El último sábado se registró un nuevo intento de feminicidio en el distrito de San José de los Arroyos, departamento de Caaguazú, el cual tuvo como víctima a Ramona Belén Jiménez González (28).

La joven recibió un total de 30 puñaladas en diversas partes del cuerpo, las cuales fueron producidas por su expareja, Nelson Daniel Montiel Vera (29).

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El atacante llegó de manera sorpresiva a la casa de la mujer -a quien ya había atacado días atrás- y le propinó varias estocadas hasta dejarla malherida, tras lo cual se dio a la fuga.

Desde ese entonces, Montiel se encuentra prófugo de la justicia, por lo que la Policía Nacional inició un intenso trabajo de búsqueda por la zona.

Agentes del Departamento de Investigación de Delitos y del Grupo Especial de Operaciones (GEO), junto con personal de la comisaría jurisdiccional, llevan a cabo el rastrillaje en distintos sectores de la ciudad.

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Cabe recordar que el acusado ya fue imputado por violencia doméstica y tentativa de feminicidio, siendo emanada una orden de detención en su contra que, se esperea, pueda ejecutarse en las próximas horas.

Mientras tanto, la víctima sigue luchando por su vida en el Hospital del Trauma de Asunción, donde se encuentra internada en estado crítico.

El diputado liberal Adrián Vaesken planeó el pedido con el fin de conocer el impacto que tienen los amparos judiciales sobre los recursos públicos y determinar las causas que llevan a los pacientes a recurrir a la vía judicial para acceder a medicamentos, además de obtener información sobre el abastecimiento, las compras y las obligaciones pendientes con proveedores.

Entre los principales puntos, el documento solicita informar el monto total de dinero público ejecutado durante los últimos cinco años para la adquisición de medicamentos e insumos ordenados mediante amparos, discriminado por año, mes, tipo de patologías y medicamentos.

También requiere una relación detallada de los amparos judiciales presentados contra el Ministerio de Salud durante el mismo período, especificando el estado de cada proceso —en trámite, cumplido o incumplido— y el tiempo promedio transcurrido entre la notificación de la orden judicial y la provisión efectiva del medicamento.

Asimismo, se pide explicar “los motivos específicos que impiden al ministerio dar cumplimiento oportuno a las órdenes judiciales”, además de detallar las medidas implementadas para disminuir la necesidad de recurrir a la Justicia y reducir los tiempos de respuesta ante los amparos.

El proyecto también apunta a conocer la estrategia y el plan de acción de la cartera sanitaria para reducir las compras de medicamentos vía amparos, incluyendo las políticas de planificación de adquisiciones, los mecanismos de alerta temprana ante posibles desabastecimientos y la situación de las deudas con proveedores que pudieran afectar el normal suministro.

Stock de medicamentos y situación de proveedores

Otro de los requerimientos contempla un “Listado actualizado de medicamentos oncológicos y de alto costo que se encuentran con stock crítico o en falta en la red de servicios de salud del Ministerio”.

En cuanto a los proveedores, se solicita un listado nominal de todas las empresas farmacéuticas y proveedoras que mantuvieron contratos vigentes con el Ministerio de Salud en los últimos cinco años.

Para cada firma se requiere consignar la razón social y RUC, los montos facturados y percibidos, discriminados por año y tipo de medicamento o insumo, además de los números de licitación, contrato y orden de compra correspondientes.

También se deberá informar el estado actual de cada relación contractual, indicando si se encuentra vigente, suspendida, rescindida o finalizada.

El pedido incluye, además, información sobre empresas que, pese a contar con contratos vigentes u órdenes de compra emitidas, hayan interrumpido total o parcialmente la provisión de medicamentos e insumos.

En estos casos, se solicita precisar los productos afectados, la fecha aproximada de interrupción y los motivos alegados, como falta de pago, problemas de importación o conflictos judiciales.

El legislador solicita una relación detallada de las firmas proveedoras que hayan presentado protestas o impugnaciones contra los pliegos de licitaciones convocadas por el Ministerio de Salud, especificando los procesos afectados y el estado actual de cada impugnación.

Con este pedido de informes, la Cámara Baja busca contar con datos actualizados sobre el uso de recursos públicos, el abastecimiento de medicamentos y las dificultades que enfrenta el sistema sanitario para garantizar oportunamente el acceso a tratamientos, particularmente aquellos de alto costo.

La Municipalidad de Asunción acompaña el proceso de conformación de la primera cooperativa de recicladores de nuestro país, que aglutinará a más de 100 trabajadores vinculados a la recuperación de materiales reciclables.

En el marco de esta iniciativa, se vienen realizando una serie de reuniones con gancheros que trabajan en el Centro de Transferencia de Cateura (antiguo vertedero), a fin de explicarles los alcances de la propuesta.

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La organización no se limitará exclusivamente a quienes trabajan dentro del relleno sanitario de Cateura, ya que busca integrar también a los que desarrollan sus actividades en otros sectores de Asunción, como la zona de Blanco Cué.

De igual manera, podrán incorporarse familiares de los trabajadores, como esposas, esposos, hijos e hijas, con el objetivo de fortalecer la participación de los propios recicladores y garantizar un adecuado control social.

La cooperativa de recicladores apunta a mejorar la comercialización de materiales reciclables, acceder a precios más justos y fortalecer el reconocimiento de su aporte ambiental y social.

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La asamblea de constitución se realizará el próximo domingo 30 de agosto, con primera convocatoria a las 07:00 hs y la segunda convocatoria a las 08:00 hs.  Ese mismo día, a las 10:30 hs, se prevé un acto con la participación de autoridades e instituciones que acompañaron el proceso.

Para avanzar en la formalización, la comuna asuncena previamente cumplió los plazos establecidos por la normativa y comunicó la convocatoria al Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP), además de realizar la comunicación correspondiente a los interesados.

El Puente de la Integración, paso que une Presidente Franco con Foz de Yguazú, registró su primera gran intervención contra el narcotráfico. Fiscalizadores de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) incautaron un cargamento de 304 kilos de presunta marihuana ocultos en un compartimento de doble fondo.

El sistema detectó una anomalía en la estructura del techo del rodado, lo que motivó a los agentes a realizar una verificación minuciosa hasta dar con la carga ilícita distribuida en decenas de paquetes.

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Tras el hallazgo fue aprehendido el conductor, identificado como Fernando Andrés Delgado, oriundo de Curuguaty. Según los datos preliminares, el hombre atraviesa una complicada situación económica y aceptó la oferta de un conocido para realizar el viaje hasta Brasil por la suma de G. 500.000.

Delgado refirió que le entregaron el rodado cargado en el km 11 de Ciudad del Este bajo la promesa de que estaba “vacío” y que solo debía ir a Foz para buscar mercaderías, desconociendo por completo la existencia del doble fondo en el techo.

El vehículo, registrado a nombre de un tercero, quedó incautado y sujeto a las medidas correspondientes por parte de la Senabico, mientras que el detenido quedó a disposición del Ministerio Público.