitecta señaló que factores como la reactivación de obras públicas —detenidas durante el cambio de gobierno— y la atracción de inversiones extranjeras fortalecen la proyección del sector. Sin embargo, insistió en que el crecimiento debe ir acompañado de criterios sostenibles y diseños innovadores que respondan a las demandas de la sociedad actual y futura.

Además, destacó la importancia de generar conciencia sobre la sostenibilidad en el sector de la construcción, tanto en el ámbito público como privado, para ofrecer mejores respuestas a la sociedad desde la arquitectura y la ingeniería.

También subrayó el rol de la normativa en la mejora de los proyectos de obras públicas. Citó la Ley N° 4727/12, que regula la realización de estudios de factibilidad, proyectos, construcción y fiscalización de obras oficiales. Su artículo 8 establece que todas las obras públicas deben someterse a un concurso de diseño previo. “Trabajamos y conseguimos la sanción de la ley (...) Esto no solo garantiza mejores diseños, sino también más transparencia y democratización en la concepción de los trabajos”, aseguró.

Finalmente, Cubilla instó a los profesionales de la construcción a adoptar un enfoque más integral en los proyectos, combinando innovación tecnológica, sostenibilidad y respeto por los roles específicos de cada disciplina. También enfatizó la necesidad de que las autoridades y la sociedad en general comprendan la importancia de estas medidas para mejorar nuestras ciudades.

“Tenemos mucha esperanza que el 2025 nos encuentre trabajando por todas las reivindicaciones que queremos, tanto para nuestro gremio como para beneficiar a la sociedad paraguaya y tener así las ciudades que nos merecemos”, puntualizó.

Se trata de un nuevo hito que refuerza los trabajos de la Facultad de Medicina de la UNA y el Hospital de Clínicas para con la salud pública, la formación médica y la mejora continua de los servicios de alta complejidad, siempre con la esperanza puesta en el valor de la donación como acto supremo de solidaridad por parte de los donantes y sus familias.

Entre la noche del miércoles 21 de mayo y la madrugada del jueves, se realizó el trasplante renal número 191 en pacientes adultos con donante cadavérico en el Hospital de Clínicas, centro asistencial y docente dependiente de la FCM–UNA.

Puede interesar: Presentan proyecto para equilibrar sistema de peajes en rutas nacionales

El receptor fue un paciente masculino de 50 años, oriundo de Villarrica del Espíritu Santo, quien se encontraba en tratamiento con diálisis peritoneal desde hace un año y un mes.

Este logro fue posible gracias al trabajo coordinado y dedicado de un amplio equipo de profesionales, y también al gesto invaluable de la familia del donante, cuya decisión solidaria permitió salvar y mejorar la calidad de vida de otros seres humanos.

Cabe mencionar que, el valor y la generosidad de estas familias son el pilar fundamental que hace posible cada trasplante, y merecen un profundo reconocimiento por su acto de amor y humanidad.

El inmueble en cuestión posee una superficie de 750 m2, inscripto con matricula N° 12.236 de la Recoleta, cuyo dominio figura a nombre de la demandada. El pedido realizado por el representante legal de Cabañas Melgarejo señala lo siguiente:

“El inmueble fue objeto de contrato privado de compraventa celebrado en fecha 30 de julio de 2024, sujeto posterior a una adenda del 18 de noviembre de 2024, mediante eso existe el compromiso de pagar el saldo de la suma de G. 240.494.258, de los cuales ya fue abonado la suma de G. 579.505.742, siendo la suma total de la compra venta de G. 820.000.000”.

Asimismo, "la formalización del contrato de compraventa fue realizada ante el notario y escribano público José María Livieres, de acuerdo al documento agregado al expediente judicial”, indica el escrito del accionante.

Igualmente refiere que “la vendedora se ha negado reiteradamente a firmar la escritura pública de transferencia incumpliendo su obligación contractual, específicamente por no gestionar el certificado de Cumplimiento Tributario, documento esencial para formalizar la transferencia de dominio. A pesar de los reiterados llamados y colacionados que fueron diligenciados en tiempo y forma, siempre la vendedora fue renuente a cumplir con lo pactado”.

Del mismo modo, el accionante sostuvo que “el motivo principal de solicitar la medida cautelar de urgencia obedece a que el día 9 de mayo de 2025, el notario y escribano José María Livieres recibió un llamado de la vendedora Diana Verónica Chamorro Lafarja, donde solicita el levantamiento de la condición de dominio del inmueble objeto de res-litis”.

Agrega además que “también se deja constancia que existe riesgo real e inminente de que la vendedora intente transferir, gravar, enajenar o alterar el inmueble en perjuicio de los derechos adquiridos por mi representado por lo que escrito mediante presentado a la jueza civil Magali Zavala se pide que se haga lugar a la medida cautelar para evitar que la vendedora del inmueble pretenda transferir a otra persona".

Según la exposición de motivos del proyecto, Paraguay cuenta con apenas 16 puestos de peaje a nivel nacional, lo que resulta claramente insuficiente para una gestión efectiva del mantenimiento vial.

En el documento se indica que la situación presenta contrastes extremos, en el entendimiento que algunas rutas, de gran extensión, carecen completamente de puestos de peaje, mientras que otras concentran múltiples puntos de cobro en distancias cortas, generando sobrecostos injustificados para los usuarios.

Como ejemplos de la desigualdad señalada, el documento cita la Ruta PY19 entre Villeta y Alberdi, que no cuenta con ningún puesto de peaje en más de 100 kilómetros, y la Ruta PY08 entre Cnel. Oviedo, Villarrica y Caazapá, que tampoco dispone de estaciones de cobro pese a su gran extensión.

En el extremo opuesto, departamentos como Cordillera (Emboscada) e Itapúa (Coronel Bogado), enfrentan el problema de peajes demasiado próximos entre sí, lo que genera costos diarios excesivos para la población local, según la justificación del proyecto.

En este aspecto, el documento señala que la recaudación anual de los 16 puestos de peaje existentes asciende, aproximadamente, a 20 millones de dólares, mientras que el MOPC necesita al menos 60 millones de dólares anuales para realizar, adecuadamente, los trabajos de mantenimiento y conservación de las redes viales bajo su responsabilidad.

Puede interesar: Mocipar: piden elevar a juicio oral causa por estafa millonaria

El proyecto establece cuatro criterios fundamentales para determinar las nuevas ubicaciones de los puestos de peaje: reubicación de estaciones cercanas a cascos urbanos; implementación de peajes en redes viales extensas sin cobro; reducción del impacto económico en comunidades con estaciones consecutivas; y evaluación de infraestructura disponible y necesidades de inversión.

La propuesta, por otro lado, fija parámetros técnicos específicos: 100 kilómetros de distancia mínima entre puestos de peaje; 20 kilómetros de distancia mínima entre cualquier estación y el casco urbano de un distrito; y 5 años como plazo máximo para completar la reorganización de todos los puestos existentes.

En cuanto a la innovación tecnológica, el proyecto contempla la modernización del sistema mediante la implementación de sistemas automatizados e inteligentes (telepeajes, arcos detectores), así como cobro mixto: efectivo y pago electrónico, además de uso de aplicaciones móviles y sistemas POS.