“El presidente de la República, Santiago Peña, ha reconocido expresamente a Edmundo González Urrutia como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela, respetando la voluntad soberana del pueblo venezolano expresada en los comicios del pasado 28 de julio”, manifestó el canciller nacional a través de un comunicado leído este lunes.

Asimismo, el canciller anunció que el gobierno exigió al embajador Ricardo Capella y al personal diplomático venezolano acreditado en Paraguay, que abandonen el país en un plazo de 48 horas.

Cabe recordar que, Paraguay había restablecido sus relaciones diplomáticas con Venezuela en noviembre de 2023, como muestra de apoyo al proceso de restauración democrática en ese país, tras la firma del Acuerdo de Barbados en octubre de ese mismo año. Dicho acuerdo, suscrito entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro, tuvo el propósito de sentar las bases para garantizar elecciones libres y transparentes.

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A la espera del cumplimiento efectivo de los términos acordados y como muestra de buena fe, Paraguay designó un embajador concurrente ante Venezuela. Sin embargo, dado que los términos del acuerdo nunca fueron respetados por el régimen, el gobierno paraguayo no hizo efectiva la acreditación de su representante diplomático ante ese país.

Paraguay fue uno de los primeros en condenar las reiteradas violaciones del régimen de Nicolás Maduro a las garantías pactadas en el Acuerdo de Barbados. Al respecto, desde enero de 2024, el Gobierno Nacional emitió comunicados denunciando la proscripción de las candidaturas de líderes opositores, como María Corina Machado, a las elecciones previstas para julio de ese año.

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Igualmente, el Paraguay denunció la persecución política sistemática y el desprecio absoluto del régimen hacia las garantías electorales, exigiendo de manera categórica la total transparencia del proceso y la celebración de elecciones libres. Luego del pasado 28 de julio, el Paraguay no reconoció los resultados presentados por el régimen de Nicolás Maduro, debido a la falta de respaldo documental que sustente los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país, y a que las copias de las actas electorales presentadas por la oposición contradicen los mismos.

El canciller agregó que Paraguay aboga por una transición pacífica en la República Bolivariana de Venezuela el próximo 10 de enero.

El subcomisario Diego Carrillo, subjefe de la Comisaría 1ª de Asunción, informó que el caso se registró a las 03:00 de la madrugada del sábado, cuando Jonathan Vergara (31) atropelló la valla instalada sobre Paraguayo Independiente y 15 de Agosto.

Posteriormente, avanzó hacia Montevideo, pero fue altado en el siguiente retén sobre Ayolas, donde redujo la velocidad e intentó retomar hacia 15 de Agosto, donde fue rodeado por policías y militares del Palacio. En ese instante, bajó de la moto, extrajo un arma de su cintura, apuntó a los uniformados y luego se autoeliminó.

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“Se aplicó un disparo en el pecho, lado derecho, un solo disparo, cayó al pavimento aún con signos vitales, fue socorrido por la ambulancia hasta el Hospital Militar, donde minutos después se constató el deceso”, comentó el comisario, en un contacto con el canal Gen.

El suboficial de la Armada utilizó un arma particular, no la reglamentaria que le corresponde a su puesto. Se desconocen los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión.

Para tranquilidad de la Policía, todo el procedimiento quedó grabado en las cámaras de la zona. Las imágenes coinciden con el relato de los intervinientes y confirman que el agente de la Armada se autoeliminó.

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En respuesta al legislador Eduardo Nakayama, quien llamó a “hacer el vacío” en caso de que el oficialismo proponga a colorados para cubrir las vacancias de contralor y subcontralor, el presidente del Congreso, Basilio Núñez, recordó la situación judicial de los últimos elegidos de la oposición.

“De los últimos cinco contralores impulsados por la oposición, tres afrontaron procesos penales graves y fueron condenados”, resaltó.

Daniel Fretes Ventre (PLRA, 1995-2000): condenado en 2006 a 12 años de cárcel y multa millonaria por lavado de dinero y asociación criminal (caso UTCD, desvío de USD 16 millones). Absuelto luego por la Corte. Organizó una “máquina de lavar dinero”.

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Óscar Rubén Velázquez Gadea (UNACE/PLRA, 2010-2015): condenado a 4 años de cárcel (confirmado por Corte Suprema en 2021) por lesión de confianza en el caso “Secretaria VIP”.

José Enrique García Ávalos (Tercer Espacio, 2016-2019): condenado en 2023 (confirmado por la Corte en 2024) por producción de documentos no auténticos e instigación a un subordinado (caso Ivesur). Enfrentó múltiples causas por enriquecimiento ilícito y lavado.

“No se trata de copar la institución, sino de elegir a los mejores para fiscalizar con seriedad y recuperar la confianza ciudadana”, opinó Núñez.

Para el titular del Congreso, estos antecedentes recientes hacen que la institución pierda credibilidad; por lo tanto, se necesita un proceso de selección transparente, meritocrático y libre de colores.

El desconocimiento ciudadano y la improvisación de algunos uniformados convierten los controles en verdaderos dolores de cabeza, a pesar de que cada paso está rígidamente regulado en los papeles.

¿CÓMO DEBEN SER LAS BARRERAS POLICIALES?

La normativa paraguaya es clara, según la Resolución Nro. 1195/12 de la Comandancia de la Policía Nacional y el Código Procesal Penal, estos operativos no pueden realizarse de forma arbitraria y deben cumplir con protocolos específicos.

- Toda barrera debe ser comunicada al Ministerio Público con al menos seis horas de anticipación.

- El reglamento exige una estructura de al menos siete efectivos policiales, incluyendo un Oficial Superior como jefe de servicio, personal del orden y seguridad, y técnicos civiles.

- Para garantizar la seguridad de los conductores, la barrera debe ubicarse en lugares visibles y contar con elementos de señalización como conos reflectivos, patrulleras con balizas encendidas y luces si es de noche. El uso de silbatos y mangas reflectivas también es obligatorio para guiar el tránsito de forma segura.

EL TRATO AL CIUDADANO Y LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS

Al momento de detener un vehículo, el personal encargado del registro debe aproximarse con cautela y saludar con cortesía. El ciudadano tiene el deber de exhibir los siguientes documentos:

- Cédula de Identidad o Pasaporte.

- Documentos del vehículo.

- Licencia de conducir.

¿CUÁNDO PUEDEN REVISAR EL INTERIOR DEL VEHÍCULO?

Una de las dudas más frecuentes es sobre la inspección dentro del auto o del maletero. La ley establece que la Policía podrá realizar la requisa de un vehículo siempre que existan “motivos suficientes” para suponer que la persona oculta objetos relacionados a un hecho punible. La inspección no debe ser arbitraria. En caso de realizarse, debe hacerse en presencia de la persona responsable del vehículo y respetando la dignidad humana.

EL USO DE LA FUERZA: EL ÚLTIMO RECURSO.

El actuar policial debe regirse por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y oportunidad. El uso de la fuerza es el último recurso, tras agotar instancias de solución pacífica.

El Manual de Uso de la Fuerza prohíbe ciertas acciones en las barreras:

• Disparar hacia o desde vehículos en movimiento, salvo que exista un peligro inminente para la vida.
• Manejar armas de fuego fuera de las finalidades autorizadas por ley.
• Someter a las personas a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

DERECHOS DEL INTERVENIDO.

El ciudadano tiene derecho a que su integridad física y psíquica sean protegidas por el Estado, cualquier procedimiento que no se ajuste a esto queda estrictamente prohibido.