Ejecutivo promulga la ley que unifica Catastro, Registros Públicos y otros entes

El presidente Santiago Peña promulgó la ley que crea el Registro Unificado Nacional, una nueva institución que fusiona las entidades que participan en los trámites de titulación de propiedades.

En el Palacio de López fue firmado el decreto de promulgación de la ley que crea el Registro Unificado Nacional (RUN), legislación sancionada el 17 de diciembre pasado por la Cámara de Diputados.

“Nos va a permitir tener una mayor seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra”, destacó Peña sobre la nueva entidad.

La legislación fusiona la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), el Servicio Nacional de Catastro (SNC) y el Departamento de Agrimensura y Geodesia en una sola institución que se llamará RUN.

El objetivo del Poder Ejecutivo es contar con un sólo trámite para las inscripciones de inmuebles y otros bienes, y dar respuesta a problemáticas de décadas como la superposición estimada de 300.000 hectáreas de tierras y la excesiva burocracia.

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La Dirección General de Catastro y Registro de Inmuebles es la dependencia del Registro Unificado Nacional que tiene a su cargo supervisar, coordinar y garantizar la correcta gestión y administración de los procedimientos relacionados con el catastro y registro de los bienes inmuebles en el territorio nacional.

La superposición de títulos inmobiliarios es la primera dificultad que pretende resolverse y que actualmente provoca que un inmueble tenga dos o más títulos.

El segundo, la complejidad de los trámites de las entidades que ahora pasarán a fusionarse y que hoy actúan por cuerdas separadas y obligan a los ciudadanos a pasar por múltiples trámites y oficinas.

La ley que crea el RUN prevé un plazo de vacatio legis (período que transcurre desde que se publica una norma hasta que entra en vigor, momento este que habitualmente viene establecido en la propia norma) a fin de que las entidades que serán integradas puedan empezar a armonizar sus funciones propias, y así tener un registro único que realmente funcione y sea eficiente.

Actualmente los procesos se cumplen por separado, Catastro, Geodesia y Registros Públicos, cada uno con sus plazos. Catastro puede llevar más de dos o tres meses, mientras que, el Poder Judicial, unos 30 días para dar entrada o salida para acabar la registración.

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Sin una vía de retorno, no es seguro retirar el semáforo de Pedrozo, advierte el MOPC

El director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), José Arévalo, sostuvo que la remoción del semáforo en el peligroso cruce de Pedrozo, en el KM 45, no puede realizarse de forma inmediata, ya que la medida requiere la construcción previa de obras de retorno para garantizar la seguridad vial en la zona.

Arévalos explicó que quitar la señalización sin una alternativa vial dejaría desprotegidos a los conductores que intentan cruzar la arteria, por lo que su directa remoción no puede ser posible.

“El problema central de la eliminación del semáforo es que hay que hacer necesariamente los retornos, o si no, no hay forma segura de que los vehículos crucen de un lado a otro”, señaló a la radio Ñanduti Arévalo, desestimando que la sola presencia de la Patrulla Caminera pueda suplir la infraestructura necesaria para regular el tránsito.

Al abordar la peligrosidad del tramo, el director jurídico enfatizó que la causa raíz de las tragedias no radica únicamente en la red semafórica, sino en la topografía del terreno.

Argumentó que la bajada del cerro presenta una pendiente bastante pronunciada que resulta riesgosa en cualquier parte del mundo, especialmente para aquellos vehículos que experimentan fallas mecánicas en los frenos al descender a alta velocidad.

Arévalo recordó que los percances fatales en el sector anteceden por mucho a la instalación del semáforo y al trágico siniestro de septiembre de 2024, haciendo referencia a graves antecedentes registrados en 2015 y 2017.

Destacó que el problema de fondo es el riesgo natural de la pendiente, el cual solo podrá mitigarse con la ejecución de soluciones de ingeniería vial integrales y los retornos de seguridad.

Falsos policías detenidos en CDE tomaron de rehén a una familia durante asalto

Los delincuentes detenidos en Ciudad del Este días atrás habían tomado de rehén a una familia, durante un asalto domiciliario. En aquel atraco, también vestían uniformes similares a los de la Policía.

En un operativo desarrollado esta mañana en el Km 10 lado Acaray de Ciudad del Este, se logró desarticular una banda delictiva sindicada de cometer numerosos robos y asaltos en la zona de Alto Paraná.

Los detenidos son Patricio Vera Sánchez (35), César Ramón Alviso Duarte (42), Fabio Ramón Maidana Ortigoza (27) y Elvio Paiva Riveros (42). El primero contaba con una declaración de rebeldía por un caso de robo agravado.

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Según los datos que manejan los investigadores, estos sujetos son los mismos delincuentes que habían perpetrado un violento asalto domiciliario el pasado domingo, en una vivienda situada en el Km 11 Acaray.

En aquella oportunidad, asaltantes que vestían uniformes similares a los de la Policía Nacional irrumpieron en la propiedad de la familia y mantuvieron como rehenes a sus integrantes (incluyendo niños) durante varios minutos.

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Tras hurgar en todas las habitaciones, los autores se alzaron con la suma de G. 15 millones, no sin antes golpear y amenazar a los ocupantes del domicilio, momento que fue registrado por las cámaras de seguridad.

Al momento de su arresto, los sospechosos se preparaban para cometer un nuevo golpe, de acuerdo a lo manifestado por los responsables del procedimiento policial.

Fiscalía exige datos clave al MOPC y Rutas del Este por el choque en Pedrozo

El fiscal Juan Manuel Ledesma dio un plazo de 72 horas para la entrega de documentos técnicos e informes sobre el trágico choque en el Km 45 de la ruta PY02.

El Ministerio Público avanzó con nuevas diligencias en el marco de la investigación por el letal siniestro vial ocurrido el pasado 15 de agosto en el peligroso cruce Pedrozo, sobre la ruta PY02.

El agente fiscal Juan Manuel Ledesma Peralta, de la Unidad Penal n.° 2 de Itauguá, solicitó informes oficiales al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y a la concesionaria vial Rutas del Este S.A.

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La causa, caratulada preliminarmente como supuesto hecho punible de homicidio doloso, busca esclarecer las circunstancias alrededor del choque en el que estuvo involucrado un camión volquete.

En virtud del artículo 228 del Código Procesal Penal, las instituciones requeridas tienen un plazo perentorio de 72 horas para entregar toda la documentación requerida en formato físico ante la secretaría de la fiscalía. Los oficios exigen especificaciones técnicas de la vía y del historial de la zona.

Por este trágico suceso se encuentra imputado el conductor que iba al mando del camión de gran porte, sobre quien el Juzgado dictó la medida cautelar de prisión preventiva mientras avanza el proceso penal para determinar responsabilidades.

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