Durante la gestión de Mario Abdo Benítez, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) -bajo el mando de Arnoldo Wiens- acumuló una deuda superior a USD 350 millones con las constructoras, al seguir adjudicando proyectos a pesar de no tener presupuesto asignado.

En entrevista con el canal GEN, Guillermo Mas aclaró que parte de esa deuda ya fue saldada por la actual administración de Santiago Peña, pero que aún queda pendiente el desembolso de los intereses generados por los atrasos, lo cual ya fue dictaminado a favor por la Contraloría General de la República, institución que analizó si correspondía o no ese pago, de acuerdo con el entrevistado.

El ingeniero explicó que las constructoras completaron las obras con financiamiento propio, asumiendo costos financieros significativos. A pesar de que el actual gobierno saldó parte del capital adeudado, los intereses acumulados, estimados en USD 100 millones, aún no fueron honrados.

La deuda surgió debido a un manejo financiero negligente del Gobierno abdista al prometer el desembolso de dinero por las obras ejecutadas pero que finalmente incumplió. “En el gobierno anterior, uno realizaba la obra, presentaba los certificados, se iban pagando y se iban haciendo las obras. Sin embargo, llegó un momento, a los 3 años y medio (de la administración anterior), por el déficit fiscal, porque no había ingresos o no sé por qué motivo, dejaron de pagar las obras, pero los trabajos siguieron con la promesa del Gobierno, los empresarios se endeudaron pero nunca se cobró. Sí este Gobierno honró esa deuda”, detalló.

Mas denunció que muchas empresas enfrentan serios problemas financieros debido a esta deuda. “Muchas empresas están al borde de la quiebra. Los intereses golpearon fuerte, y los bancos y proveedores no dan tregua”, afirmó. Destacó que las obras realizadas, como puentes y carreteras, están generando riqueza para el país, pero las empresas aún no recibieron el pago correspondiente por los intereses, estipulado claramente en los contratos y en la Ley.

El informe de Contraloría también reveló que la administración de Wiens licitó obras sin la planificación financiera adecuada, lo que generó un déficit fiscal y dejó un pasivo significativo para el Estado. Este manejo irresponsable colocó a las constructoras en una posición vulnerable, obligándolas a financiar proyectos con la promesa de pago futuro.

“Nosotros actuamos de buena fe. No podemos saber si el Ministerio de Obras Públicas actuó de igual manera”, argumentó Mas al respecto.

El gremio constructor emitió un comunicado público exigiendo el pago inmediato de los intereses, respaldados por un dictamen favorable de Contraloría. Sin embargo, las negociaciones con el Ministerio de Economía se dilataron, lo que llevó a CAPACO a intensificar su reclamo.

El pedido fue presentado por el diputado colorado Edgar Olmedo, con el objetivo de contar con información oficial y detallada por parte de la Dirección Nacional de Migraciones respecto al marco normativo y los procedimientos aplicados en materia de naturalización de extranjeros, así como sobre los mecanismos de control y fiscalización implementados en los principales pasos fronterizos del país.

La iniciativa legislativa se fundamenta en la importancia que reviste la política migratoria para el interés público, la seguridad jurídica y la protección del ordenamiento institucional del Estado.

En ese sentido, se solicita al organismo competente remitir las disposiciones constitucionales y legales que regulan la adquisición de la nacionalidad paraguaya por naturalización, incluyendo los requisitos de residencia, conducta, medios de vida lícitos y demás condiciones probatorias exigidas por la normativa vigente.

Asimismo, se requiere información sobre el procedimiento administrativo o judicial aplicable para la obtención de la ciudadanía, así como los plazos mínimos de residencia continua que deben acreditarse previamente a la presentación de la solicitud correspondiente.

El requerimiento también abarca los procedimientos y la documentación exigida para el ingreso, salida y permanencia regular de extranjeros en el territorio nacional, conforme a la legislación migratoria vigente, incluyendo la obligatoriedad del registro de entrada y salida en los pasos fronterizos habilitados.

De igual manera, se solicita detallar los criterios de fiscalización aplicados en la zona fronteriza de Ciudad del Este, particularmente, en el Puente de la Amistad y otros pasos internacionales con el Brasil, especificando si existen procedimientos especiales relacionados con el tránsito vecinal fronterizo, regímenes de libre circulación o controles perimetrales.

El informe deberá incluir, además, los requisitos documentales y los plazos que deben cumplir los residentes permanentes antes de iniciar el trámite de solicitud de ciudadanía paraguaya, así como el régimen sancionatorio vigente para extranjeros que incumplan los plazos de permanencia legal en el país.

Finalmente, se requiere información sobre los mecanismos de coordinación existentes entre la autoridad migratoria y otras instituciones del Estado para el control efectivo en fronteras y pasos internacionales.

La propuesta establece un plazo de 15 días para la remisión del informe solicitado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 5453/15, “Que reglamenta el artículo 192 de la Constitución Nacional”, referente a los pedidos de informes del Poder Legislativo.

La cartera laboral recordó que el sistema de mediación constituye un mecanismo institucional destinado a facilitar la resolución de conflictos entre trabajadores y empleadores, garantizando un espacio de diálogo accesible y sin costo para las partes.

En este sentido, el MTESS enfatizó que los trabajadores no necesitan contar con un representante legal para participar en los procesos de mediación laboral, ya que este servicio es brindado directamente por la institución. Por lo tanto, no es obligatorio contratar abogados ni pagar honorarios para acceder a la mediación o para cobrar indemnizaciones o montos acordados entre las partes.

Asimismo, la institución informó que se ha tomado conocimiento de la presencia de personas que, en la puerta del organismo, ofrecen servicios profesionales a trabajadores que muchas veces desconocen el funcionamiento del proceso de mediación y son inducidos a contratar asesoramiento legal innecesario para un servicio que es gratuito.

El Ministerio advirtió que no tolerará prácticas abusivas ni maniobras que busquen aprovecharse de la necesidad o del desconocimiento de los trabajadores, e instó a la ciudadanía a denunciar de manera inmediata cualquier intento de presión, condicionamiento o cobro relacionado con estos servicios gratuitos que ofrece el Ministerio.

Finalmente, el MTESS reiteró que la gratuidad del servicio de mediación y el acceso efectivo a los mecanismos de resolución de conflictos laborales forman parte de las garantías que el Estado pone a disposición de los trabajadores para la protección de sus derechos.

Padres y madres de alumnos de la Escuela “Reino Unido y Gran Bretaña”, ubicada en la colonia Thompson de Ypané, acudieron a la Policía Nacional para formalizar una denuncia por un supuesto robo de dinero.

La acusación menciona la desaparición de G. 16.000.000, suma de dinero recaudada por la cooperadora escolar con el objetivo de adquirir nuevos aires acondicionados para la institución.

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El dinero se encontraba en poder de la tesorera de la ACE, de nombre Jazmín Milagros Delgado Valiente. La misma alegó haber sido víctima de un hurto el pasado viernes mientras se desplazaba en un ómnibus del transporte público.

“Al llegar a la ciudad, en un camino vecinal y estando el colectivo en movimiento, una persona saltó por la mochila que tenía en su regazo”, mencionó al canal Trece la Crio. Sonia Pavón, jefa de la Comisaría 40 Central.

En ese momento, la tesorera no dio aviso de lo ocurrido al chofer ni tampoco a los demás pasajeros, aguardando hasta salir a la ruta para descender del bus y allí comunicarse de manera telefónica con uno de los miembros de la ACE, quien fue a su encuentro y la acompañó a realizar la denuncia.

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Ese viernes coincidentemente debía realizarse la rendición del millonario monto para concretar la compra de los acondicionadores de aire, confirmó la jefa policial. Ya el día anterior al hecho, Delgado habría presentado excusas para no hacer entrega del dinero, según señalaron los denunciantes.

Los padres de familia se muestran escépticos en relación a la veracidad de la denuncia de robo y apuntan sus sospechas contra la tesorera, motivo por el que exigen la intervención de las autoridades.