César Sosa, presidente del Consejo de Gobernadores y actual gobernador del Departamento de Guairá, se refirió a la auditoría realizada en las 17 Gobernaciones durante el 2023, ya los esfuerzos del Consejo para asegurar la transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos.

Al respecto, Sosa aclaró varias dudas planteadas por los medios de comunicación y por la ciudadanía sobre la gestión de las gobernaciones y los desafíos que enfrentan para cumplir con los estándares de fiscalización.

Destacó que, si bien la auditoría correspondiente al 2023 generó controversias, debido a información incorrecta difundida por algunos medios, su equipo ha trabajado arduamente para aclarar que la calificación de ese año no refleja la realidad del trabajo que se realizó desde la asunción de los gobernadores en agosto de 2023.

“Nosotros como gobernadores asumimos en agosto del 2023 y tuvimos solo cuatro meses para ejecutar el presupuesto. No tuvimos margen para cambiar el rumbo de lo que ya estaba planificado”, explicó Sosa en entrevista con Gen/Nación Media, al tiempo que resaltó que el proceso de fiscalización en este período de transición se limitó a la gestión del presupuesto asignado antes de su toma de posesión.

El gobernador enfatizó que la calificación del 2023 no reflejará las iniciativas y ajustes que los gobernadores están implementando para mejorar el sistema de control y la ejecución de proyectos. “Lo que se ha hecho en 2023 es muy limitado, pero estamos trabajando para que en 2024 se vea el verdadero impacto de nuestra gestión”, comentó.

En esa línea, el gobernador subrayó que la calificación para el 2024, que se realizará a finales de este año, reflejará el trabajo de las nuevas administraciones, con un enfoque en mejorar la transparencia y la eficiencia de los programas. Destacó que en los años anteriores no existían los controles internos que se están implementando ahora.

“Hoy, estamos organizando las direcciones y los recursos para cumplir con los estándares de transparencia que exigen la ciudadanía, que el presidente y el vicepresidente han confiado a cada uno de los 17 gobernadores”, señaló.

Así también, habló sobre el ambicioso programa “Hambre Cero”, implementado en 263 distritos, que busca garantizar el acceso a alimentos a más de un millón de niños a través de un sistema de distribución de desayuno, almuerzo y merienda escolar. Este proyecto es considerado como histórico, no solo por su impacto en la lucha contra la desnutrición, sino también porque coloca a Paraguay en el radar internacional.

Sin embargo, reconoció que el programa enfrenta desafíos significativos, especialmente en términos de infraestructura. A pesar de que se están tomando medidas para mejorar la calidad y la cobertura del sistema escolar, muchas escuelas carecen de los recursos básicos como agua potable, comedores adecuados y mobiliario escolar.

Explicó que, a partir de febrero de 2025, se implementarán auditorías concurrentes, no solo administrativas, sino también de control de calidad y de higiene de los alimentos distribuidos.

Por otro lado, Sosa se refirió a la creciente inversión en infraestructura y en la mejora de la seguridad en el país. En este sentido, destacó que el gobierno comenzó a destinar recursos para la adquisición de nuevas patrulleras, ambulancias y maquinaria para los departamentos.

“Nunca antes en la historia de Paraguay se invirtió tanto en infraestructura, no solo en educación, sino también en salud y seguridad”, afirmó. Además, subrayó el compromiso de mejorar los puestos de salud, particularmente los del Instituto de Previsión Social (IPS), para garantizar una cobertura adecuada en todo el país.

Sosa finalizó reafirmando el compromiso de los 17 gobernadores con la transparencia y el desarrollo sostenible. “A pesar de las críticas malintencionadas, estamos trabajando incansablemente para mejorar la gestión de nuestras gobernaciones y cumplir con las expectativas de la ciudadanía”, concluyó.

La habilitación oficial contó con la presencia del intendente de Asunción, Luis Bello; el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre; y el cardenal Adalberto Martínez, quien realizó la bendición del lugar.

El albergue funcionará diariamente en el Centro Comunitario San Jerónimo, en el horario de 18:00 a 09:00, ofreciendo un refugio seguro para quienes se encuentran expuestos a las bajas temperaturas.

Las personas que acudan al sitio recibirán abrigo, ropa limpia, cena y desayuno caliente, además de servicios de higiene personal, peluquería, barbería y acompañamiento social, como parte de una atención integral.

Asimismo, la comuna anunció que equipos municipales realizarán recorridos nocturnos por distintos sectores de la capital para identificar y trasladar al albergue a personas que se encuentren en situación de calle o expuestas al frío.

Durante el acto de apertura, las autoridades destacaron la importancia de brindar protección y asistencia a los sectores más vulnerables durante la temporada invernal, mediante acciones coordinadas de contención y acompañamiento.

La iniciativa, presentada por el senador José Oviedo, forma parte de una propuesta más amplia sobre promoción, protección y apoyo a la maternidad, la lactancia materna y la paternidad. Entre sus principales novedades figura la extensión del permiso para los padres tras el nacimiento de un hijo, además de una protección especial contra despidos por el plazo de un año.

Según los argumentos expuestos por el proyectista, la medida busca reducir la brecha existente en los costos de contratación entre hombres y mujeres, al tiempo de fomentar una distribución más equilibrada de las responsabilidades familiares. También apunta a fortalecer el vínculo entre padres e hijos durante los primeros días de vida y disminuir la carga de cuidados que suele recaer mayoritariamente sobre las mujeres.

Durante el análisis en comisión, se destacó que varios países avanzan hacia esquemas que otorgan mayores beneficios a los padres para incentivar una participación más activa en la crianza y acompañar los cambios en las dinámicas familiares.

Puede interesar: Primera ruta de hormigón del país supera los 14 kilómetros de pavimento ejecutado

No obstante, los legisladores coincidieron en la necesidad de evaluar el impacto que una medida de este tipo podría tener en Paraguay. Tanto la senadora Lilian Samaniego como la senadora Esperanza Martínez señalaron la importancia de considerar las condiciones económicas y sociales del país antes de avanzar con una normativa de este alcance.

Ante la necesidad de profundizar el estudio de la propuesta, la Comisión resolvió postergar la emisión de un dictamen y continuar analizando los fundamentos y alcances del proyecto.

La iniciativa modifica el artículo 100 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que actualmente exige la firma de ambos padres para que un menor pueda viajar al extranjero. Con el cambio propuesto, el consentimiento del progenitor incumplidor dejaría de ser un requisito en determinados casos.

La presidenta de la comisión asesora, la senadora Lizarella Valiente, explicó que el objetivo es agilizar trámites que suelen generar dificultades para el padre o madre que convive con el menor, especialmente cuando existe incumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Según detalló, la medida apunta principalmente a situaciones de padres separados en las que uno de los progenitores no cumple con la prestación alimentaria y se encuentra registrado oficialmente como deudor moroso. En esos casos, la autorización para el viaje podría concretarse sin necesidad de obtener su firma.

El proyecto fue analizado junto con representantes del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, la Dirección Nacional de Migraciones, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y organizaciones de la sociedad civil.

No obstante, las instituciones participantes coincidieron en la necesidad de establecer mecanismos de control que permitan mantener las garantías de protección de niños y adolescentes, evitando que la simplificación de los trámites afecte su seguridad o bienestar.

La propuesta continúa en estudio dentro del Senado y forma parte del debate sobre los alcances de la patria potestad, en particular cuando uno de los progenitores incumple obligaciones consideradas fundamentales para el cuidado y desarrollo de sus hijos.