Una pareja resultó gravemente herida tras lanzarse desde del balcón de su vivienda durante un violento asalto ocurrido en la madrugada del miércoles en el barrio La Blanca de Ciudad del Este.

Las víctimas son: Hugo Alejandro Von Glasenapp, de 47 años, y su pareja, Marcia Cristina de Magalhaes, de 44, ambos brasileños. La pareja habría llegado desde España para las fiestas de fin de año.

Según el informe policial, alrededor de la 01:50, unos cuatro delincuentes, que se desplazaban en dos motocicletas, forzaron el portón de la vivienda ubicada en la calle Río de Janeiro.

Al escuchar ruidos extraños, Von Glasenapp salió a verificar, y al observar a los delincuentes estacionados frente a su casa, decidió saltar desde el balcón en un intento por pedir ayuda. Su pareja, en un acto similar, también se lanzó, cayendo en la propiedad vecina. En consecuencia, ambos sufrieron lesiones al caer.

Mientras tanto, los asaltantes, que lograron ingresar a la vivienda, robaron un teléfono celular de alta gama, una billetera con documentos personales y una cantidad no especificada de dinero antes de huir del lugar. La pareja fue trasladada de urgencia al Hospital Regional de Ciudad del Este, donde recibió atención médica.

El hecho fue denunciado a través del sistema 911, pero según los afectados, los agentes de la comisaría 4ª tardaron en llegar al lugar. Para cuando los oficiales arribaron, los delincuentes ya se habían escapado, dejando en evidencia la frustración de los vecinos ante el aumento de la criminalidad en la zona.

Alrededor de las 05:00 hs se produjo el hallazgo de un cadáver en el Bloque U del Mercado Municipal de Abasto, ubicado en el barrio San Pablo de la capital.

Al sitio acudieron agentes de la Comisaría 16ª de Asunción, quienes fueron alertados por comerciantes sobre la localización de una persona sin signos vitales.

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Tras realizar la verificación de rigor, se constató la identidad de la víctima. Se trata de Gustavo Martínez Alfonzo, de 35 años, quien fue encontrado acostado boca arriba.

Aproximadamente una hora después, se reportó el hallazgo de otro cuerpo en el mismo centro comercial, específicamente en el sector del Bloque Q.

Una vez en el lugar indicado, los agentes policiales se percataron que se trataba de una mujer que, al igual que la víctima anterior, también se encontraba acostada boca arriba y sin signos de vida.

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La misma fue identificada como Mariela Asunción Escobar, de 33 años. Tanto ella como Martínez no contaban con domicilio fijo registrado, menciona el informe divulgado por Sucesos Paraguay.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial para la realización de la autopsia, a fin de determinar las causas exactas de la muerte de cada una de las víctimas.

Esta medida, impactará directamente en un esquema que beneficia a más de un millón de estudiantes en todo el país. Cabe mencionar que, solo en 2025, las compras a Mipymes alcanzaron un poco más de USD 20 millones, lo que ya superaba el 5% destinado para el año pasado, con alrededor de 600 empresas vinculadas, y más de 9.000 facturas emitidas.

El ajuste estratégico se concreta de cara al reciente inicio del año lectivo, con el objetivo de fortalecer el componente productivo y territorial del plan.

Con esto, el Estado amplía el acceso de estas unidades productivas a contratos públicos, facilitando su formalización, crecimiento y estabilidad financiera.

Los departamentos de Amambay, Canindeyú y Caaguazú registraron el mayor nivel de ejecución en compras a Mipymes durante 2025, consolidando el impacto territorial del programa. El modelo de compras inclusivas busca integrar a productores y emprendedores locales en la cadena de suministro, garantizando alimentos frescos y de calidad para los estudiantes, mientras dinamiza las economías regionales.

Desde el Viceministerio ya se iniciaron convocatorias para conectar a las Mipymes con las 25 empresas adjudicadas para la provisión del servicio.

El presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Paul Sarubbi, informó que del total adeudado unos US$ 250 millones corresponden a certificados de obras ya ejecutadas, mientras que cerca de US$ 110 millones son intereses acumulados por la mora.

Como alternativa para aliviar la situación financiera de las empresas, el Gobierno planteó el uso del mecanismo de factoraje financiero, mediante el cual las constructoras podrían vender sus certificados de obra a bancos de plaza para cobrar anticipadamente los montos pendientes. En ese esquema, las entidades bancarias compran las cuentas por cobrar, adelantan el pago a las empresas y luego cobran al Estado en un plazo establecido.

Desde el sector de la construcción señalan que, aun utilizando el factoraje, la obligación del Estado no desaparece, pues finalmente las instituciones públicas deberán cancelar los compromisos, ya sea pagando a las constructoras o a los bancos que adquieran los certificados.

Paul Sarubbi explicó que el gremio no se opone al mecanismo, siempre que los costos financieros no recaigan sobre las empresas. “Puede ser una opción. Es una herramienta que puede servir cuando el Estado tiene problemas de flujo (...) Pero lo que no puede pasar es que los intereses que se paguen por esa cesión de crédito sean absorbidos por las empresas”, afirmó.

Recordó que el mecanismo de factoring ya fue aplicado entre 2022 y 2023, cuando las constructoras cedieron certificados de obra a entidades financieras. En esa oportunidad, los intereses fueron descontados de los pagos y luego las empresas solicitaron al Estado la devolución de esos costos.

“En ese entonces los intereses se descontaban directamente de los certificados de obra. Uno cobraba solamente la diferencia, ya restando esos intereses por anticipado”, explicó. Detalló que dichos costos financieros acumulados son los que hoy explican los US$ 110 millones que el sector reclama por intereses.

“En nuestro rubro los márgenes son muy pequeños. Si el banco ya me descuenta de entrada la totalidad de los intereses, al final terminamos perdiendo. Por eso estamos de acuerdo gremialmente con la herramienta de factoraje, pero los intereses tienen que ser pagados directamente desde el Estado al ente financiador, los bancos”, sostuvo.

Además, a la deuda acumulada se suma un descalce presupuestario en obras públicas para este año. Según datos del sector, el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para infraestructura ronda los US$ 570 millones en 2026, mientras que las obras actualmente en ejecución podrían demandar entre US$ 700 millones y US$ 850 millones. Esto implica que, al pasivo acumulado de US$ 360 millones, se suma el riesgo de que la deuda siga creciendo si no se establece un plan de pagos.

En ese contexto, Sarubbi informó que se solicitó audiencia el viernes con el Gobierno, en busca de un plan de pago para los millonarios compromisos.