Esta iniciativa, fruto de la colaboración entre el sector privado y el gobierno, tiene como objetivo la reinserción social de los reclusos a través de trabajo remunerado y capacitación profesional.

El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, expresó su satisfacción por los logros alcanzados, destacando la creación de condiciones claras para generar fuentes de empleo dentro de las penitenciarías. Estos acuerdos no solo buscan la producción de artículos bajo el régimen de maquila, sino que también abren posibilidades para la exportación de productos.

Empresas en los centros penitenciarios

Varias empresas comenzaron a operar en los centros penitenciarios, beneficiando a hombres y mujeres privados de libertad.

Por un lado, Mega Plásticos, que fabrica batas hospitalarias, empleó a 27 mujeres en la penitenciaría de Juana M. de Lara y a 24 personas en Minga Guazú.
Luego, Dreamy International, especializada en la confección de ajuares para bebés, contrató a 16 reclusos en Ciudad del Este y a 18 mujeres en Minga Guazú.

Así también, River’s S.A., dedicada a la fabricación de remeras, empleó a 14 personas en Minga Guazú, mientras que Ñamopua Paraguay, con su industria de jeans, dio trabajo a 48 reclusos en la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza (UPIE). Doble A, por su parte, contrató a 30 reclusos en las penitenciarías del Buen Pastor y Coronel Oviedo para la fabricación de uniformes empresariales.

En la Casa del Buen Pastor, Creation of Orzel Paraguay introdujo la serigrafía, empleando a cinco mujeres privadas de libertad, mientras que Gráfica BR contrató a 10 mujeres en la misma sede para la fabricación de artículos de oficina. Telexpar S.R.L. también se sumó a la iniciativa, contratando a 12 personas en UPIE para producir artículos de oficina, bolsas y cartones.

Finalmente, New Matrix y Cortinería del Paraguay fabricaron alfombras y productos textiles con la ayuda de 33 reclusos en Juana M. de Lara y Minga Guazú, respectivamente.

Estas iniciativas buscan no solo mejorar la situación laboral de las personas privadas de libertad, sino también contribuir a su rehabilitación y reintegración a la sociedad.

El procedimiento se activó alrededor de las 03:40 a través de la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC), centro desde el cual se coordinó la respuesta en tiempo real mediante comunicación por frecuencia radial.

Al llegar a la vivienda, las fuerzas de seguridad verificaron la falla operativa provocada en el equipo técnico y trasladaron al sujeto para prevenir un posible riesgo de fuga. Posteriormente, especialistas del área técnica evaluaron el aparato, confirmaron que sufrió una manipulación voluntaria y redactaron el acta correspondiente para su elevación al ámbito judicial.

El hecho representa un ejemplo de la efectividad del programa de supervisión electrónica implementado en Paraguay desde diciembre de 2024 como parte de la modernización del sistema penal liderada por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial.

Este mecanismo tecnológico, monitoreado de forma permanente desde la sede del 911, permite rastrear perímetros de movimiento y emitir alertas inmediatas ante aperturas no autorizadas o vulneraciones de zonas restringidas.

La tecnología desplegada en el país contempla dos escenarios principales de aplicación: el control del cumplimiento de la prisión domiciliaria dentro de un espacio delimitado y el seguimiento estricto de órdenes de alejamiento en casos de violencia intrafamiliar.

Para esta última modalidad, la víctima cuenta con un dispositivo móvil provisto por la Policía Nacional que alerta de manera automática al centro de control cuando el agresor portador del brazalete quebranta el límite de distancia establecido.

Las actividades comenzaron formalmente en el Palacio de Gobierno con el tradicional izamiento del Pabellón Patrio y la entonación del Himno Nacional. La ceremonia institucional estuvo encabezada por el presidente de la República, Santiago Peña, junto a la primera dama Leticia Ocampos, el vicepresidente Pedro Alliana e integrantes del gabinete del Poder Ejecutivo.

Tras el acto inicial, las autoridades se trasladaron a la Costanera para presenciar el paso de 3.700 efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. La marcha incluyó a 3.000 integrantes del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el Comando Logístico, sumados a 700 agentes policiales.

Esta edición presentó además una novedad histórica: la participación por primera vez de ciudadanos que se encuentran cumpliendo el Servicio Militar Obligatorio dentro del Comando Logístico.

Las festividades integraron un marcado componente espiritual y de arraigo cultural en honor a Nuestra Señora de la Asunción, Santa Patrona y Mariscala de las Fuerzas Armadas. Como antesala a la jornada central, el viernes se inauguró y bendijo una imagen representativa de la Santa Patrona en la Costanera Norte.

Fundada en 1537 y reconocida históricamente como la “Madre de Ciudades”, la capital paraguaya reafirmó su rol central en la construcción política, social y cultural del país. Esta conmemoración adquiere un valor estratégico particular para la ciudad, que ya comienza a proyectar su agenda de desarrollo con miras a la celebración de su quinto centenario en el año 2037.

La denuncia fue presentada de manera presencial ante el director del recinto y el Consejo Asesor de la institución. Tras la alerta, los agentes procedieron a la inspección de la celda señalada, donde confiscaron un teléfono celular con su correspondiente tarjeta SIM y cargador, junto con una planchuela de hierro de aproximadamente 25 centímetros envuelta en tela.

Para verificar la denuncia, un miembro del Consejo Asesor realizó una llamada de prueba al número provisto por la víctima, logrando que el dispositivo incautado sonara al instante.

Ante la gravedad del hecho, las autoridades penitenciarias dispusieron el traslado preventivo del interno al Módulo N.º 8, bajo un régimen cerrado especial.

Los elementos incautados fueron elevados a las instancias administrativas y judiciales correspondientes para el inicio de las investigaciones pertinentes sobre la coacción denunciada.

Por su parte, el Ministerio de Justicia anunció la apertura inmediata de un sumario administrativo con el objetivo de determinar cómo ingresaron los objetos prohibidos al establecimiento. La investigación buscará identificar eventuales actos de complicidad por parte del personal penitenciario.