La iniciativa, que será ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), marca un avance significativo en la mejora de los servicios de salud en la Región Oriental.

De los fondos asignados, una parte será destinada a la construcción de la infraestructura hospitalaria acorde a estándares vigentes, mientras que el resto permitirá equipar el establecimiento con tecnología de última generación. A partir de aquí, el siguiente paso será realizar el lanzamiento de las convocatorias a licitación para la contratación de las firmas que estarán encargadas de la construcción y de la fiscalización de las obras.

El MOPC será el encargado de llevar adelante estos procesos, que se desarrollarán en los próximos meses, mientras que el MSPByS se hará cargo de la compra y disposición del equipamiento y mobiliario, con el objetivo de garantizar la plena operatividad del hospital al finalizar la construcción.

Este hospital tendrá una capacitad para atender a unas de 90.000 personas, incluyendo no solo al departamento de San Pedro, sino también a zonas aledañas, fortaleciendo los servicios secundarios y terciarios en el norte del país. Su diseño incluye 189 camas, con áreas destinadas a hospitalización y cuidados intensivos, además de consultorios para atención ambulatoria, boxes de urgencias diferenciados, servicios especializados como diálisis, además de Salas de Parto, Quirófanos entre otros. También contará con espacios complementarios para alojar a familiares y embarazadas, mediante la proyección y construcción de Albergue.

En línea con criterios de sostenibilidad, el proyecto incorporará tecnología avanzada, como sistemas de telemedicina y tele diagnósticos, que facilitarán servicios como ecografías, tomografías y electrocardiogramas. Además, se capacitará al personal médico para garantizar un uso eficiente de estos recursos.

La iniciativa busca cerrar brechas en el acceso a la salud, especialmente para comunidades vulnerables. Mejorará los servicios de salud sexual y reproductiva, la atención de enfermedades crónicas y embarazos de alto riesgo, y promoverá la inclusión de personas con discapacidad. También beneficiará a comunidades indígenas, alineándose con las normativas que protegen sus derechos.

La decisión fue adoptada por unanimidad mediante el Acuerdo y Sentencia N.º 129, firmado por los ministros María Carolina Llanes, Alberto Martínez Simón y Silvana Luraghi, quienes concluyeron que los recursos no cumplían con los requisitos legales de fundamentación y que, en algunos casos, fueron presentados fuera del plazo establecido.

Con esta resolución quedan definitivamente firmes las condenas impuestas en el juicio oral y posteriormente confirmadas por el Tribunal de Apelación Especializado.

El Ministerio Público informó que, durante la investigación y el juicio, los fiscales Rodrigo J. Espínola, Francisco Cabrera y Néstor Coronel demostraron la existencia de un esquema para desviar recursos públicos asignados a la Gobernación de Central con el objetivo de afrontar la emergencia sanitaria.

Según la acusación, los fondos fueron desviados mediante la utilización de documentos falsos, rendiciones de cuentas irregulares y la simulación de obras que nunca llegaron a ejecutarse.

Además de Hugo Javier González, también quedó firme la condena de 10 años de prisión para Miguel Ángel Robles Ibarra. En tanto, Javier Marcelo Rojas Giménez, Luis Eduardo Allende Araujo, Lourdes Verónica Lezcano Decoud y Modesta Valiente Escobar fueron condenados a dos años de prisión, con suspensión de la ejecución de la pena.

Con la resolución de la Corte Suprema concluye el proceso ordinario en una de las principales causas de corrupción relacionadas con el uso de recursos destinados a atender la emergencia sanitaria durante la pandemia del COVID-19.

La institución informó que el objetivo de la intervención es fortalecer la seguridad alimentaria de las familias en situación de vulnerabilidad, garantizando el acceso a alimentos esenciales y brindando una respuesta oportuna a las necesidades detectadas en estas comunidades.

En total, fueron distribuidos 130 kits de alimentos en la comunidad Jotoicha, 110 en San Miguel, 66 en Nasuc y 75 en San Ramón.

Asimismo, la SEN entregó 21 kits a Primavera 1, 22 a Primavera 2, 42 a San Pío, 35 a Trinidad, 30 a la comunidad San Pedro y 16 kits de alimentos a San Antonio.

Desde la institución señalaron que estas acciones forman parte de las intervenciones permanentes que se realizan en el Chaco para asistir a las poblaciones más vulnerables y garantizar el acompañamiento estatal ante las necesidades alimentarias.

La intervención estatal se activó tras la difusión de un video en redes sociales que alertó sobre la crítica situación en el barrio. Las imágenes mostraban a niños y adolescentes, principalmente varones de entre 10 y 15 años, portando y manipulando armas de fuego, presuntamente implicados en la comercialización de drogas.

Ante esta situación, el caso fue derivado de urgencia a la Fiscalía Ordinaria Penal para evaluar la responsabilidad de los padres por exposición al peligro, así como a la Fiscalía del Crimen Organizado y Tráfico.

Durante los procedimientos, las autoridades localizaron a seis niños cuyos padres también se dedicaban de forma directa a la venta de sustancias ilícitas.

Lourdes Fernández, directora de Protección del MINNA, advirtió que la utilización de menores en estas redes es una práctica común que los expone de manera directa al consumo de estupefacientes. La funcionaria señaló que, aunque el operativo resultó invasivo y generó temor en la comunidad, el análisis de las cámaras de vigilancia de la zona permitirá visibilizar los mecanismos de reclutamiento de estos niños.

Durante las revisiones en las viviendas, los agentes capturaron a varios padres en flagrancia mientras comercializaban drogas y se incautaron de diversos elementos cortopunzantes.

Respecto al destino de los niños cuyos padres resultaron detenidos, las autoridades informaron que se está evaluando el entorno de sus familias ampliadas. En paralelo, un defensor de la Niñez dispuso medidas de protección urgentes para que los menores sean trasladados y resguardados en los centros especializados con los que cuenta el MINNA