Los interesados en acceder a una de las 5 mil Becas de Gobierno deberán postularse hasta el viernes 3 de enero a través del siguiente link https://becasgobierno.gov.py/sgbc/, donde se puede acceder al formulario de postulación que deberá ser completado por cada postulante de manera electrónica.

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La Guía de Bases y Condiciones (GBC) de este proceso de selección detalla los beneficios económicos establecidos para los nuevos adjudicados.

Instan que, al momento de la inscripción, se tomen precauciones para que las informaciones y documentaciones registradas no contengan errores, principalmente los datos básicos como nombres y apellidos completos, número de cédula de identidad, correo electrónico y número de teléfono celular.

El correo electrónico asignado es becasgobiernodelpy@itaipu.gov.py , donde desde el momento de la postulación, las comunicaciones se realizarán por esa vía.

La convocatoria 2025 establece 4.500 becas para carreras universitarias y formación docente; mientras que 500 plazas se destinan a tecnicaturas. En caso de acceder a la ayuda académica, los estudiantes de instituciones públicas recibirán G 6.000.000, más otros G 6.000.000 si necesitan trasladarse a más de 50 kilómetros para estudiar.

Fuente: La Nación

Suman más irregularidades que habría presuntamente cometido el juez en lo civil y comercial de Asunción, Édgar Rivas, en el expediente caratulado “Ypyta SA Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores”, al firmar la transferencia de un valioso inmueble a favor de una persona que no tendría la solvencia económica para justificar la compra.

La abogada Patricia Rebo­llo, representante legal de Ypyta, señaló estar sorpren­dida por la actuación del juez Rivas sobre la firma del título de propiedad, debido a que el citado magistrado no ha intimado a la firma Ypyta ni al síndico de quiebras para realizar dicho acto. Rebollo señaló: “El hecho de que el juez no haya intimado a la firma Ypyta para poder firmar la transferencia del inmueble en litigio podría causar lesio­nes a los derechos procesales y lesiones a la propiedad que posee la empresa que repre­sento”. Fue tajante al aclarar que “todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio civil deben ser comunicadas a la firma Ypyta porque la misma fue rehabilitada legalmente”.

Documento de la transferencia de un valioso inmueble a favor de una persona que no tendría la solvencia económica para justificar la compra.FOTO: GENTILEZA

Añadió la profesional del derecho que “la firma Ypyta ha recuperado sus faculta­des procesales y legales al ser rehabilitada como empresa y, por ende, el magistrado Rivas tuvo que intimar a la firma para realizar el acto de titulación, pero no existe tal actuación en el expediente judicial, lo cual es grave”. Añadió: “Tampoco existe constancia en el expediente de la intimación o comunica­ción al síndico que hoy tiene intervención. Mínimamente se debió intimar a las partes sobre la titulación de la pro­piedad de Ypyta y eso no suce­dió”, sostuvo.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

La abogada Rebollo sostuvo que los fallos de primera y segunda instancia que auto­rizaron la venta irregular están pendientes de resolu­ción en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Jus­ticia. Los ministros de dicha sala deberán estudiar las vulneraciones de las garan­tías constitucionales que se han generado en las resolu­ciones judiciales atacadas en la máxima instancia judicial.

TERNADO PARA CAMARISTA

El criticado juez Édgar Rivas integra una terna para el cargo de miembro del Tribu­nal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala de la Capital, junto con el cama­rista Carlos Escobar y Amy Lezcano.

Sin embargo, el magistrado Rivas acumula severas críti­cas por fallos judiciales dic­tados presuntamente al mar­gen de la ley. En su momento, el juez Rivas ordenó el remate de la estancia Cielo Azul, per­teneciente al presunto nar­cotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca.

Las organizaciones señalaron que el peaje aplicado por Argentina, la nueva concesión de la Vía Navegable Troncal en territorio argentino y las iniciativas privadas relacionadas con el dragado y mantenimiento del río Paraguay deben analizarse de manera conjunta, ya que todas impactan sobre una misma cadena logística. Según sostienen, el objetivo debe ser preservar la competitividad del comercio exterior mediante decisiones sustentadas en criterios técnicos y económicos.

En ese contexto, los gremios manifestaron su inquietud por la intención de mantener durante al menos 25 años una tarifa de USD 1,30 por tonelada de registro neto en la nueva concesión del tramo argentino del río Paraná. Afirmaron que ese monto nunca fue considerado razonable por el sector y cuestionaron que aún no exista claridad sobre la relación entre la tarifa propuesta, las inversiones previstas y las mejoras que recibirán los usuarios.

Asimismo, advirtieron que la metodología utilizada para calcular esa tarifa podría generar un impacto desproporcionado sobre los convoyes de barcazas, afectando directamente la competitividad de productos paraguayos como la soja, la harina y el aceite, además de encarecer las importaciones de combustibles e insumos.

Respecto al río Paraguay, los gremios reconocieron los avances alcanzados por el Estado para mejorar la navegabilidad, aunque sostuvieron que las futuras obras deben basarse en evaluaciones técnicas y económicas transparentes, evitando inversiones sobredimensionadas o nuevas tarifas que no respondan a las necesidades reales de la vía fluvial.

El comunicado también cuestiona que un proyecto privado de concesión para el dragado y mantenimiento del río Paraguay haya obtenido una resolución favorable de prefactibilidad sin un proceso previo de información y consulta suficiente con los principales usuarios. En ese sentido, los gremios consideran indispensable conocer el alcance de las obras, el nivel de inversión, la metodología tarifaria y el impacto económico antes de avanzar con la iniciativa.

Finalmente, solicitaron que todas las decisiones relacionadas con las vías navegables comerciales sean adoptadas mediante procesos transparentes, con participación efectiva de los usuarios y mecanismos claros de rendición de cuentas. Además, reafirmaron su disposición a trabajar junto con las autoridades paraguayas y de los países involucrados para fortalecer la navegación sin comprometer la competitividad del comercio exterior.

La fiscal Teresa Sosa este martes encabezó la comitiva que se constituyó en las nuevas Oficinas de Gobierno, específicamente en la Dirección de Informática del MEC.

El objetivo de esta diligencia fue recabar mayores evidencias para elaborar un informe técnico, en el marco de la investigación abierta por la expedición y registro de cientos de títulos universitarios apócrifos.

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En entrevista con Universo 970 AM, la representante del Ministerio Público explicó que la finalidad es poder determinar cuáles fueron los usuarios que tomaron participación en el proceso de inscripción de títulos y certificados de estudio fraudulentos.

“Acá lo que se investiga es si es que estas personas estaban haciendo uso de un documento no auténtico. Ya sabemos que los certificados y documentos son falsos”, añadió Sosa.

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De momento, no supo precisar con certeza el número exacto de títulos que estarían en situación irregular y carecerían de autenticidad, aunque la cifra superaría los 500 diplomas falsos, de acuerdo a las estimaciones.

Los registros datan, incluso, del año 2000, por lo que este esquema tendría varias décadas operando en el MEC. La sospecha recae sobre funcionarios corruptos, ya que son los únicos con acceso autorizado para realizar estos registros en el sistema.