En entrevista con la radio Universo, el Ing. Guillermo Mas explicó que las obras realizadas entre 2020 y 2022, financiadas con fondos locales, acumularon una deuda de USD 350 millones en capital. Aunque este monto fue saldado en su mayoría por el actual gobierno, quedaron pendientes los intereses por mora. “No estamos reclamando el capital, que ya fue abonado. Lo que exigimos son los intereses generados, reconocidos por ley y establecidos en los contratos”, indicó.

El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, cuestionó la tasa del 24% aplicada en algunos casos. Sin embargo, Mas aclaró que esta tasa no es arbitraria, sino que está basada en el promedio de tasas de consumo fijadas por el Banco Central del Paraguay (BCP). “No es una cifra inventada. El BCP envía mensualmente las tasas de referencia, que fluctúan según el período. Algunos meses fueron del 14%, otros alcanzaron el 24% debido a la inflación”, detalló.

El titular de Capaco destacó que la demora en el pago de estos intereses afecta especialmente a las pequeñas y medianas constructoras, que enfrentan problemas financieros y están al borde de la quiebra. “Estas empresas asumieron costos adicionales para terminar las obras y siguen lidiando con deudas en el sector financiero”, advirtió.

Mas aseguró que las constructoras están abiertas a dialogar con el Ministerio de Economía para alcanzar un acuerdo. Sin embargo, criticó la falta de respuesta oficial. “Esperábamos una propuesta concreta, pero no recibimos ninguna. Mientras tanto, las empresas continúan siendo presionadas por sus acreedores”, señaló.

Desde el gobierno se considera que el pago de intereses con recursos públicos debe ser evaluado cuidadosamente. En tanto que, Mas reiteró que el reclamo es legítimo y está amparado por la normativa vigente.

La agente fiscal Ruth Karina Benítez imputó por presunta manipulación de graficaciones técnicas y producción de documentos no auténticos a Ángel Pastor Almirón Acha (37).

Este sujeto es propietario del taller mecánico allanado en la noche del viernes en la ciudad de Minga Guazú, Alto Paraná, en el marco de una investigación por supuesta adulteración de chasis.

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Durante el procedimiento, los intervinientes hallaron diversos camiones de gran porte que tenían borrado el número de chasis original, aparentemente para poder revenderlos en el exterior.

Así también, se incautaron chapas vehiculares vinculadas a camiones robados en Brasil, que habrían sido reidentificados con documentación fraudulenta para su circulación en territorio paraguayo.

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La Fiscalía solicitó la prisión preventiva del dueño del taller, argumentando el riesgo de fuga y la posibilidad de obstrucción de la investigación debido a la ubicación fronteriza del caso.

Uno de los involucrados en este esquema sería Roberto Merardo Almirón Acha, conocido dirigente camionero y hermano del detenido, quien logró darse a la fuga previo a la intervención fiscal y policial. El mismo actualmente permanece prófugo de la justicia.

Tania Zárate y su esposo se dirigían al Hospital de Clínicas a bordo de su vehículo cuando tuvieron un roce accidental con un motociclista, al momento de esquivar un bache sobre la avenida Mariscal López.

“Escuchamos que se cayó y nos quedamos para asistirle. Como vimos que no tenía una herida grave, mi esposo le dijo que iba a entrar para dejarme en el hospital y luego volvía”, comentó la mujer en entrevista con C9N.

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Posteriormente, la pareja ingresó con su automóvil, un Mitsubishi Lancer GLX color gris, al estacionamiento del hospital, donde debían internar a su hijo de 5 años para ser sometido a una intervención quirúrgica.

En ese interín, el motociclista decidió seguir al rodado e ingresar al predio del nosocomio, donde amedrentó al automovilista con quien minutos antes tuvo el roce, pese a la promesa de ir junto a él después de dejar a su esposa e hijo.

En los minutos en que el conductor fue junto a su pareja dentro del hospital, esta persona -cuya identidad aún se desconoce- decidió provocar sendos destrozos a su automóvil que había quedado en el estacionamiento de Clínicas.

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“Una persona nos avisó que estaban rompiendo nuestro vehículo y, cuando vine, ya se había ido de acá”, afirmó Zárate. Su automóvil quedó con los vidrios completamente destruidos y los neumáticos pinchados, además de varias abolladuras en la carrocería.

La denuncia del hecho ya fue radicada ante la Policía Nacional y las víctimas ahora aguardan acceder a una copia del circuito cerrado del centro asistencial, de manera a tratar de identificar al responsable de los daños.

Dos niños de 12 y 14 años, respectivamente, anoche fueron víctimas de un atentado en la vía pública, específicamente en la calle Tte. Martínez del barrio San Blas de Limpio.

Estos menores se dirigían a la despensa cuando un personal militar, identificado como Gabriel Britez Ortigoza, de 40 años, efectuó algunos disparos en su contra.

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“Cuando pasaron corriendo, les salió el militar y les jugó un tiro con su arma de fuego. Después les siguió otra vez diciéndoles que se queden y les jugó otro tiro”, comentó al canal C9N el Suboficial Néstor Cubilla.

El acusado se desempeña como Suboficial de Sanidad del Departamento de Logística de Mariano Roque Alonso y utilizó su arma reglamentaria para efectuar estos disparos que, por fortuna, no lograron herir a los menores.

Al percatarse de lo ocurrido, un vecino de nombre Gustavo Sanabria decidió salir en auxilio de las víctimas, logrando sujetar al uniformado antes de que continúe disparando y evitando así una tragedia.

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Personal de la Comisaría 9na Central de Limpio, con apoyo de agentes del Grupo Lince, finalmente procedieron a la detención de Britez, quien previamente los amenazó con su arma. El mismo fue sometido a la prueba de alcotest, arrojando un resultado positivo de 1,151 mg/L.

En su poder incautaron un revólver calibre 357 con dos cartuchos percutidos y cuatro sin percutir, además de una pistola 9mm de la marca Radom, menciona el informe.